Vigésimo Quinto Informe Anual 2021

407 Pages·2022·8.874 MB·Spanish

by  Defensoría del Pueblo del Perú

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QUINTO
INFORME
ANUAL
2021
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Hecho el Depósito Legal en la
Biblioteca Nacional del Perú Nº 2022-04424,
Defensoría del Pueblo, mayo 2022
Vigésimo Quinto Informe Anual 2021
(Primera edición)
Defensor del Pueblo (e): Eliana Revollar Añaños
Comité editorial: Mario Atarama Cordero, Andrea Alvarez Tapia
Edición de textos: Fabrizio Tealdo Zazzali
Diseño e infografías: César Fernández (duckfacestudio.com)
Correción de estilo: Aníbal Gálvez Rivas
ÍNDICE
3

CAPÍTULO 1: LA DEFENSORÍA EN ACCIÓN: UNA VISIÓN DE CONJUNTO 9
1.1 Casos atendidos a nivel nacional 11
1.1.1. Casos por tipo según sede defensorial 12
1.1.2. Recurrentes por sede 13
1.2. Recepción de casos 14
1.3. Promoción y difusión de derechos 15
1.3.1 Estrategia para promover y difundir derechos 15
1.4. Acción itinerante Defensorial (AID) 16
1.4.1 Distritos con intervenciones de AID 16
1.4.2 Distritos visitados según grupos de pobreza 17
1.4.3. Atención de casos durante la acción itinerante 18
1.5. Información para el Fortalecimiento de las Instituciones democráticas 19
1.5.1. Instituciones más quejadas 19
1.5.2. Cumplimiento del deber de cooperación 21
1.5.3. Opinión sobre proyectos de ley e intervenciones en procesos judiciales 24
1.6. Estructura orgánica de la institución 25
CAPÍTULO 2: INTERVENCIONES DEFENSORIALES EN TEMAS PRIORIZADOS 29
2.1. Atención a personas y grupos en situación de vulnerabilidad 31
2.1.1. Derechos de las mujeres en su diversidad 31
21
2.1.2. Derechos de las niñas, niños y adolescentes 39 0
2
2.1.3. Derechos de las personas adultas mayores 50 Ú,
2.1.4. Derechos de las personas privadas de libertad 53 AL PER
2.1.5. Derechos de los pueblos indígenas 55 ANUO •
2.1.6. Movilidad humana internacional 66 ME BL
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2.1.7. Secuelas del periodo de violencia 1980-2000 69 RU
OP
2.1.8. Derechos de las personas defensoras de derechos humanos 71 NFEL
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2.1.9. Derechos de las personas LGTBI 74 O A
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2.1.10. Derechos de la población afroperuana 75 IO
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2.2. Supervisión para la eficacia en la prestación de los servicios públicos 77 MEF
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2.2.1. En defensa del derecho a la salud 77 SIA
2.2.2. En defensa del derecho a la educación 83 VIGÉDE L
4 2.3. Gestión del riesgo de desastre 90
2.2.1. Agua y saneamiento 92
2.2.2. Transporte y seguridad vial 95
2.2.3. Telecomunicaciones 100
2.2.4. Electricidad y gas natural 104
2.2.5.   Derecho a la identidad 107
2.2.6.   Protección de los derechos de los consumidores 109
2.3. Lucha contra la corrupción, transparencia, gestión descentralizada y acceso a la justicia 116
2.3.1. Ética pública y lucha contra la corrupción 116
2.3.2. Intervención en asuntos constitucionales 120

2.4. Supervisión del derecho a un ambiente sano 125
2.4.1 Acciones frente al avance significativo del cambio climático y la deforestación 125
2.4.2. Acciones para contribuir en la lucha frente a la mineria ilegal y
sus graves impactos ambientales 126
2.4.3. Acciones para proteger nuestros recursos hídricos 128
2.4.4. Acciones para mejorar la gestión y manejos de los residuos sólidos 129
2.4.5. Acciones para garantizar una adecuada calidad del aire 131
2.4.6 Supervisión de las medidas sanitarias dispuestas en mercados
de abastos y alrededores para prevenir la propagación del Covid-19 132
2.4.7. Urgencia de una atención integral a las personas expuestas
a metales pesados y otras sustancias químicas 133
2.4.8. Acciones para lograr proyectos de inversión sostenibles y conductas
empresariales responsables 134
2.5. Conflictividad social 137
2.5.1. Situación de conflictividad social 137
2.5.2. Conflictos sociales por tipo 139
2.5.3. Estado de los conflictos sociales 140
2.5.4. Atención de conflictos sociales por principal competencia de gobierno 140
2.5.5. Procesos de diálogo 141
2.5.6. Hechos de violencia 142
2.5.7. Protestas sociales 143
21
0 2.5.8. Investigaciones y diálogo con expertos 145
2
Ú, 2.5.9. Acciones defensoriales 146
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ANUO • CAPÍTULO 3: LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO EN LAS REGIONES 147
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RU 3.1. Acciones de las Oficinas y Módulos Defensoriales 149
OP
NFEL 3.1.1. Oficina Defensorial de Amazonas 149
ID
O A 3.1.2. Oficina Defensorial de Áncash 150
TÍ
NR
IO 3.1.3. Oficina Defensorial de Apurímac 152
U
S
QN 3.1.4. Oficina Defensorial de Arequipa 155
O E
MEF 3.1.5. Oficina Defensorial de Ayacucho 157
D
SIA 3.1.6. Oficina Defensorial de Cajamarca 161
VIGÉDE L 3.1.7. Oficina Defensorial del Callao 164
3.1.8. Oficina Defensorial de Cusco 165 5
3.1.9. Oficina Defensorial de Huancavelica 166
3.1.10. Oficina Defensorial de Huánuco 168
3.1.11. Oficina Defensorial de Ica 170
3.1.12. Oficina Defensorial de Junín 172
3.1.13. Oficina Defensorial de La Libertad 176
3.1.14. Oficina Defensorial de Lambayeque 177
3.1.15. Oficina Defensorial de Lima 178
3.1.16. Oficina Defensorial de Lima Este 179
3.1.17. Oficina Defensorial de Lima Norte 180
3.1.18. Oficina Defensorial de Lima Sur 181
3.1.19. Oficina Defensorial de Loreto 183
3.1.20. OficinaDefensorial de Madre de Dios 184
3.1.21. Oficina Defensorial de Moquegua 186
3.1.22. OficinaDefensorial de Pasco 187
3.1.23. OficinaDefensorial de Piura 188
3.1.24. OficinaDefensoriald e Puno 190
3.1.25. OficinaDefensorial de San Martín 192
3.1.26. Oficina Defensorial de Tacna 194
3.1.27. Oficina Defensorial de Tumbes 195
3.1.28. Oficina Defensorial de Ucayali 196
3.2. Deber de cooperación de la Administración Estatal con la Defensoría del Pueblo 198
CAPÍTULO 4: INFORMES DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO 203
4.1. Informes Especiales: Articulando al Estado para proteger a los
más vulnerables durante la emergencia sanitaria 205
4.2 Informe Defensorial 186º: Balance sobre la política pública contra
la violencia hacia las mujeres en el Perú (2015-2020) 262
4.3 Informes de Adjuntía 167
21
CAPÍTULO 5: INFORMES DE LOS MECANISMOS NACIONALES INDEPENDIENTES 0
2
VINCULADOS A LA ORGANIZACIÓN DE NACIONES UNIDASCIONIDAS 327 Ú,
AL PER
5.1. Informe del Mecanismo Independiente encargado de promover, proteger y supervisar ANUO •
la aplicación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad 329 ME BL
E
5.1.1.   Derecho a la educación inclusiva 329 RU
OP
5.1.2. Educación superior de las personas con discapacidad 331 NFEL
ID
5.1.3. Derecho a la salud mental 333 O A
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5.1.4. Derecho a la consulta 335 IO
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5.1.5. Derecho a un nivel de vida adecuada y protección social 336 QN
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5.1.6. Derecho de acceso a la justicia 338 MEF
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6 5.2. Informe del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y otros tratos
o penas crueles, inhumanos o degradantes 341
5.2.1. Mujeres privadas de libertad en establecimientos penitenciarios 341
5.2.2. Personas LGTBI privadas de libertad 342
5.2.3. Monitoreo de condiciones de privación de libertad en dependencias policiales 343
5.2.4. Adultos mayores privadas de libertad 343
5.2.5. Informe de seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones del Subcomité
para la prevención de la Tortura de la ONU relacionadas al COVID-19 344
5.2.6. Coordinación Interinstitucional 344
ANEXOS 345
1. Recursos humanos 347
2. Presupuesto institucional correspondiente al año fiscal 2021 350
3. Relaciones internacionales y cooperación internacional 353
4. Relación con los medios de comunicación 374
5. Opiniones sobre proyectos de ley para la defensa de los derechos 376
6. Intervención en procesos judiciales vinculados a la defensa de los derechos humanos 397
7. Resoluciones defensoriales 406
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PRESENTACIÓN 7
Durante el año 2021, la Defensoría del Pueblo cumplió 25 años desde que abrió sus puertas el año 1996 para
defender los derechos fundamentales, supervisar el cumplimiento de los deberes de la administración pública
y la prestación de servicios a la ciudadanía. En estos 25 años, la Defensoría del Pueblo ha tenido que intervenir
en casos y situaciones relacionados con periodos muy complejos de nuestra historia reciente, tales como las
consecuencias de la insania terrorista, la afectación de la institucionalidad democrática, la gran corrupción,
el incremento de casos de violencia contra las mujeres; además de la multiplicación de conflictos sociales,
la migración internacional, la pandemia del COVID-19 y la erosión del mérito como requisito para ejercer la
función pública.
No ha sido fácil bregar en esta tarea cuya demanda está varios pasos delante de los recursos dispo-
nibles; aun así, nos hemos asegurado de atender cada vez más casos y más ciudadanos hasta alcanzar los
156 320 casos y 141 860 ciudadanas y ciudadanos atendidos el 2021. Desde la creación de la institución,
nos han acompañado en esta labor cientos de profesionales, trabajadores/as que han dado su esfuerzo y
conocimientos para cumplir a cabalidad nuestro mandato constitucional, muchos de los cuales han enrique-
cido posteriormente los equipos técnicos de diferentes entidades públicas. A ellas y ellos nuestro más sincero
agradecimiento.
No podemos dejar de mencionar también a los hombres y a la mujer que han dirigido con acierto la
Defensoría del Pueblo hasta posicionarla como una de las instituciones con mayor aceptación y credibilidad
frente a la ciudadanía: Jorge Santistevan de Noriega, Walter Albán Peralta, Beatriz Merino Lucero, Eduardo
Vega Luna y Walter Gutiérrez Camacho. Con su liderazgo, la institución ha podido cumplir su misión constitu-
cional en tiempos turbulentos y con alta aceptación ciudadana.
Los principales hitos de la labor defensorial en estos 25 años han sido incorporados en el capítulo 5 del
Resumen Ejecutivo del presente Informe. En él se podrá revisar la posición institucional de defensa del dere-
cho a elecciones transparentes el año 2000; la intervención defensorial contra la discriminación de mujeres
embarazadas en los centros de formación de fuerzas armadas y policiales que concluyó con sentencia del
Tribunal Constitucional el año 2015; así como el camino recorrido para la creación del Programa Nacional
para la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar el 2019.
Asimismo, se puede evaluar brevemente el impacto del informe defensorial en materia pensionaria del
año 2008, que generó cambios positivos en la gestión de la Oficina de Normalización Previsional; el impulso
institucional para la aprobación del Plan Integral de Reparaciones para las víctimas de la violencia del año
21
2005, la Ley del plástico de un solo uso que entró en vigencia el 2018 o la Ley de urgencia para la detección 0
2
oportuna y atención integral del cáncer del niño y del adolescente del año 2020; entre otros hitos que resulta Ú,
oportuno relevar. AL PER
En el presente informe se encontrará, además, una revisión del accionar conjunto de la Defensoría del ANUO •
Pueblo en el capítulo 1, mientras que en el capítulo 2 se detallarán las intervenciones defensoriales en temas ME BL
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priorizados. El capítulo 3 se centra en los casos emblemáticos en regiones, seguido del capítulo 4 referido a los RU
OP
informes especiales e informes de adjuntía que tienen como objetivo articular al Estado para proteger a los NFEL
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más vulnerables. Los informes de los mecanismos nacionales e independientes vinculados a la Organización O A
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de Naciones Unidas se podrán ubicar en el capítulo 5. IO
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Volviendo al 2021, se han atendido las solicitudes de intervención de 71 204 mujeres, 70 656 hombres y QN
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1 401 organizaciones a nivel nacional. Además, 259 638 personas recibieron información sobre sus derechos MEF
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fundamentales. Para alcanzar a parte de dicha población se realizaron 423 acciones itinerantes en 479 distri- SIA
tos priorizados en atención a los niveles de pobreza de la población. VIGÉDE L
8 Asimismo, como en el año 2020, el presente informe se efectúa durante el estado de emergencia na-
cional correspondiente al período enero-diciembre del 2021, destacándose las atenciones de demandas de la
ciudadanía relacionadas con los derechos a la salud, educación y a la alimentación durante la pandemia; así
como las intervenciones determinadas por el incremento de los conflictos sociales, y de los casos de violencia
contra la mujer, el retorno a clases presenciales, el servicio de telecomunicaciones en el contexto del COVID-19
y el cuestionamiento a la idoneidad de los funcionarios públicos.
En lo que respecta al deber de colaboración de las entidades de los diferentes niveles de la gestión
pública, se logró una atención del 52.5% de las gestiones realizadas por oficio, dato no menor para una insti-
tución cuyo único poder reside en su autoridad ética y en su capacidad de persuadir a las entidades públicas.
Finalmente, solo queda reiterar el firme compromiso de la Defensoría del Pueblo y de su personal en la
defensa de su rol constitucional y de una visión del presente y el futuro que sean el correlato del ejercicio de
los derechos en un contexto cada vez más complejo y desafiante.
Eliana Revollar Añaños
Defensora del Pueblo (e)
Lima, mayo del 2022
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LA DEFENSORÍA
EN ACCIÓN: UNA VISIÓN
DE CONJUNTO