Artículo 2

396 Pages·2007·4.14 MB·Spanish

Universidad Interamericana de Puerto Rico
Facultad de Derecho
Revista de Estudios
Críticos del Derecho
(CLAVE)
Junta Editora:
Luis D. Méndez Cordero
Carlos Alá Santiago Rivera
Karin J. Robles Ramos
Revista de estudios CRítiCos del deReCho
univeRsidad inteRameRiCana de PueRto RiCo
FaCultad de deReCho
Tomo 2 2007 Núm.1
Junta editoRa
año aCadémiCo 2006-2007
Carlos Alá Santiago Rivera
Karin J. Robles Ramos
Luis D. Méndez Cordero
RedaCtoRes
PRimeR semestRe, año aCadémiCo 2006-2007
Iris A. Maldonado Rodriguez
Olga álavarez González
Luis A. Zayas Monge
Eric López Lloréns
Amexis J. Bonilla Nieves
Mislín Pérez Fernández
Laura M. Santana Mieres
Maribel Lorenzana Rondón
Neyza Román Rivera
ColaboRadoRes
Jimmy Peña Sánchez
Ing. Luis M. Leal Orantes
ConseJeRa aCadémiCa
Prof. Yanira Reyes Gil
Revista de Estudios Críticos del Derecho
Tomo 2 2007 Núm.1
Tabla de Contenido
Introducción: Perspectivas Comparativas de la Protección
de Menores en el Caribe......................................................iv
Junta Editora
Parte I: Artículos Temáticos
Artículo 1: Política Pública de Protección de Menores
en Puerto Rico: Evolución del Sistema de Pensiones de
Alimento.................................................................................1
Iris A. Maldonado Rodríguez
Artículo 2: Programa de Asistencia Temporal y Ayuda a
Familias con Niños Necesitados (AFNN) y el Derecho de
Alimentos.............................................................................41
Olga álvarez González
Artículo 3: Realidad de la Política Pública de Protección
de Menores en Cuba.............................................................65
Luis A. Zayas Monge
Artículo 4: Realidad de la Política Pública de Protección de
Menores en República Dominicana......................................95
Eric López LLoréns
Parte II: Artículos Generales
Artículo 5: Apoplejía del Saber: Análisis Crítico de UPR v
APPU, 136 D.P.R. 335 (1994)..........................................118
Carlos Alá Santiago Rivera
Artículo 6: Análisis Crítico del Sistema de Administración de
Personal del Sector Público................................................162

Karin J. Robles Ramos
Artículo 7: Globalización y Derechos Humanos en
Puerto Rico.........................................................................222
Amexis J. Bonilla Nieves
Artículo 8: Discrimen en el Empleo de las Personas con
“Síndrome Down”..............................................................246

Mislín A. Pérez Fernández
Artículo 9: Homogenización del Derecho
puertorriqueño....................................................................264
Laura M. Santana Mieres
Artículo 10: Inmigración en Estados Unidos: Fraudes y
Engaños..............................................................................283

Maribel Lorenzana Rondón
Artículo 11: Desaparición de la clase comerciante, una
mirada a la posible unificación del Código de Comercio y del
Código Civil.......................................................................319

Neyza Román Rivera
Documentos
Documento 1: A la Defensa de los árboles......................341
Jimmy Peña Sánchez
Documento 2: Influencia de la Constitución de la Confederación
de Naciones Iroqouis en la Constitución Norteamericana:
¿Cuán grande fue el plagio?...............................................359
Ing. Luis M. Leal Orantes
Apéndice
árboles Recomendados por el DRNA para Sembrarce en
áreas Urbanas....................................................................375
iv Revista de Estudios Críticos del Derecho Tomo 2
Introducción
Perspectivas Comparativas de la Protección de
Menores en el Caribe
Carlos Alá Santiago Rivera
Karin J. Robles Ramos
Luis D. Méndez Cordero

Éste es el segundo número de la Revista de Estudios
Críticos del Derecho correspondiente al 2007. En ésta se
incluyen los artículos elaborados por nuestros redactores en
el año académico 2006-2007. La misma ha resultado ser
un doble reto para nosotros durante el último año. Por un
lado, impulsamos una doble innovación en la revista para que
incluyera: (1) artículos unidos por un mismo hilo conductor
temático, además de los artículos generales y (2) defendimos
el desarrollo de una perspectiva comparada de los trabajos
con nuestro entorno regional caribeño. Ambos cometidos
los logramos, pero nos costo mucho trabajo porque la mitad
de los redactores renunció luego de distribuidas las tareas el
semestre pasado.
Por otro lado, incluimos el punto de vista de los actores
sociales que iban en cierta forma a ser parte del sujeto histórico
a ser criticado por nuestros artículos. En este caso particular,
la Administración para el Sustento de Menores (ASUME) del
Departamento de la Familia. Por esa razón, la Junta y los
redactores de la Revista celebramos una reunión con el Hon.
Alfonso Ramos Torres, Administrador de ASUME, y parte
de su equipo de trabajo, la Lcda. Jamilla Canario Morales
2007 Revista de Estudios Críticos del Derecho v
y Rosabel Padín Batista el 1ro de septiembre 2006. En ésta
se sentaron las bases para desarrollar el concepto de este
segundo número de la Revista. Posteriormente, compartimos
materiales, ideas y perspectivas. Nuestros actores sociales
invitados se comprometieron a redactar para publicación en
este número un artículo titulado “Mirada Institucional Crítica
a la Política Puertorriqueña de Protección del Estado a los
Menores”. Lamentablemente, esa iniciativa no se configuró.
Queremos sin embargo, agradecer al titular de ASUME y
su equipo de trabajo sus amabilidades y apoyo durante este
proceso.
Este número está dividido en tres partes. La primera
incluye cuatro artículos temáticos de fondo, escritos por igual
número de redactores valientes que aceptaron el reto que nos
impusimos. Dos de los artículos versan sobre la realidad en
Puerto Rico. Éstos son el de Iris A. Maldonado Rodríguez
“Política Pública de Protección de Menores en Puerto Rico:
Evolución del Sistema de Pensiones de Alimento” y el de
Olga álvarez González “Programa de Asistencia Temporal y
Ayuda a Familias con Niños Necesitados (AFNN) y el Derecho
de Alimentos.” Maldonado Rodríguez inicia su artículo con
una discusión sobre el concepto alimentos y nos recuerda
que su reclamo es piedra angular del derecho constitucional
a la vida, que en el caso específico de menores de edad,
este reclamo está revestido del más alto interés público y de
principios universalmente reconocidos de solidaridad humana
y derechos fundamentales del ser humano. La autora tiene
tres propósitos bien concretos en este artículo: (1) discutir
el trasfondo social e histórico del derecho de alimentos en
Puerto Rico; (2) evaluar la política pública adoptada por el
Estado al respecto; y (3) examinar la efectividad práctica de
los mecanismos adoptados por la Agencias concernidas para
cumplir con ésta política pública.
vi
Nos señala la autora que vivimos en la era de la
provisionalidad, donde todo se vuelve desechable incluyendo
las ideas y valores que sustentan el bienestar de la familia. Por
eso, justifica que el derecho alimentario sea un área de amplia
y rigurosa reglamentación por parte del Estado, alrededor del
poder de “parens patriae” que tiene en los casos de menores
de edad. En su artículo, discute la estructura legal del derecho
a alimentos según dispuestos varios artículos del Código Civil,
otras leyes y la jurisprudencia. Maldonado Rodríguez entiende
que la gestión en defensa de los menores está influenciada
grandemente por las determinaciones de nuestros tribunales.
La autora afirma, luego de identificar una serie extensa de
opiniones del Tribunal Supremo, que “el deber del Estado
tiene dos vertientes. La primera es la de velar que los padres
de hijos menores de edad o alimentantes le provean a éstos
de acuerdo a sus recursos económicos los medios necesarios
para su desarrollo físico, emocional e intelectual. La segunda
tiene que ver con el cómo va a procurar que las personas
responsables cumplan con su obligación de alimentar”.
Concluye su artículo con varias admoniciones sobre el
poder que tiene el Estado como fiscalizador del derecho de
alimentos. Ésta encuentra que es “terriblemente amplio”. Al
ser tan amplio, nos dice la autora, recae sobre éste un deber
irrenunciable y muy delicado. De forma sintética, discute la
autora, varias de las diferencias principales que existen entre los
dos modelos de guías para la determinación y modificación de
pensiones alimentarias. Las guías, argumenta, constituyen un
mecanismo loable pero deberían incorporar mecanismos que
hagan justicia a todas las partes involucradas en el conflicto.
De esta manera, podrían lograr el fin último de promover una
paternidad responsable. En su visión, no se trata únicamente
de cubrir necesidades económicas de los menores a corto plazo
sino de atender la amplia gama de necesidades básicas de
2007 Revista de Estudios Críticos del Derecho vii
supervivencia y desarrollo emocional para que en un mañana
sean los menores seres completos e integrales.
Su segunda admonición es que al establecer las pensiones
alimentarias no se deberían aplicar de manera matemática
y aislada a las necesidades emocionales de los menores.
Propone Maldonado Rodríguez un análisis y adjudicación
más completo, objetivo y equilibrado para que se tomen
en consideración las necesidades de los menores como los
recursos del padre alimentante, sin partir de la premisa que el
último tiene los medios para cumplir con su obligación y que
toda la evidencia que presente para sustentar lo contrario es
porque tiene la intención de evadir su responsabilidad. Estas
presunciones se inyectan a la ya complicada situación de la
familia y repercuten, según juicio de la autora, negativamente
en el bienestar de los menores que es lo que precisamente el
Estado quiere evitar. Se deben incluir otras consideraciones
de calidad de vida, incluyendo asegurar el derecho a la vida
que tiene el alimentante de manera que éste no se convierta en
un mero proveedor de alimentos, sino en un co-participante
activo en la vida de sus hijos.
Por su parte, álvarez González examina el Programa de
Asistencia Temporal y Ayuda a Familias con Niños Necesitados
(AFNN), específicamente su base histórica, sus fundamentos
legales, los requisitos de elegibilidad y sus características
e implicaciones jurídicas en el derecho de alimentos de
sus participantes. La autora, aborda el funcionamiento del
Programa y sus logros a través de programas de desarrollo
económico que facultan a los participantes con destrezas y
conocimientos dirigidos a lograr su independencia económica.
Nos aclara que éste surge a raíz de la Ley de Reconciliación de
Responsabilidad Personal y Oportunidad Laboral (PRWOA)
siendo una categoría de Asistencia Pública bajo la ley del
Seguro Social de Estados Unidos.
viii Revista de Estudios Críticos del Derecho Tomo 2
Este programa, argumenta la autora, busca eliminar la
dependencia económica gubernamental, estableciendo nuevas
condiciones y límites que revisten de temporalidad al disfrute
de ciertas ayudas de carácter público. En cierta forma,
representan una nueva cultura en los programas de asistencia
pública.
En su examen se describen y analizan críticamente los
requisitos de elegibilidad para los participantes. Nos señala,
álvarez González, la existencia de los siguientes criterios:
(i) ser un “niño necesitado”, (ii) cooperar en localizar a los
responsables de proveer los alimentos del niño y (iii) ceder el
derecho alimentario del niño. También comenta otros criterios
relacionados con las obligaciones de los beneficiarios con el
Programa.
La autora argumenta que existen limitaciones jurídicas
del programa sobre el derecho de alimentos. Sin embargo, le
parece interesante y esperanzador que realmente sus fondos
promuevan el desarrollo económico y social de las familias
participantes. Desde su punto de vista, el sistema de beneficios
de ayuda económica del Programa de Asistencia Temporal
resulta ser una opción viable para familias con menores que,
por irresponsabilidad en el incumplimiento con las pensiones
fijadas o incapacidad de alguno de los padres, no cuentan
con los medios necesarios de subsistencia y se encuentran
económicamente en desventaja.
Lamentablemente, concluye la autora, las cantidades
provistas no son muy altas, aunque los servicios de capacitación
vocacional que ofrecen son remedios efectivos y prácticos para
la vida de los participantes. El Programa, desde su punto de
vista, representa igualmente una alternativa muy positiva para
el Estado, cambiando la perspectiva de “estado benefactor”
y exigiendo responsabilidades a aquellos a quienes “ayuda”.