Violencia Sexual, Conflicto Armado y Justicia en Colombia

159 Pages·2015·6.84 MB·Spanish

Violencia Sexual,
Conflicto Armado
y CJusticia
en
Colombia

Violencia Sexual,
Conflicto Armado
yjusticia
en Colombia.
Corporación Sisma Mujer.
Calle 38 No. 8 -12, oficina502.
Bogotá-Colombia.
Telefax: (571) 2 88 05 36
[email protected]
Directora Ejecutiva:
Claudia Mejía Duque.
Coordinadora de la Investigación:
Claudia Cecilia Ramírez Cardona.
Equipo de Investigación:
Andrea González Rojas.
Constanza Clavijo Velasco.
Carmen Alicia Mestizo Castillo.
Belén Pérez González.
Diseño Editorial - Impresión:
TORREBLANCA-www.torrebIanca.com.co
Tabla de Contenido
Introducción 7
I. Contexto 11
1. Lo que se conoce. 12
2. De la judicialización de casos de violencia sexual en el
conflicto armado interno colombiano. 17
3. Modalidades de violencia sexual en el conflicto armado en Colombia. 20
II. Responsabilidad del Estado en los casos de violencia sexual en
el conflicto armado en Colombia 29
1. Tratados internacionales sobre Derechos Humanos. 30
2. Sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 33
3. Informes y Pronunciamientos de la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos. 36
III. El Tratamiento Legislativo 39
1. Delitos sexuales consagrados en el Código Penal colombiano. 41
2. La violencia sexual como crimen de guerra. 47
3. La violencia sexual como delito de lesa humanidad. 50
4. Los delitos de violencia sexual como genocidio. 61
5. Los delitos de violencia sexual como tortura. 65
6. La violencia sexual y los procedimientos especiales según
la Ley 975 de 2006. 69
IV. El Tratamiento Judicial 77
1. Procedimientos respetuosos y valoración de la prueba. 82
a. La revictimización 83
b. El consentimiento de la víctima como argumento de la defensa 86
2. Participación de las víctimas de los casos de violencia sexual
en los procesos penales. 92
V. Palabras Finales 97
101
Anexos
1
Introducción
«
Los delitos de violencia sexual han sido ocultados o minimizados, en muchos
casos aún al interior de las propias familias en las que suceden. Se trata de una
realidad difícil de aceptar, que involucra dolores del cuerpo y del alma -a veces
también para el agresor. Los organismos de administración de justicia del
Estado tienen frente a la violencia sexual una actitud tan ambigua como la
sociedad y la familia.
La atención a los delitos de violencia sexual durante los conflictos armados
resulta incómoda pero necesaria. Si bien es un hecho que los varones también
son víctimas de violencia sexual en los conflictos armados y que esta realidad
que permanece en la penumbra debe ser abordada como parte integral de la
problemática, la violencia sexual que se dirige hacia las mujeres tiene unas
connotaciones particulares, como expresión de una cultura discriminatoria
que tolera, permite y valida la violencia hacia las mujeres. En este contexto, la
violencia que ocurre contra la mujer tanto por el hecho de serlo como porque
la afecte de manera desproporcionada debido a condiciones particulares de
vulnerabilidad originadas en la discriminación histórica, amerita un abordaje
particular que es el que se propone este documento.
La academia, activistas de derechos humanos, feministas y personas
conscientes de que la verdad oficial sobre lo ocurrido tiene que ser alimentada
por las experiencias de todas las víctimas han propuesto el tema en diversos
espacios de discusión. La administración de justicia se ha visto concernida
principalmente en el ámbito de la justicia internacional a partir del derecho
internacional de los derechos humanos, y de la justicia penal Internacional.
Los avances de la Corte Penal Internacional en relación con la previsión de
responsabilidades individuales para quienes cometan crímenes de guerra, de
lesa humanidad y genocidio, sumados a la consideración de los delitos de
VIOLENCIA SEXUAL, CONFLICTO ARMADO Y JUSTICIA EN COLOMBIA
violencia sexual como parte de estos graves crímenes contra la humanidad,
ha facilitado en gran medida el abordaje de estos temas que, tal como eran
contemplados anteriormente, es decir exclusivamente a la luz de las
responsabilidades de los Estados, ofrecían un abordaje complejo. No ha
ocurrido así con el Derecho Internacional Humanitario, DIH, que ha alimentado
escasamente estos desarrollos. A su vez la evolución de los sistemas penales
internos en lo que respecta a la tipificación de delitos y su tratamiento
jurisprudencial sustenta los avances de la justicia frente a la violencia sexual
en los conflictos armados.
En Colombia, la mirada al tratamiento que la administración de justicia da a la
violencia sexual ocurrida durante el conflicto armado interno es
particularmente difícil pues estamos ante un conflicto presente. A la
indiferencia social frente al tema se suma el miedo. Las posibilidades de
denunciar la violencia sexual en el conflicto armado interno en el país, están
definitivamente determinadas por la ausencia de protección de las eventuales
víctimas ante actores armados que ejercen control territorial, bien sea político,
económico o militar.
No obstante las dificultades para documentar lo que ocurre permanentemente,
organizaciones de derechos humanos, organizaciones que trabajan con
víctimas, con poblaciones indígena y afrocolombiana, con jóvenes y niños y
niñas entre otros, han incorporado en sus agendas la temática de la violencia
sexual, especialmente contra las mujeres. Las organizaciones feministas y por
los derechos humanos de las mujeres nutren estas agendas, y realizan acciones
permanentes de documentación, incidencia y activismo que llaman la atención
sobre lo que ocurre a las mujeres en los conflictos armados internos y sobre la
necesidad de atender estos problemas como asuntos que conciernen a toda la
sociedad.
En el terreno de la administración de justicia el país ha realizado reformas
normativas que avanzan en la protección de las mujeres contra la violencia
sexual, tanto en términos de tipificación de conductas como en lo relativo a
establecimiento de sanciones; sin embargo no es posible reportar
repercusiones significativas en lo que respecta este tipo de afectación por la
grave impunidad en esta materia, tanto en lo que se denomina tiempos de paz
como de guerra.
8
Además de avanzar en la tipificación de las conductas, es necesario atender a
las prácticas judiciales, por medio de las que -en no pocos casos- se cierran las
puertas que han entreabierto los avances legislativos. Problemas recurrentes
en log procedimientos judiciales como generalizar la concepción de que no
existe una afectación específica para las mujeres, en términos de violencia,
que se ampara en una supuesta “neutralidad de la justicia” en la
“revictimización” de las denunciantes de violencia sexual, en la creencia de
que si se opone suficiente resistencia se puede evitar que ocurra el episodio de
violencia sexual. Estos prejuicios, entre otros, impiden a operadores/as de la
justicia percibir adecuadamente la especificidad del daño, así como la
necesidad de trato y protección particulares a las víctimas. En cuanto a la
violencia sexual en el conflicto armado, la impunidad es grave: indagaciones a
operadores/as de justicia muestran una creencia generalizada de que la
violencia sexual en el conflicto armado colombiano no existe o es mínima,
percepción que encuentra su justificación en la ausencia de denuncias.
A partir de un recuento sobre la ocurrencia de violencia sexual contra las
mujeres en el conflicto armado interno en Colombia, este documento propone
un mirada sobre la normatividad penal del país a la luz de la experiencia de
justiciabilidad en conflictos armados recientes y de los avances en el
cumplimiento de estándares internacionales, así como de las recomendaciones
de organismos internacionales de derechos humanos con el fin de brindar
herramientas para las víctimas, defensores/as, operadores/as de justicia y el
Estado para que en el ejercicio de la debida diligencia, avance en la prevención,
investigación, sanción, reparación y garantía de no repetición de tales hechos
a las mujeres víctimas de delitos de violencia sexual.
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