Restitución de tierras despojadas o abandonadas forzosamente por causa del conflicto armado en

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Restitución de tierras despojadas o abandonadas
forzosamente por causa del conflicto armado
en colombia y su relación con el ordenamiento
ambiental del territorio
Laura Juliana Santacoloma Méndez*
Resumen
La adopción de un marco jurídico para la paz en Colombia ha tenido diferentes
expresiones en los asuntos internos del país. Una de ellas es la reparación de las
víctimas, y, de manera particular, el derecho a la restitución jurídica y material de
los predios despojados u abandonados forzosamente pertenecientes a las víctimas
del conflicto armado.
En este marco, la posibilidad de la formalización del derecho de dominio y la
restitución material de predios ubicados en áreas con reglamentación ambiental
especial, en gran medida, dependen del régimen normativo que determinan las
limitaciones a los atributos de la propiedad. Por lo anterior, se analizarán dos tipos de
categorías de protección ambiental - Parques Naturales y Áreas de Reserva Forestal
establecidas en la Ley 2ª de 1959- en relación con las normas sobre restitución de tierras.
Palabras clave: Restitución de tierras, categorías de protección ambiental,
reservas forestales, parques naturales.
Fecha de recepción: 30 de junio de 2014 | Fecha de aprobación: 15 de octubre 2014
* Consultora e investigadora en asuntos jurídicos ambientales. Abogada de la Universidad
Nacional de Colombia, candidata a Maestra en Derecho en la Universidad de Palermo de Buenos
Aires, Argentina. [email protected].
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Abstract
The adoption of a legal framework for peace in Colombia has had different
expressions in the internal affairs of the country. One is the reparation of victims,
and, in particular, the right to legal and material restitution of robbed or forcibly
abandoned properties belonging to the victims of armed conflict.
In this context, the possibility of formalization of ownership rights and material
restitution of properties located in areas with special environmental regulations,
largely depends on the regulatory regime that determines the limitations to the
attributes of the property. Therefore, two types of categories of environmental
protection will be discussed - Parks and Natural Forest Reserve Areas established
by Law 2ª from 1959 - in relation to the rules on restitution of land.
Key words: Land restitution categories of environmental protection, forest
reserves, national parks.
8
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Introducción
Los más de 50 años de conflicto armado en Colombia han generado profundos
cambios en la sociedad, la política y la economía del país, todo lo cual se ve reflejado
en la evolución del ordenamiento jurídico en lo que respecta al desarrollo legislativo
de los derechos fundamentales. Puntualmente, el desplazamiento forzado es uno de
los principales fenómenos que han generado cambios sustanciales en las estructuras
sociales urbanas y rurales, el sistema de seguridad social, la política y, en general,
en todos aquellos aspectos en los cuales las víctimas aparecen como protagonistas
de un Estado por mucho tiempo indolente al conflicto armado.
Con la Sentencia T-025 de 2001,1 la Corte Constitucional colombiana marcó
un hito al declarar que el desplazamiento forzado era un “estado de cosas
inconstitucional”. Desde entonces, diferentes normas han tratado de recoger los
mecanismos de todo orden –económico, social, político, etc.- y nivel –nacional,
regional y local- que permitan superar esta problemática.
Así, luego de años e innumerables normas, actos administrativos y fallos
judiciales,2 el Congreso de la República de Colombia logró promulgar la Ley 1448
de 2011 “Por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral
9
1 “Varios elementos confirman la existencia de un estado de cosas inconstitucional respecto de
la situación de la población internamente desplazada. En primer lugar, la gravedad de la situación de
vulneración de derechos que enfrenta la población desplazada fue expresamente reconocida por
el mismo legislador al definir la condición de desplazado, y resaltar la violación masiva de múltiples
derechos. En segundo lugar, otro elemento que confirma la existencia de un estado de cosas
inconstitucional en materia de desplazamiento forzado, es el elevado volumen de acciones de tutela
presentadas por los desplazados para obtener las distintas ayudas y el incremento de las mismas. En
tercer lugar, los procesos acumulados en la presente acción de tutela, confirma ese estado de cosas
inconstitucional y señalan que la vulneración de los derechos afecta a buena parte de la población
desplazada, en múltiples lugares del territorio nacional y que las autoridades han omitido adoptar los
correctivos requeridos. En cuarto lugar, la continuación de la vulneración de tales derechos no es
imputable a una única entidad. En quinto lugar, la vulneración de los derechos de los desplazados
reposa en factores estructurales enunciados en el apartado 6 de esta providencia dentro de los cuales
se destaca la falta de correspondencia entre lo que dicen las normas y los medios para cumplirlas,
aspecto que adquiere una especial dimensión cuando se mira la insuficiencia de recursos dada la
evolución del problema de desplazamiento y se aprecia la magnitud del problema frente a la capacidad
institucional para responder oportuna y eficazmente a él. En conclusión, la Corte declarará formalmente
la existencia de un estado de cosas inconstitucional relativo a las condiciones de vida de la población
internamente desplazada. Por ello, tanto las autoridades nacionales como las territoriales, dentro de
la órbita de sus competencias, habrán de adoptar los correctivos que permitan superar tal estado
de cosas”. En: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2004/t-025-04.htm
2 Ver las sentencias C-178, C-228, C-578, C-580, C-695 y C-916 todas del 2002, las
sentencias C-004 y C-228 de 2003, la Sentencia C-014 de 2004, las sentencias C-928, C-979
y C-1154 de 2005, las sentencias C-047, C-370, C-454, y C-575 de 2006, la Sentencia C-209
de 2007 y la Sentencia C-1199 de 2008, entre otras.
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a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones”. Dicha
norma tiene la virtud de reconocer la existencia de un conflicto interno latente -hasta
ese entonces desconocido- y, además, de establecer las medidas específicas para
garantizar el goce efectivo de los derechos a la verdad, la justicia y la reparación
con garantía de no repetición concebidos de especial manera para las víctimas.
La reparación es un derecho fundamental, según lo manifestado por la Corte
Constitucional de Colombia, y su contenido material comprende diversos parámetros,3
3 “i) el reconocimiento expreso del derecho a la reparación del daño causado que le asiste a las
personas que han sido objeto de violaciones de derechos humanos, y de que por tanto éste es un
derecho internacional y constitucional de las víctimas, como en el caso del desplazamiento forzado;
(ii) el derecho a la reparación integral y las medidas que este derecho incluyese encuentran
regulados por el derecho internacional en todos sus aspectos: alcance, naturaleza, modalidades
y la determinación de los beneficiarios, aspectos que no pueden ser desconocidos y deben ser
respetados por los Estados obligados;
(iii) el derecho a la reparación de las víctimas es integral, en la medida en que se deben adoptar
distintas medidas determinadas no solo por la justicia distributiva sino también por la justicia
restaurativa, en cuanto se trata de la dignificación y restauración plena del goce efectivo de los
derechos fundamentales de las víctimas;
(iv) las obligaciones de reparación incluyen, en principio y de manera preferente, la restitución plena
(restitutio in integrum), que hace referencia al restablecimiento de la víctima a la situación anterior al
10 hecho de la violación, entendida ésta como una situación de garantía de sus derechos fundamentales,
y dentro de estas medidas se incluye la restitución de las tierras usurpadas o despojadas a las víctimas;
(v) de no ser posible tal restablecimiento pleno es procedente la compensación a través de medidas
como la indemnización pecuniaria por el daño causado;
(vi) la reparación integral incluye además de la restitución y de la compensación, una serie de
medidas tales como la rehabilitación, la satisfacción y garantías de no repetición. Así, el derecho a la
reparación integral supone el derecho a la restitución de los derechos y bienes jurídicos y materiales
de los cuales ha sido despojada la víctima; la indemnización de los perjuicios; la rehabilitación por el
daño causado; medidas simbólicas destinadas a la reivindicación de la memoria y de la dignidad de las
víctimas; así como medidas de no repetición para garantizar que las organizaciones que perpetraron
los crímenes investigados sean desmontadas y las estructuras que permitieron su comisión removidas,
a fin de evitar que las vulneraciones continuas, masivas y sistemáticas de derechos se repitan;
(vii) la reparación integral a las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos tiene tanto
una dimensión individual como colectiva;
(viii) en su dimensión individual la reparación incluye medidas tales como la restitución, la
indemnización y la readaptación o rehabilitación;
(ix) en su dimensión colectiva la reparación se obtiene también a través de medidas de satisfacción
y carácter simbólico o de medidas que se proyecten a la comunidad;
(x) una medida importante de reparación integral es el reconocimiento público del crimen cometido
y el reproche de tal actuación. En efecto, como ya lo ha reconocido la Corte, la víctima tiene derecho
a que los actos criminales sean reconocidos y a que su dignidad sea restaurada a partir del reproche
público de dichos actos. Por consiguiente, una manera de vulnerar de nuevo sus derechos, es la
actitud dirigida a desconocer, ocultar, mentir, minimizar o justificar los crímenes cometidos;
(xi) el derecho a la reparación desborda el campo de la reparación económica, e incluye además
de las medidas ya mencionadas, el derecho a la verdad y a que se haga justicia. En este sentido,
el derecho a la reparación incluye tanto medidas destinadas a la satisfacción de la verdad y de la
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entre los cuales se incluye la restitución.4 Al respecto, en la Sentencia C-715 de 2012,
el Alto Tribunal Constitucional definió las siguientes reglas:
(i) La restitución debe entenderse como el medio preferente y principal para la
reparación de las víctimas al ser un elemento esencial de la justicia restitutiva.
(ii) La restitución es un derecho en sí mismo y es independiente de que las víctimas
despojadas, usurpadas o que hayan abandonado forzadamente sus territorios
retornen o no de manera efectiva.
(iii) El Estado debe garantizar el acceso a una compensación o indemnización
adecuada para aquellos casos en que la restitución fuere materialmente imposible
o cuando la víctima de manera consciente y voluntaria optare por ello.
(iv) Las medidas de restitución deben respetar los derechos de terceros ocupantes de
buena fe quienes, de ser necesario, podrán acceder a medidas compensatorias.
(v) la restitución debe propender por el restablecimiento pleno de la víctima y
la devolución a su situación anterior a la violación en términos de garantía
de derechos; pero también por la garantía de no repetición en cuanto se
trasformen las causas estructurales que dieron origen al despojo, usurpación
o abandono de los bienes.
(vi) en caso de no ser posible la restitución plena, se deben adoptar medidas
compensatorias, que tengan en cuenta no solo los bienes muebles que no 11
memoria histórica, como medidas destinadas a que se haga justicia, se investigue y sancione a
los responsables. Por tanto, la Corte ha evidenciado el derecho a la reparación como un derecho
complejo, en cuanto se encuentra en una relación de conexidad e interdependencia con los derechos
a la verdad y a la justicia, de manera que no es posible garantizar la reparación sin verdad y sin justicia;
(xii) la reparación integral a las víctimas debe diferenciarse de la asistencia y servicios sociales y de la
ayuda humanitaria brindada por parte del Estado, de manera que éstos no pueden confundirse entre
sí, en razón a que difieren en su naturaleza, carácter y finalidad. Mientras que los servicios sociales
tienen su título en derechos sociales y se prestan de manera ordinaria con el fin de garantizar dichos
derechos sociales, prestacionales o políticas públicas relativas a derechos de vivienda, educación
y salud, y mientras la asistencia humanitaria la ofrece el Estado en caso de desastres; la reparación
en cambio, tiene como título la comisión de un ilícito, la ocurrencia de un daño antijurídico y la grave
vulneración de los derechos humanos, razón por la cual no se puede sustituirlas o asimilarlas, aunque
una misma entidad pública sea responsable de cumplir con esas funciones, so pena de vulnerar el
derecho a la reparación;
(xiii) la necesaria articulación y complementariedad de las distintas políticas públicas, pese a la
clara diferenciación que debe existir entre los servicios sociales del Estado, las acciones de atención
humanitaria y las medidas de reparación integral. De esta manera, el Estado debe garantizar todas las
medidas, tanto de atención como de reparación a la población desplazada, hasta el restablecimiento
total y goce efectivo de sus derechos”. Sentencia C- 715 de 2012. Corte Constitucional de Colombia.
En: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2012/c-715-12.htm#_ftnref22
4 El artículo 71 de la Ley 1448 de 2012 establece que la Restitución es “la realización de
medidas para el restablecimiento de la situación anterior a las violaciones contempladas en el
artículo 3° de la presente Ley”.
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se pudieron restituir, sino también todos los demás bienes para efectos de
indemnización como compensación por los daños ocasionados.
(vii) el derecho a la restitución de los bienes demanda del Estado un manejo integral
en el marco del respecto y garantía de los derechos humanos, constituyendo
un elemento fundamental de la justicia retributiva, siendo claramente un
mecanismo de reparación y un derecho en sí mismo, autónomo e independiente.
Conforme se cita, la Ley 1448 de 2011 estableció un proceso específico para
restituir jurídica y materialmente los bienes inmuebles a las víctimas que fueron
despojadas u obligadas a abandonarlos por causa del conflicto armado del país. Así
mismo, en dicha norma se definió qué se entiende por despojo y abandono de tierras:
Artículo 74. Despojo y abandono forzado de tierras. Se entiende por despojo
la acción por medio de la cual, aprovechándose de la situación de violencia, se
priva arbitrariamente a una persona de su propiedad, posesión u ocupación,
ya sea de hecho, mediante negocio jurídico, acto administrativo, sentencia, o
mediante la comisión de delitos asociados a la situación de violencia.
Se entiende por abandono forzado de tierras la situación temporal o
permanente a la que se ve abocada una persona forzada a desplazarse, razón
12 por la cual se ve impedida para ejercer la administración, explotación y
contacto directo con los predios que debió desatender en su desplazamiento
durante el periodo establecido en el artículo 75.
La perturbación de la posesión o el abandono del bien inmueble, con motivo
de la situación de violencia que obliga al desplazamiento forzado del
poseedor durante el período establecido en el artículo 75, no interrumpirá
el término de prescripción a su favor.
El despojo de la posesión del inmueble o el desplazamiento forzado del poseedor
durante el período establecido en el artículo 75 no interrumpirá el término de
usucapión exigido por la normativa. En el caso de haberse completado el plazo
de posesión exigido por la normativa, en el mismo proceso, se podrá presentar
la acción de declaración de pertenencia a favor del restablecido poseedor.
Si el despojo o el desplazamiento forzado perturbaron la explotación
económica de un baldío, para la adjudicación de su derecho de dominio a
favor del despojado no se tendrá en cuenta la duración de dicha explotación.
En estos casos el Magistrado deberá acoger el criterio sobre la Unidad
Agrícola Familiar como extensión máxima a titular y será ineficaz cualquier
adjudicación que exceda de esta extensión (...)
Para lo anterior, la Ley 1448 de 2011 concibió un proceso diferenciado para
la restitución de tierras, que consta de una etapa administrativa -para la cual se
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creó la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras
Despojadas -URT-, encargada de recopilar las pruebas y representar a la víctima-
y una etapa judicial –a cargo de una jurisdicción especial conformada por jueces
de única instancia y magistrados de Tribunales Superiores de Distrito, Sala Civil,
especializados en restitución de tierras-.
En el marco de dicho proceso, la etapa administrativa tiene como objeto
establecer si procede la inscripción en el “Registro de tierras despojadas y
abandonadas forzosamente” como requisito de procedibilidad para iniciar la acción
de restitución propiamente dicha, que tiene como objeto la protección jurídica
del derecho fundamental a la restitución, pero también la restitución jurídica,
formalización del derecho de dominio –cuando proceda- y la restitución material
del inmueble. Sin embargo, la Ley 1448 de 2011 establece que de no ser posible,
en subsidio procede la restitución por equivalente o la compensación.5
Debe tenerse en cuenta que el derecho a la restitución se predica únicamente
de las víctimas que ostentan las condiciones previstas en el artículo 75 de la Ley
1448 de 2011, la cual establece:
Artículo 75. Titulares del derecho a la restitución. Las personas que fueran
propietarias o poseedoras de predios, o explotadoras de baldíos cuya
propiedad se pretenda adquirir por adjudicación, que hayan sido despojadas 13
de estas o que se hayan visto obligadas a abandonarlas como consecuencia
directa e indirecta de los hechos que configuren las violaciones de que trata
el artículo 3º de la presente Ley, entre el 1º de enero de 1991 y el termino de
vigencia de la Ley, pueden solicitar la restitución jurídica y material de las
tierras despojadas o abandonadas forzadamente, en los términos establecidos
en este capítulo. (Subrayado fuera de texto)
Así mismo, en el artículo 97 de la misma Ley 1448 de 2011 se establecieron
tres causales por las cuales procede la compensación en especie:
Artículo 97. Compensaciones en especie y reubicación. Como pretensión
subsidiaria, el solicitante podrá pedir al Juez o Magistrado que como
compensación y con cargo a los recursos del Fondo de la Unidad Administrativa
Especial de Gestión de Tierras Despojadas, le entregue un bien inmueble de
similares características al despojado, en aquellos casos en que la restitución
material del bien sea imposible por alguna de las siguientes razones:
a. Por tratarse de un inmueble ubicado en una zona de alto riesgo o amenaza
de inundación, derrumbe, u otro desastre natural, conforme lo establecido
5 Artículo 72 de la Ley 1448 de 2011.
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por las autoridades estatales en la materia;
b. Por tratarse de un inmueble sobre el cual se presentaron despojos sucesivos,
y este hubiese sido restituido a otra víctima despojada de ese mismo bien;
c. Cuando dentro del proceso repose prueba que acredite que la restitución
jurídica y/o material del bien implicaría un riesgo para la vida o la integridad
personal del despojado o restituido, o de su familia.
d. Cuando se trate de un bien inmueble que haya sido destruido parcial o
totalmente y sea imposible su reconstrucción en condiciones similares a las
que tenía antes del despojo.
Actualmente existe una discusión sobre si estas causales son taxativas o meramente
enunciativas. Lo cierto es que, en la casuística propia de las decisiones judiciales, se
han identificado diferentes situaciones que no se enmarcan en las establecidas en el
artículo 97 citado, pero que hacen imposible a restitución jurídica y material de los
inmuebles. Lo anterior es evidente en el caso de los predios ubicados en algunas de las
categorías de protección y manejo ambiental, cuyas reglamentaciones expresamente
consagran prohibiciones que limitan los atributos de la propiedad.
El ordenamiento ambiental del territorio colombiano y las limitaciones propias de
las categorías de protección ambiental tienen un importante respaldo en el artículo
14 58 de la Constitución Política colombiana, el cual consagra que la propiedad tiene
una función social y ecológica, que implica obligaciones y limitaciones para los
propietarios según lo disponga el legislador. Al respecto la Corte Constitucional señaló:
[E]n la época actual, se ha producido una “ecologización” de la propiedad
privada, lo cual tiene notables consecuencias, ya que el propietario individual
no sólo debe respetar los derechos de los miembros de la sociedad de la cual
hace parte (función social de la propiedad) sino que incluso sus facultades
se ven limitadas por los derechos de quienes aún no han nacido, esto es, de
las generaciones futuras, conforme a la función ecológica de la propiedad y
a la idea del desarrollo sostenible. Por ello el ordenamiento puede imponer
incluso mayores restricciones a la apropiación de los recursos naturales o
a las facultades de los propietarios de los mismos, con lo cual la noción
misma de propiedad privada sufre importantes cambios. (…)
[E]sa necesaria reconceptualización del dominio privado sobre los recursos
naturales renovables a la luz de la Constitución ecológica no hace en
sí misma inconstitucional la apropiación privada de tales recursos, en
determinados casos y bajo ciertas condiciones, pues la Carta expresamente
reconoce la propiedad adquirida con arreglo a las leyes.6
6 Sentencia C-126 de 1998.
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El orden jurídico ambiental en Colombia establece diversas categorías de protección
ambiental, algunas de las cuales son consideradas áreas protegidas en los términos del
Convenio de Diversidad Biológica aprobado mediante la Ley 165 de 1994. A la luz de lo
señalado, se propone el estudio de dos categorías de protección y manejo ambiental que
pueden llegar a hacer imposible la restitución jurídica y material del mismo inmueble
solicitado en restitución, las cuales serán el objeto del presente análisis.
Para lo anterior, se debe tener en cuenta que en el análisis de las solicitudes de
restitución de tierras, se debe establecer si el solicitante tiene o no la condición de
víctima según lo dispuesto en el artículo 3° de la Ley 1448 de 2011. En el caso de que
la anterior respuesta sea afirmativa, debe evaluarse si procede la reparación jurídica
y material del predio a la luz de las normas civiles y ambientales con incidencia en
la materia; si no es posible que la víctima que tiene derecho a la restitución jurídica
pueda retornar a su predio, puede ordenarse la compensación en especie. Si la
víctima no es titular del derecho a la restitución en los términos arriba señalados,
existen otros mecanismos de reparación integral definidos en la Ley 1448 de 2011,
tales como indemnización, satisfacción, rehabilitación y garantías de no repetición.
Áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales
y Parques Naturales Regionales
15
Estas dos categorías de protección ambiental se consideran como las más
estrictas, toda vez que su destinación busca la preservación a perpetuidad de
éstas áreas, por lo cual solo son permitidas las actividades que no riñan con la
conservación, tales como ecoturismo, investigación científica, etc.
Áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales
La categoría de protección y manejo ambiental denominada Parques Nacionales
Naturales fue establecida en el artículo 13 de la Ley 2ª de 1959, con el objeto
de conservar la flora y fauna, así como las nieves perpetuas y los ecosistemas
circundantes.7 En esta categoría de protección, se prohibió la adjudicación de bienes
7 Ley 2ª de 1959. “Artículo 13. Con el objeto de conservar la flora y fauna nacionales, decláranse
"Parques Nacionales Naturales" aquellas zonas que el Gobierno Nacional, por intermedio del
Ministerio de Agricultura, previo concepto favorable de la Academia Colombiana de Ciencias
Exactas, Físicas y Naturales, delimite y reserve de manera especial, por medio de decretos, en
las distintas zonas del país y en sus distintos pisos térmicos, y en las cuales quedará prohibida
la adjudicación de baldíos, las ventas de tierras, la caza, la pesca y toda actividad industrial,
ganadera o agrícola, distinta a la del turismo o a aquellas que el Gobierno Nacional considere
convenientes para la conservación o embellecimiento de la zona. Dentro de estos parques pueden
crearse reservas integrales biológicas, en los casos en que ello se justifique a juicio del Ministerio
de Agricultura y de la Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales.
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baldíos de la Nación y la venta de tierras8 y, de igual manera, se determinó que por
su utilidad pública podría proceder la expropiación de propiedad particular.9 Sin
embargo, debe resaltarse que la propiedad privada constituida con anterioridad a la
declaratoria de un Parque Nacional Natural subsiste, por lo cual el dominio privado y
público pueden coexistir en las Áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales.
Con la expedición del Decreto-ley 2811 de 1974 -Código Nacional de Recursos
Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, CNRNR- se determinó
que los recursos naturales renovables pertenecen al Estado, sin perjuicio de los
derechos adquiridos por particulares de forma legítima.10 El Capítulo V de dicha
norma trata sobre la definición, objetivos de conservación, actividades permitidas y
prohibidas, competencias legales para reservar y alinderar las áreas que conforman
el Sistema de Parques Nacionales Naturales.
El Decreto 622 de 1977 reglamentó dicho Capítulo V y las Áreas del Sistema
de Parques. Específicamente, el artículo 10 dispuso que respecto de la propiedad
privada consolidada con anterioridad a la declaratoria del Parque Nacional Natural
“No se reconocerá el valor de las mejoras que se realicen dentro de las actuales
áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales después de la vigencia de este
Decreto, ni las que se hagan con posterioridad a la inclusión de un área dentro
del Sistema de Parques Nacionales Naturales” (Subrayado fuera de texto). En
16 consecuencia, en el marco del proceso de Restitución de Tierras, a las víctimas solo
se les podría reconocen las mejoras que realizaron en los predios antes de la entrada
en vigencia de dicho decreto o antes de la declaratoria del Parque Nacional Natural.
Posteriormente, la Constitución Política de Colombia actual fue promulgada en
el año 1991. En ella se consagraron alrededor de 35 disposiciones relacionadas con
el cuidado y la preservación del patrimonio natural y el ambiente sano. De manera
puntual, los Parques Nacionales Naturales adquirieron la calidad de inalienables,
imprescriptibles e inembargables, según lo señalado en el artículo 63. En desarrollo de
Parágrafo. Los nevados y las áreas que los circundan se declaran "Parques Nacionales
Naturales". El Instituto Geográfico "Agustín Codazzi", a solicitud del Ministerio de Agricultura,
establecerá los límites de estas áreas circundantes y elaborará los planos respectivos, así como
los de los otros Parques Nacionales Naturales que decrete el Gobierno Nacional en obedecimiento
de la presente Ley”. (Subrayado fuera de texto)
8 Ver Sentencia C- 189 de 2006, Corte Constitucional de Colombia.
9 Artículo 14 de la Ley 2ª de 1959.
10 Decreto- ley 2811 de 1974. “Artículo 4º.- Se reconocen los derechos adquiridos por
particulares con arreglo a la Ley sobre los elementos ambientales y los recursos naturales renovables.
En cuanto a su ejercicio, tales derechos estarán sujetos a las disposiciones de este Código. (…)
Artículo 42º. - Pertenecen a la nación los recursos naturales renovables y demás elementos
ambientales regulados por este Código que se encuentren dentro del territorio Nacional, sin
perjuicio de los derechos legítimamente adquiridos por particulares y de las normas especiales
sobre baldíos”.
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