república del ecuador instituto de altos estudios nacionales xxxi curso superior de seguridad

237 Pages·2010·1.14 MB·Spanish

REPÚBLICA DEL ECUADOR

INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS NACIONALES

XXXI CURSO SUPERIOR DE SEGURIDAD NACIONAL Y
DESARROLLO

(cid:8220)LA SEGURIDAD JURIDICA EN RELACIÓN AL DEBIDO
PROCESO JUDICIAL EN EL ECUADOR(cid:8221)

Tesis presentada como requisito para optar al Título de Máster en Seguridad
y Desarrollo con mención en Gestión Pública y Gerencia Empresarial
.

Autor: Lcdo. Fernando González Ortiz

Asesor: Econ. Víctor Hugo Calahorrano.

Quito, junio del 2004
ii

DEDICATORIA

A mis padres, quienes me han concedido la gran
oportunidad de la vida, porque son los virtuosos
forjadores de mi ser, porque son lo más grande
de este mundo, porque gracias a su infinito amor
se los debo todo lo que soy.
iii

AGRADECIMIENTO

Mi gratitud y agradecimiento para mis maestros,
quienes me impartieron su sabiduría, y, en
especial para mi Asesor de Tesis, Sr. Econ.
Víctor Hugo Calahorrano; para el Instituto de
Altos Estudios Nacionales, excelencia en la
educación superior.

A la Dirección Nacional de Rehabilitación
Social, por darme la oportunidad de ampliar los
horizontes de mis conocimientos y al Ab. Marlon
Ramos, mi dilecto amigo.
iv

ÍNDICE GENERAL DE LA TESIS

CONTENIDO Pág.

AGRADECIMIENTO i
DEDICATORIA ii
INTRODUCCIÓN 1

CAPITULO I

EL DEBIDO PROCESO.

1.1 Concepto. 8
1.2. Caracteres del Debido Proceso 28
1.3. Fines del Debido Proceso 43
1.4. Presunciones, Principios y Normas del Debido Proceso 51

CAPITULO II

VALIDEZ ESPACIAL Y VALORACIÓN JURÍDICA DEL DEBIDO
PROCESO COMO GARANTÍA DE SEGURIDAD JURÍDICA.

2.1. Principio de territorialidad. 65
2.2 Vigencia Jurídica en nuestra Carta Fundamental. 69
2.3. Vigencia Jurídica en nuestro Código Adjetivo Penal. 73
2.4. Valoración jurídica. 78
2.5. Aspectos de hecho. 81
2.6. Aspectos de Derecho. 83
2.7. Aspectos científicos. 86

CAPITULO III

EL DERECHO PROCESAL COMO FUNDAMENTO INDISPENSABLE
DEL DEBIDO PROCESO.

3.1. Concepto de Derecho Procesal. 89
3.2. Caracteres del Derecho Procesal 93
3.3. Fines del Derecho Procesal. 101
3.4. El Proceso Penal Acusatorio 105
3.4.1. Definición. 105
3.4.2. Fundamentos de la tendencia Acusatoria en el Procedimiento
v
Penal. 107
3.4.3. Finalidades del Sistema Procesal Penal Acusatorio. 113
3.4.4. Esquema del Sistema Procesal Penal Acusatorio. 120

CAPITULO IV

LA ORGANIZACIÓN JUDICIAL Y LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

4. La Función Judicial. 147
4.1. Breve análisis de la Ley Orgánica de la Función Judicial. 149
4.2. La Justicia. 152
4.2.1. Concepto de Justicia. 153
4.2.2. Fines de la Justicia. 155
4.2.3. La Administración de la Justicia en relación con el sistema
jurídico. 157
4.2.4. Problemas que afronta la justicia en el Ecuador. 161
4.2.5. Análisis de la concepción actual de la justicia como un valor
de seguridad o de inseguridad jurídica. 175
4.2.6. Necesidad de la reforma de la justicia. 178

CAPITULO V

REPERCUSIONES DE LA JUSTICIA EN EL ÁMBITO DE LA
EJECUCIÓN PENAL.

5.1. La Dirección Nacional de Rehabilitación Social 184
5.1.1. Fines de la ejecución penal. 184
5.1.2. Objetivos de la Rehabilitación Social. 191
5.2. Análisis de las medidas cautelares de carácter personal como un
valor de seguridad jurídica. 198
5.3. Análisis de la pena privativa de libertad. 202
5.4. El Preso sin sentencia. 204
5.5. Incidencia de la crisis de la justicia en el sistema penitenciario
ecuatoriano. 210

CAPITULO VI

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

6.1. Conclusiones 214
6.2. Recomendaciones 218

BIBLIOGRAFÍA 224
INTRODUCCIÓN

Las normas jurídicas son las condiciones bajo las cuales, los
hombres, considerados filosóficamente como entes, revestidos de
independencia y libertad, se concentraron en sociedad, fastidiados de
permanecer en una subsistencia en estado de beligerancia, de disputas
por el poder y de gozar, tal vez, de una libertad que resultaba ineficaz por
la incertidumbre de mantenerla y conservarla. Cada ente, por
consiguiente, sacrificó, ofrendó y otorgó una parte de esa libertad para
gozar del restante con seguridad y tranquilidad.

La adición de todas esas porciones de libertades sacrificadas por
cada ente, con miras al bien de cada individuo, constituye la soberanía de
una nación, por esa razón, es que, constitucionalmente, la soberanía
radica en el pueblo, siendo éste, consecuentemente, soberano, por ser
depositario y administrador legítimo de ella.

Pero no fue suficiente con formar un reservorio de libertades, sino
que constituyó un imperativo crear mecanismos para defenderla de las
usurpaciones particulares, de ciertas personas que tratan no solo de
sustraer del reservorio su parte de libertad que fue otorgada al bien
común, sino que su intención es apoderarse también de la de los demás.
Esto significa el quebrantamiento de un sistema de valores impuestos,
ocurridos por motivos múltiples, que empujan hacia el retorno del caos de
las leyes de la sociedad, lo cual equivale al perfil conductual antijurídico y
típico que implica una acción u omisión determinada, que dio como
resultado la necesidad de motivos sensibles que sirvan para desviar el
ánimo despótico de aquellas personas, cuya intención es causar daño a la
sociedad, alterando su orden y su paz social.
2

Esos motivos sensibles son las penas establecidas que están
dirigidas contra los infractores de las leyes.

Pero, para que la sociedad jurídicamente organizada pueda aplicar
el Ius Puniendi, es necesario la observancia de un procedimiento
adecuado y aceptado por la colectividad, que acoja los principios
inmanentes, permanentes y universalmente reconocidos, que responda a
las necesidades morales, sociales y jurídicas, cuyo objetivo sea la
consecución de la realización de la justicia, entendida ésta, como el
vínculo inexorable para mantener unidos los intereses públicos y
particulares, en contraposición al estado de insociabilidad.

La sociedad y el Estado existen para las personas con el objetivo
de garantizar su dignidad y su libertad; y, por lo tanto, los derechos
fundamentales del hombre se constituyen en preocupación de la
administración de justicia, la misma que se forja como un sistema
interrelacionado de elementos socio (cid:8211) jurídicos que interesan a todas las
fuerzas sociales que intervienen en el desarrollo de la sociedad.

En este contexto, la ley procesal, fundamentada en las normas
supremas de la Constitución Política del Estado, propone una
determinada organización de la actividad judicial, y por ello, el debido
proceso en materia penal se concibe como la sistematización de las
normas socialmente aceptadas, que establecen el marco legal que se
debe observar para la investigación y represión de los actos considerados
como conductas típicas, con el objeto de sancionar y aplicar el Ius
Puniendi del Estado como medida sancionadora al responsable de tal
comisión ilícita.
3
La Constitución Política del Estado, en su artículo 23, numerales 26
y 27, consagra como uno de los Derechos Civiles, que se encuentran
garantizados y reconocidos por el Estado a favor de las personas: (cid:8220)La
seguridad Jurídica(cid:8221) (1) y (cid:8220)El derecho al debido proceso y a una justicia sin
dilaciones(cid:8221) (2)

Estos dos elementos jurídicos determinan el diseño de un nuevo
modelo procesal penal que trata de armonizar el mandato constitucional
con la materia adjetiva penal, dando lugar al sistema acusatorio, el mismo
que contiene una importante transformación que es precisamente el
establecimiento del sistema oral, plasmado en el Código de
Procedimiento Penal vigente desde el 13 de julio del 2001, lo cual
desvaneció al sistema inquisitivo consagrado en el Código de
Procedimiento Penal anterior.

Sin embargo, la práctica jurídica y judicial presenta un enorme
abismo que fractura a la justicia, y es que, a pesar de todo intento de
modernización de este valor, en su institucionalidad, se ha originado
ciertas ambigüedades que se convierten en la vertiente del desconcierto
jurídico que recae sobre la administración de justicia.

El sistema jurídico penal, sustantivo y adjetivo, incide directamente
en el sistema ejecutivo penal, por cuanto se encuentra expuesta la
libertad individual de las personas, bien jurídico que en el recurrir de los
tiempos y aún en la actualidad ha sido atropellado, denigrando de esta
manera la dignidad humana, en tanto en cuanto ha sido relegada una
auténtica administración de justicia, motivando increíbles regresiones

1 Constitución Política del Estado, Art. 23 numeral 26, Corporación de Estudios y Publicaciones,
año 2002, pág. 18,

2 Idem. Art. 23 numeral 27.
4
dentro de la misma justicia, quebrantando todo nivel de seguridad jurídica
y debilitando al debido proceso establecido en la Carta Magna.

Bajo esta concepción, este trabajo de investigación individual se
plantea el análisis constitucional de la garantía de la seguridad jurídica
enfocado como aspiración suprema de la justicia, sobre cuya base se
establecen los pilares fundamentales de las normas y de los principios del
debido proceso su alcance y contenido, los mismos que se constituyen en
la proyección del respeto a los derechos constitucionales.

De la misma manera se pone de relieve el reconocimiento de los
problemas en el mecanismo de la administración de justicia, por lo que es
imperativo exponer la reforma sistémica que conlleve a lograr la meta de
la justicia, todo lo cual implica el examen de la problemática procesal
penal, en su novísimo sistema, que incide en la Entidad de Rehabilitación
Social, como una institución encargada de administrar la libertad de los
individuos sobre los cuales ha recaído una orden de prisión preventiva o
una sentencia condenatoria.

Ante una temática de gran actualidad, toda vez que el ámbito de la
ejecución penal ha recaído en una profunda crisis institucional y jurídica,
producto del sistema jurídico y de la ineficaz administración de justicia,
esta investigación busca operacionalizar precisamente el contenido y la
trascendencia de la norma jurídica en materia penal, en cuanto tiene que
ver con el debido proceso, como un mecanismo que otorga viabilidad al
valor de la justicia, análisis que se concentra dentro del nuevo enfoque
acusatorio, como una práctica jurídica con mayor tinte de democracia,
factores a través de los cuales se aspira lograr la garantía de la seguridad
jurídica, no obstante, la inoperante administración de justicia actual, en
materia penal, que causa graves dificultades en la libertad de los
individuos, alimentando, así, la crisis que afronta la Entidad de
5
Rehabilitación Social, cuya problemática alcanza grandes dimensiones en
los Centros de Rehabilitación Social y de Detención Provisional del
Ecuador.

Cumpliendo con las exigencias de las normas de la investigación
científica, en el presente Trabajo de Investigación Individual se emplean
métodos de investigación, a través de los cuales es posible estructurar de
manera sistemática y lógica los datos recopilados y el análisis científico,
técnico y crítico del contenido, para lo cual se utilizan los siguientes
métodos:

El Método Histórico, a través del cual se indagan los fenómenos en
su proceso evolutivo, los mismos que deberán ser sometidos a un
examen crítico para establecer con claridad su valoración. El Método
descriptivo, por medio del cual se trata de estudiar los diferentes
problemas claramente definidos para alcanzar objetivos precisos, para lo
cual se requiere del análisis cuidadoso y de la interpretación objetiva de
los datos recopilados, lo que permitirá concluir en una lógica exposición
de los resultados. El Método de la Hermenéutica Jurídica, con el cual se
trata de enfatizar el verdadero sentido de las normas jurídicas, recurriendo
al espíritu de la ley. El Método comparativo, por medio del cual, se
evidencia las diferencias entre las instituciones jurídicas, con el fin de
apreciar la coherencia de las mismas o sus peculiaridades. El Método
Dialéctico, por medio del cual se hace un estudio de la realidad en
conexión mutua de su surgimiento, propiedades y relaciones.

Las técnicas seleccionadas, para la realización de esta
investigación, que coadyuvarán a la recopilación, clasificación y
sistematización de los datos, son: