Perú: Informe Alternativo Satipo 2007. Implementación del Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas

102 Pages·2008·7.529 MB·Spanish

by  Graham Gordon, Ana Caro, Rocío Peñafiel, Ángela Tapia, Caroline McCooey

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Implementación del Convenio 169 de la OIT
sobre pueblos indígenas

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INFORME ALTERNATIVO:
SATIPO 2007
Implementación del Convenio 169 de la OIT
sobre pueblos indígenas
Jr. Hermilio Valdizán 681, Jesús María, Lima
[email protected]
www.pazyesperanza.org
Elaboración del Contenido:
Graham Gordon
Ana Maria Caro
Rocio Peñafiel
Angela Tapia
Caroline McCooey
Edición
Milagros Sovero
Ana Maria Caro
Graham Gordon
Agradecimientos
Agradecemos a las organizaciones indígenas y ONG que han colaborado con la elaboración
del informe, los participantes de los talleres y las personas entrevistadas (ver anexos), además
de César Gamboa, Milagros Ortega, Wuille Ruiz, Ruth Lozano y Olga Cabrera.
Diseño e impresión
Sonimágenes del Perú S.C.R.L
Teléfono: 330-4478
Hecho el Depósito Legal en la
Biblioteca Nacional del Perú Nº: 2008- 03648
Lima – Perú,
Marzo del 2008
Í
ndice
Presentación .............................................................................................................7
Introducción .............................................................................................................9
I. Contexto de Satipo ..............................................................................................15
II. Políticas generales ...............................................................................................19
III. Tierras y territorios ............................................................................................33
IV. Recursos naturales ..............................................................................................45
V. Educación ...........................................................................................................61
VI. Salud .................................................................................................................73
VII. Conflicto armado interno ..................................................................................85
Anexo 1
Organizaciones colaboradoras de Satipo .................................................................93
Anexo 2
Listas de participantes en los talleres en Satipo .........................................................94
Anexo 3
Lista de entrevistados ..............................................................................................97


P
resentación
A pesar de que ya son trece años desde que entró en vigencia en el Perú el Convenio 169 de
la OIT, pocas acciones coordinadas se han desarrollado para asegurar su implementación, y
tenemos hoy una institucionalidad muy débil que promueva y ejecute las políticas públicas
a favor de la población indígena.
En el caso de la provincia de Satipo, se ve algunos avances, pero también muchas situaciones
preocupantes, de desconocimiento, desatención o claros abusos de los derechos de los
pueblos indígenas, los Asháninkas, Nomatsiguengas, Kakintes. Y donde hay avances en las
políticas o programas a nivel nacional, la brecha entre la teoría y la implementación a nivel
local es muy grande.
En el tema de salud observamos varios progresos, como, por ejemplo las coordinaciones
con los voluntarios de salud de las mismas comunidades, acciones para adecuar el parto a
las costumbres y tradiciones de las comunidades y una Coordinadora Regional de Salud de
los Pueblos Indígenas, cuyo ámbito de intervención es la provincia de Satipo. Sin embargo,
el enfoque intercultural todavía no se ve presente en acciones de salud, y las comunidades
no sienten que haya sensibilidad hacía su cultura y necesidades específicas.
En lo que concierne a la Educación Intercultural Bilingüe (EIB), si bien es cierto que haya
varios docentes bilingües a nivel regional, estos no cubren las necesidades de todas las
instituciones educativas, por ejemplo solamente hay tres docentes con especialidad en
EIB a nivel inicial y ninguno a nivel secundario. Durante el año 2007 la Unidad de Gestión
Educativa Local (UGEL) contaba con una sola especialista en EIB, con proyección hacia
tres para el año 2008, pero sin presupuesto asignado. Por otro lado, la implementación de
las políticas para la EIB sigue siendo marginada, considerando únicamente a la población
indígena, más no para la población mestiza.
La situación de los recursos naturales, causa mucha preocupación. Se ha otorgado dos
lotes petroleros (lotes 57 y 108) para exploración y explotación sin consulta con las
comunidades, y con una superposición sobre la Reserva Comunal Asháninka y docenas
de comunidades nativas tituladas o en proceso de titulación o ampliación. Las empresas
entran a las comunidades sin su permiso, causando daños ambientales. En la situación que
existiera compromisos de la empresa hacia el desarrollo de las comunidades, se ve un
incumplimiento en casi todos los casos, sin que ninguna entidad del Estado intervenga para
proteger sus derechos.
En el tema forestal, se está otorgando contratos a terceros dentro de los territorios de los
pueblos indígenas o en tierras colindantes, sin la debida inspección del terreno, y sin un
monitoreo adecuado de las especies que están extrayendo. El resultado es una tala ilegal e
indiscriminada de los árboles y una destrucción de la amazonía peruana. Las comunidades
que quieren aprobar su propio Plan de Manejo Forestal siguen enfrentando un proceso
engorroso y poco accesible, sin embargo cuatro comunidades han logrado hacerlo en los
últimos meses, que es un avance importante.
La seguridad territorial se ve amenazada. Por falta de delimitación adecuada con los hitos
correspondientes, hay confusión de límites e invasiones de territorios. A pesar de la
existencia de varias denuncias, no hay un órgano del Estado que intervenga en los casos
de conflictos, dejando la única opción de acudir a la vía legal. Además, hay 17 casos de
titulación o ampliación pendiente, a pesar de que el Proyecto Especial de Titulación de

INFORME ALTERNATIVO: SATIPO 2007
Tierras (ahora COFOPRI) ha terminado con la georeferenciación de la mayoría de esas
comunidades en al año 2006, hecho que demuestra la lentitud de los procesos y la poca
coordinación entre los diferentes sectores.
En muchos lugares de Satipo se ve la ausencia del Estado. Hay comunidades que no
cuentan con servicios básicos, y por lejanía, falta de presupuesto, o miedo, los funcionarios
públicos simplemente nunca van allí. A nivel regional y local se observa algunos avances
hacía un acción institucionalizada para los derechos de los pueblos indígenas, como es el
Consejo Regional de Pueblos Indígenas de la Selva Central, y el Consejo de Desarrollo
Municipal de los Pueblos Originarios a nivel provincial. Sin embargo, falta reglamentar y
otorgar un presupuesto para su implementación. Al nivel distrital hay mejores avances, por
ejemplo en las municipalidades de Río Negro y Pangoa.
Hay poco conocimiento de parte de los funcionarios públicos locales de los derechos
de los pueblos indígenas, y de sus responsabilidades y facultades como sector público,
y poca información oficial de la situación de esos pueblos. Ninguna institución pública
pudo proporcionar información desagregada de la población indígena, lo que dificulta
la elaboración de políticas y acciones que tomen en cuenta sus necesidades específicas.
Además, se vio poco interés de los funcionarios en profundizar el tema, evidenciado por
la baja asistencia en los talleres de capacitación.
Con el Informe Alternativo: Satipo 2007 sobre el cumplimiento del Convenio 169 de la OIT,
se espera que los funcionarios públicos tengan un mayor conocimiento de la situación de la
población indígena dentro de su jurisdicción tanto como unas pautas para la implementación
de políticas y acciones necesarias para proteger sus derechos. Igualmente, para las
organizaciones indígenas y las ONG de la zona, las cuales han participado activamente en la
recopilación de información y la elaboración de propuestas, la esperanza es que el informe
ayude a difundir sus derechos y tener una acción coordinada de incidencia y vigilancia hacia
los sectores del Estado que tienen responsabilidad de proteger sus derechos.
Alfonso Wieland
Marzo 2008

i
ntroducción
 Contexto
La situación de marginación de los pueblos indígenas en
América Latina se traduce en problemáticas significativas
en cada aspecto de su desarrollo, desde la situación de la
salud y educación, sus territorios y medio ambiente, hasta
su exclusión de los procesos políticos, del mercado laboral y
productivo y la alienación cultural.
Respecto a ello, durante los últimos años se han producido avances en los mecanismos
jurídicos internacionales, por ejemplo el Convenio 169 de la OIT y la recientemente
aprobada Declaración de los derechos de los pueblos indígenas de la ONU. Sin embargo,
la implementación de esa legislación ha sido muy débil, y por ende, la situación de exclusión
sigue siendo una realidad para la mayoría de la población indígena, y un reto para los
gobiernos. La aprobación de los tratados internacionales no se ha trasladado en políticas
estatales adecuadas, y aún donde existen formalmente esas políticas, persiste un profundo
desconocimiento de parte de los funcionarios públicos –a nivel nacional y local– así como
una mínima atención y coordinación con ellos.
Al mismo tiempo, existen varios retrocesos en el respeto de los derechos de los pueblos
indígenas, nueva legislación que pretende desconocer los derechos fundamentales de
los pueblos, como el derecho a la integridad de sus territorios, su libre determinación,
su legítimo derecho a la protesta y el respeto de sus costumbres. Hay acciones de los
gobiernos que desconocen la legislación existente, sobre todo en la aprobación de
concesiones para la explotación de recursos naturales, sin realizar la respectiva consulta
y sin respetar la integridad de los territorios indígenas. Finalmente, los pueblos indígenas
muchas veces desconocen sus propios derechos y los mecanismos para defenderlos,
quedando vulnerables a diversos tipos de explotación.
 El Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas
El Convenio 169 de la OIT es el tratado internacional de derechos
humanos más importante sobre la protección de derechos
colectivos e individuales de los pueblos indígenas. Entre los
derechos que recoge figura el derecho a: los territorios,
recursos naturales, servicios de educación y salud de
calidad y apropiado a su contexto, decidir y controlar
su propio desarrollo, y de gozar de todos los derechos de
manera igual con el resto de la población.

INFORME ALTERNATIVO: SATIPO 2007
Fue aprobado en el Perú el 02 de diciembre 19931 luego ratificado el 02 de febrero 1994
y entró en vigencia un año más tarde, el 02 de febrero 1995. Sigue vigente hasta hoy.
Ante un cuestionamiento reciente de la aplicabilidad del Convenio en el Perú, vale recalcar
unos puntos jurídicos importantes:2
El Convenio 169 de la OIT es vigente. El Convenio entra en vigencia un año
después de ser suscrito, y los estados pueden denunciar o retirarse del Convenio
cada 10 años. Si no lo hacen, sigue vigente automáticamente (art.39 del Convenio).
Como el Perú no denunció el Convenio entre el 02 de febrero 2005 y el 02 febrero
2006, quedó vigente por otros 10 años más, esto es, hasta el 2015. Por lo tanto, el
Estado peruano, en todos sus niveles e instancias de gobierno está en la obligación
de respetarlo y hacerlo cumplir.
El Convenio 169 tiene rango y protección constitucional. Según la cuarta
disposición final de la Constitución, el Convenio tiene mayor jerarquía formal y material
que otras leyes y normas internas, por constituir un tratado de derechos humanos,
y por lo tanto sirve para la interpretación de los derechos de la misma Constitución.
Los derechos humanos, aún cuando no estén en el listado de la Constitución, tienen
protección de rango constitucional por la cláusula abierta (numerus apertus) del art.3
de la misma.
El Convenio 169 es exigible. Según el art.55 de la Constitución Política del
Perú, “los tratados celebrados por el Estado y en vigor forman parte del derecho
nacional”. Además, conforme a la Convención de Viena sobre el Derecho de los
Tratados (1969), ratificado por Perú, el Estado está obligado a cumplir todo tratado
internacional ratificado, sin excusa en su legislación interna, ya sea porque es distinta,
o le faltan reglamentos, etc. Por lo tanto el Estado peruano está en obligación de
cumplir el Convenio 169, y toda garantía constitucional3 para exigir su cumplimiento
es válida. Al mismo tiempo, existe la obligación de los Estados signatarios de
emitir leyes, normas.
Principio pro-indígena: Según el art.35 del Convenio 169, siempre se deben
aplicar las normas o acuerdos nacionales que otorguen más derechos y ventajas
a los pueblos indígenas. Además, por el principio de progresividad4 de
los derechos humanos, siempre rigen las normas que otorgan más
derechos y ventajas a las personas y colectivos, independientemente
si se trata de normas internas del Estado o son normas de derecho
internacional de los derechos humanos incorporadas al derecho
interno. Eso quiere decir que el Convenio sirve como una base
mínima en cuanto a los derechos de los pueblos indígenas, y que
de ninguna manera restringe la expedición de otras normas y
políticas que otorgan más derechos a los pueblos.
 Resolución Legislativa Nº 26253
2 Basado en “Convenio 69 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes y su aplicación en Perú”, documento elaborado
por Raquel Yrigoyen Fajardo, consultora de la OIT-Programa Pro 69, 09 agosto 2007
3 Constitución política del Perú, 993. art.200
 Según este principio, el derecho internacional de los derechos humanos está incorporado al derecho interno como fuente, cuando es más favorable
a éste. "La interpretación de los derechos humanos", Lecturas Constitucionales Andinas, Lima, Comisión Andina de Juristas, 99, num.3, pág. 3
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