Para niñas, niños y jóvenes en medio del conflicto armado. Una escuela de oportunidades

90 Pages·2004·0.42 MB·Spanish

by  María Elvira Carvajal Salcedo

Para niñas, niños y jóvenes en medio del conflicto armado

¡Una escuela de oportunidades!

María Elvira Carvajal Salcedo y Claudia Liliana Vargas Guevara

Ministerio de Educación Nacional - Proyecto financiado por la
Organización de Estados Americanos OEA

Bogotá D.C., enero de 2004

Contenido

Fase I. Diagnóstico para determinar los fundamentos de la propuesta de capacitación

Capítulo I Colombia: saldo en rojo

Capítulo II Un continuo: niños en zonas de conflicto armado - Niños que han
participado directamente en los grupos armados al margen de la ley

Capítulo III La comunidad educativa en zonas de conflicto armado

Capítulo IV Por la fuerza o la voluntad: niños con experiencia en los grupos armados al
margen de la ley

Capítulo V Restitución de derechos. Opciones del niño, niña o joven que ha participado
en grupos armados al margen de la ley

Fase II. Propuesta de capacitación. Desarrollo y validación

Capítulo VI Supuestos de la propuesta de capacitación

Capítulo VII Propuesta de capacitación. Docencia no cautiva, sí cautivadora

Capítulo VIII El taller, la evaluación y la validación

Referencias bibliográficas

Agradecimientos

Ofrecemos un especial agradecimiento en el Ministerio de Educación Nacional a Gloria
Helena Henao Willes, coordinadora del Programa de Atención a la Población Escolar
Desplazada quien creó y gestó este proyecto y a José María Leyton en la Dirección de
Apoyo a la Gestión Educativa Territorial quien también lo respaldó incondicionalmente. A
Mauricio Polanco y Janeth Guevara del Programa de Atención a la Población Escolar
Desplazada quienes se encargaron de realizar las actividades necesarias para que esta
propuesta llegara a los maestros y maestras en zonas de conflicto.

A las Secretarías de Educación Departamentales de Cauca, Bolívar y Meta ya que
proporcionaron los medios necesarios para que el equipo investigador cumpliera sus
objetivos. Asimismo, por el interés mostrado en el tema y por querer aunar esfuerzos para
que el futuro de sus niños, niñas y jóvenes sea cada vez mejor.

Para el desarrollo de este documento queremos reconocer la magnífica labor de Consuelo
Mariño Samper, Henry Vargas Ávila y Martha Arenas Obregón quienes fortalecieron esta
propuesta desde diferentes perspectivas y áreas de conocimiento.

A los maestros y maestras participantes en cada uno de los talleres de capacitación, ya que
con sus vivencias enriquecieron esta propuesta. Por su disposición y compromiso para con
sus estudiantes. Por querer apoyar el mejoramiento de la labor pedagógica de sus
compañeros que se encuentran distantes de la realidad del conflicto armado.

Al Programa de Reinserción del Ministerio del Interior, en especial a Gloria Quiceno quien
nos orientó y permitió que conociéramos las realidades de menores que han participado en
grupos armados al margen de la ley.

A los niños, niñas y jóvenes, estudiantes en zonas de conflicto y aquellos que han
participado en grupos armados irregulares por comprender las intenciones con este
documento y por supuesto por haber confiando en nosotros en tan breves espacios de
reflexión.

Presentación

El Ministerio de Educación Nacional de Colombia, desde la Dirección de Apoyo a la
Gestión Educativa Territorial, propuso en el año 2000 a la Organización de Estados
Americanos, OEA, adelantar un estudio que diera cuenta del fenómeno de la vinculación de
niños, niñas y jóvenes a las filas de los grupos armados al margen de la ley. Este esfuerzo
tuvo el propósito último de formular una propuesta de capacitación para las maestras y
maestros que atienden a los menores en zonas afectadas por el conflicto y a los niños, niñas
y jóvenes ya desvinculados de esos grupos.

El estudio inició en el año 2001 donde la dinámica del país y la agudización del conflicto
armado exigían tomar medidas desde todos los sectores para que a ningún niño, niña o
joven le fueran vulnerados sus derechos. Entre ellos, la educación.

La investigación se dividió en dos fases: La primera consistió en realizar un diagnóstico
para determinar los fundamentos de la propuesta de capacitación. Esta fase se adelantó en
los departamentos de Bolívar, Meta y Cauca. Los resultados evidenciaron que el país ha
visto marchar a sus menores a los frentes de guerra en todas las confrontaciones y que se
viene incrementando año tras año el fenómeno como efecto de la agudización del conflicto
interno.
Las fuentes consultadas confirmaron que si bien es cierto que al no jugar plenamente su
papel socializador, la escuela se constituye en uno de los muchos factores que concurren en
la generación de la vinculación de los niños, niñas y jóvenes a las filas de ejércitos
irregulares, no lo es menos que ellas, es determinante en el esfuerzo del Estado y la
sociedad por recuperarlos. En este empeño, los maestros y maestras tendrán que
desempeñar entonces un importante papel.

La segunda fase del proyecto fue el desarrollo y validación de la propuesta de capacitación.
Esta fase se centró en diseñar para los maestros y maestras una propuesta de capacitación
que condujera a la recuperación de ciudadanos para la civilidad. La propuesta recogió los
saberes aprendidos durante la Fase I, consideró los aprendizajes adquiridos por los
estudiantes que se encuentran en zonas de conflicto o que han aprendido en las filas de los
grupos armados. Esta propuesta examinó los saberes ya construidos por el Ministerio de
Educación Nacional en materia de atención a poblaciones vulnerables. Entre esos saberes
están los elaborados en la propuesta Escuela y desplazamiento. Asimismo, la segunda fase
recuperó otras herramientas como la formulación del Proyecto Educativo Institucional, PEI,
y junto con él el aprovechamiento de recursos como la participación de los niños, niñas y
jóvenes en los gobiernos escolares y en la construcción de sus manuales de convivencia.

Esta propuesta de capacitación parte de considerar que la vinculación de los niños, niñas y
jóvenes al conflicto armado los ubica en condición de víctimas y hace al Estado
responsable por su atención (Ley 418 de 1999).

El encuentro con los maestros y maestras de las zonas de mayor confrontación armada pone
de manifiesto que la Escuela está asediada por el conflicto, pero que aun así, los maestros y
maestras y su capacidad de trabajo y compromiso son la esperanza de conservar a nuestras
jóvenes generaciones en los quehaceres propios de su edad, protegidos por sus mayores,
viviendo el presente y construyendo el futuro.
Capítulo I

Colombia: saldo en rojo

La economía del país sufre durante los últimos años la más grave crisis de su historia
reciente y la pobreza llega a extremos. Los sectores medios, por efecto de la pérdida de
empleo, aumentan la franja de pobreza

En este capítulo se presentará la situación económica y social que vive el país.
Posteriormente, concentraremos la atención en cómo la dinámica del país afecta a niños,
niñas y jóvenes.

Pobreza

En un estudio que analizó el impacto social de la crisis económica, el Departamento de
Nacional de Planeación —DNP— [2001] indicó:

“La crisis ha agudizado la pobreza en el país. En un solo año (entre 1999 y
2000), el número de pobres se incrementó en dos millones de personas. La
situación en la zona rural es crítica: los pobres rurales ya no tienen cómo ser
más pobres: cerca del 80% de su población está por debajo de la línea de
pobreza”1.

Asimismo reveló que la pobreza aumentó en más del 14% entre 1997 y 1999. Los afectados
por la pobreza, que en 1997 ascendían a 19,7 millones de personas, llegaron en 1999 a 22,7
millones, sobre una población estimada de 36 millones.

La alta comisionada para derechos humanos de la ONU [2001] describió la situación
económica del país así:

“El ingreso económico de los colombianos es cada vez menor. Según
estimaciones oficiales, al cierre del año 2000, el ingreso anual per cápita caería
a 2.043,80 dólares americanos, cien menos que hace 6 años. El Estado no ha
logrado acortar la brecha de inequidad y el índice de desarrollo humano ha
disminuido en once puntos respecto al año anterior, ubicándose en el puesto 68
entre 174 países. Departamentos como Cauca, Chocó, Nariño y Sucre tienen un
Producto Interno Bruto PIB per cápita más de cuatro veces menor que el PIB
de Bogotá, lo que demuestra que la desigualdad departamental en estas áreas
continúa siendo muy fuerte en el país y que los esfuerzos para mejorar la
situación han sido insuficientes. La alta desigualdad en la distribución de

1 Según el Departamento Nacional de Planeación, alrededor del 20% de la población, es
decir, nueve millones de colombianos, vive con menos de un dólar al día [El Tiempo,
febrero 27 de 2002].
ingresos entre las personas en Colombia reduce de manera importante el
porcentaje global de desarrollo humano”.

Como bien se sabe, a medida que crece la pobreza es mayor el detrimento de la calidad de
vida2. La crisis se refleja en la reducción de los ingresos del hogar y además en la pérdida o
enajenación de bienes, en la pérdida en el capital humano, en los límites de posibilidades
para desempeñarse en actividades productivas de escogencia e incluso, en que no se puede
ejercer el libre derecho al trabajo [DNP, 2001].

Desempleo

La tasa de desempleo en todo el país llegó en enero de 2002 a 17,9%, 0,9 puntos superior al
registro del mes de enero de 2001. Los colombianos desocupados a enero de 2002 fueron
cerca de 3.560.000, 200.000 más que en enero de 2001 [DANE]3. Así, el sector informal se
convierte en una opción de ingresos donde las condiciones de trabajo son inadecuadas y en
él son muy generalizadas la sobreexplotación y la desprotección en seguridad social.

Otra expresión de la crisis del país es la baja probabilidad que tienen las mujeres de obtener
un empleo remunerado. El desempleo femenino urbano crece diez puntos y el rural, seis.
Las jóvenes, particularmente, están cada día más expuestas al riesgo del desempleo [DNP,
2001]. En relación con los hombres, es mayor la tasa de desempleo femenino: 24,2%,
contra el 17,2% entre los hombres [DANE].

Se estima que el 26% de las familias del país está sostenido por mujeres cabeza de familia,
cuyos ingresos no alcanzan el salario mínimo. El 38% de estas mujeres vive en condiciones
de hacinamiento. Además, el 60% de las mujeres económicamente activas trabaja en el
sector informal [Ardila, 1996], en donde hay diversas desventajas, entre ellas, la falta de
cobertura en salud, de ingresos fijos y de prestaciones sociales. De ese modo, se ponen en
riesgo permanente la propia supervivencia y la de su grupo familiar.

Salud

En materia de salud se sabe que la cobertura está lejos de ser total. El acceso a la atención
de los enfermos favorece a la población de mayores ingresos. El régimen subsidiado de
salud no cubre a seis millones de personas pertenecientes a la población más pobre de
Colombia4 [Informe de la Superintendencia de Servicios de Salud].

2 “[...] los pobres cada vez son más pobres, su brecha de pobreza aumenta, mientras en
1997 era imprescindible incrementar el ingreso promedio de este grupo poblacional para
llevarlo al umbral de la pobreza en 44%. En el año 2000 se requiere elevarlo en 50%. Esto
significa que para cerrar la brecha de pobreza, en pesos de 2000, se requiere duplicar el
ingreso mensual de los pobres. En términos del conjunto de personas bajo la línea de
pobreza se necesitan $1.8 billones mensuales” [DNP, 2001].
3 Dato suministrado por el diario El Tiempo, 3 de marzo de 2002, Bogotá.
4 Dato suministrado por ONU [2002].
Ante este panorama, el gobierno nacional, a través de la Red de Apoyo Social ha puesto en
marcha una serie de programas que permiten disminuir los efectos de la crisis económica
sobre la población más pobre y proteger el capital humano del país: Empleo en Acción,
Jóvenes en Acción y Familias en Acción [Presidencia de la República, 2001].

Sin embargo, es tan compleja la dinámica del país, que aunque se logre minimizar la crisis
económica y social del país existen factores relacionados con el conflicto político que
hacen que estos esfuerzos no se vean aún materializados.

Las familias y grupos de personas perjudicados encuentran que los niños, niñas y jóvenes
son los principales actores afectados, ya que en ellos albergan múltiples situaciones que los
vulneran.

Situación de la niñez y la juventud

La Comisión Colombiana de Juristas [1999]5 señaló que el 44% de la población
colombiana (16.772.708 personas) tiene menos de dieciocho años. De ese porcentaje,
7.500.000 niños, niñas y jóvenes padecen de pobreza, 3.000.000 se encuentran en miseria,
2.000.000 han sido maltratados y 15.000 se encuentran en las calles. El 10% de la
población infectada por el VIH corresponde a niños y niñas entre 10 y 18 años y más de
1.500.000 niños y niñas menores de cinco años padecen algún grado de desnutrición.

Educación

En el campo de la educación, la ONU [1999] indicó que cada 100 niños y niñas que se
encuentran en edad preescolar, sólo 30 pueden acceder a establecimientos educativos y de
cada 100 que ingresan a la educación básica primaria, sólo 60 terminan el grado quinto.
Aproximadamente 2.400.000 niñas y niños cuya edad oscila entre 12 y 17 años no están
escolarizados y sólo 47 de cada 100 ingresan a educación secundaria.

La participación de las niñas y niños en el sistema educativo se redujo, pues los padres no
tienen la capacidad económica para pagar los costos de la escuela y los hijos se ven
obligados a incorporarse a la fuerza de trabajo, para contribuir con sus ingresos al
sostenimiento del hogar. En la zona urbana se perciben disminuciones notorias en la
asistencia escolar de la población entre 7 y 25 años [DNP, 2001]. La crisis está afectando
en particular la asistencia escolar de la población más pobre. Pese a la gratuidad en la
educación pública, las familias no pueden cubrir los gastos de alimentación, matrícula,
materiales didácticos, uniformes y transporte.

La Dirección de Planeación del Ministerio de Educación Nacional registró incrementos en
la matrícula pública en básica primaria en el país en los últimos cinco años (período 1996-
2000), situación que se atribuye al efecto de la crisis económica que en algunos casos
obliga al retiro de los menores de la educación privada [MEN, 1996-2000].

5 Estimativos de fuentes gubernamentales citados en Comisión Colombiana de Juristas
[1999].
En la ciudad

El estudio del DNP [2001] indicó que las distancias entre el campo y la ciudad en la
severidad de la pobreza tienden a cerrarse. Es decir, que el grado de la crisis en la zona
rural no se aleja de lo que se vive en la urbe6. No obstante, en la zona urbana se percibe una
mayor agudización de la pobreza producto de la crisis económica.

En la ciudad, una alternativa frecuente de subsistencia de niños, niñas y jóvenes que se
retiran de los establecimientos educativos es el inicio en labores informales que se ejercen
en la calle, generalmente, las ventas ambulantes. Estas actividades no tienen garantías de
protección y distan mucho de lo que sugiere la Convención sobre los Derechos del Niño,
adoptada por las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989, en la que se reconoce que la
infancia tiene derecho a cuidados, asistencia y protección especial. En su artículo 32 dicha
convención proclama

“el derecho del niño a estar protegido contra la explotación económica y contra
el desempeño de cualquier trabajo que pueda ser peligroso o entorpecer su
educación, que sea nocivo para su salud o para su desarrollo físico, mental,
espiritual, moral o social”.

Por su parte, la Organización Internacional del Trabajo, OIT, ha establecido convenios y
formulado recomendaciones muy precisas referidas a la necesidad de abolir totalmente el
trabajo de los niños. Ha reconocido que la infancia es un período de la vida que no debe
consagrarse al trabajo, sino a educarse y a formarse, de tal manera que los niños y niñas
puedan llegar a ser adultos productivos y útiles a la sociedad. En 1973, la OIT adoptó el
convenio 138 en el que demanda que todos los países del mundo sigan una política nacional
que asegure la abolición efectiva del trabajo de los niños y eleve su calidad de vida a un
nivel que haga posible el más completo desarrollo físico y mental de los menores7.

A todo lo anterior se agrega el hecho de que con frecuencia el trabajo informal no satisface
las necesidades de los niños y jóvenes y “el hecho de obtener empleo no es garantía de
superar el umbral de la pobreza” [DNP, 2001].

Una opción frecuente de niños, niñas y jóvenes para conseguir dinero es el ingreso a
pandillas y bandas que cometen actos delictivos. Esas bandas les garantizan el
reconocimiento social, el sentido de pertenencia a un grupo y la satisfacción inmediata de
sus necesidades y de sus deseos de consumo comercial. Con esos atractivos, se sustituye el
grupo familiar por los que encuentran en la calle y paralelamente comienza la drogadicción,
la prostitución, la mendicidad y el gradual manejo de armas.

6 El comportamiento en la zona rural resulta similar a partir de 1998. Consecuentemente, la
población urbana más pobre paga el costo más alto de la crisis económica [DNP, 2001].
7 Colombia ratificó mediante la Ley 129 de 1931 los convenios 5, 6, 7, 10, 15 y 16 que se
refieren a las condiciones de trabajo de los menores. El convenio 138, instrumento general
que remplaza gradualmente los actuales instrumentos, no ha sido ratificado por Colombia
[Ministerio de Trabajo, 1996].
En el campo

En las áreas rurales se registra por una parte el aumento de la población y por otra, la
dedicación a actividades productivas como la agricultura, la ganadería, la caza y la pesca
[censos de población 1964, 1973, 1985 y 1993]. Sin embargo, con la crisis económica y
política del país han alcanzado auge los cultivos ilícitos:

“En Colombia en más de la mitad de los departamentos del país se encuentran
cultivos de hoja de coca y es posible pensar que hay por lo menos 200.000
niños y niñas vinculadas a ellos. [...] adicionalmente en la mayoría de los casos
hay coincidencia entre la presencia de estos cultivos y la de los actores del
conflicto armado” [CIFISAM, 2001].

Niños, niñas y jóvenes salen de sus escuelas a la fuente de trabajo de mayor rentabilidad y
más inmediata: los cultivos ilícitos, que posteriormente se convierten en antesala para el
ingreso a las filas insurgentes.

La escuela en el campo y la ciudad

La baja cobertura, la falta de calidad y de pertinencia en un servicio educativo que no
responde a las necesidades sociales y que no es un agente de transformación son problemas
que agravan la situación en el sector rural colombiano.

Las tasas de repitencia en el campo son más altas que en el sector urbano, así como el
número de niños que el sector educativo nunca ha atendido. La tasa de cobertura en las
áreas rurales es de 30%, que se compara con la tasa del 65% en las áreas urbanas. La tasa
de deserción rural es de 10,9%, mientras en las ciudades es de 2,5%. La participación en los
programas de preescolar es de menos de 4% en las zonas rurales [MEN, 2000].

El Programa de Educación Rural (PER) del Ministerio de Educación Nacional apunta a que
los niños entre 5 y 15 años tengan acceso a una educación con calidad en todos los niveles
donde la oferta es prácticamente inexistente. El PER se perfila a través de varias
estrategias: Nueva Escuela, Aceleración del Aprendizaje, Posprimaria, Telesecundaria,
Sistema de Aprendizaje Tutorial, Servicio de Educación Rural y Programa de Educación
Continuada CAFAM.

No obstante estos esfuerzos, la realidad es avasallante. Las niñas, los niños y los jóvenes
colombianos se encuentran rodeados de circunstancias que en nada favorecen su desarrollo
personal y social. Los esfuerzos del gobierno nacional en términos educativos se opacan
ante el impacto que tienen sobre la calidad de vida, la crisis económica y las graves
consecuencias del conflicto armado: los desplazamientos, las amenazas, los secuestros y la
muerte en zonas de alta influencia de grupos armados al margen de la ley.

En síntesis, la crisis económica, las políticas de ajuste fiscal y la violencia afectaron en el
país los derechos económicos, sociales y culturales. La población menor de 18 años ha sido
la principal afectada en relación con estos derechos y la que padece con mayor rigor las
consecuencias del conflicto armado interno.
El Estado y la sociedad tienen la responsabilidad de ofrecer a estos niños, niñas y jóvenes
víctimas de la violencia todas las oportunidades que les han faltado y que requieren. Por
falta de esas oportunidades, se han recortado los derechos que consagran para ellos la
Constitución Nacional y las leyes. Todo esfuerzo debe conducir al pleno desarrollo de su
condición de ciudadanos, de sujetos de derechos y responsables por el cumplimiento de sus
deberes.
Capítulo II

Un continuo: niños en zonas de conflicto armado - Niños que han participado
directamente en los grupos armados al margen de la ley

En el capítulo anterior observamos que la situación de pobreza y la crisis política del
país generan para los niños, niñas y jóvenes, irregulares condiciones de vida y
alternativas no acordes con su edad. En este capítulo veremos cómo esas condiciones
de vida conducen a nuestros menores a vincularse a grupos armados al margen de la
ley.

Niños, niñas y jóvenes en zonas de conflicto armado

Como se ha planteado, existen en el país familias y grupos de personas menos favorecidas
que otras debido en parte a la inequidad y las pocas oportunidades para conseguir ingresos.
Entre este grupo, coincidencialmente se encuentran generalmente aquellas que
geográficamente se ubican en zonas lejanas de los cascos urbanos con poca presencia del
Estado.

Estas zonas se asocian frecuentemente con los grupos armados al margen de la ley. Para
éstos, el establecimiento en estas regiones resulta benéfico y para sus habitantes estos
grupos se convierten fácilmente en las autoridades locales. Dadas las circunstancias de
conflicto por las que atraviesa el país, las poblaciones de estas regiones se ven afectadas por
las diferentes formas de confrontación armada en la que participan los diferentes actores del
conflicto.

Así se cuentan con niños, niñas y jóvenes afectados en todas las formas: social, psicológica,
física y emocionalmente, toda vez que se deben enfrentar frecuentemente a ataques,
retaliaciones, desplazamientos, amenazas, secuestros, extorsiones entre otras formas de
afectación producida por uno u otro actor armado.

Situación de la escuela y los maestros en zonas de conflicto

La escuela

En las zonas donde se vive con mayor intensidad y agudeza el conflicto armado los
establecimientos educativos se convierten en espacios de resguardo, confrontación o
adoctrinamiento político de uno u otro bando. Bajo estas condiciones, las escuelas y la
comunidad educativa se involucran gradualmente en la dinámica del conflicto. Escuelas
bombardeadas, maestras y maestros secuestrados o amenazados, niños, niñas y jóvenes
aleccionados con las creencias de estos grupos, son algunos ejemplos de ello.

La Fundación Dos Mundos [2002] señaló cómo en algunos sectores marginales a los que la
propuesta educativa oficial no llega, la educación ha sido liderada por auxiliares de policía
o del ejército, los cuales ejercen el papel de maestros en las escuelas. Con ello, se