"maturano carlos alfredo c/ la segunda artsa s/ accidente o enfermedad laboral" rllaboral nº 65

12 Pages·2017·0.22 MB·Spanish

EXP 216041/11
"MATURANO CARLOS ALFREDO C/ LA SEGUNDA A.R.T. S.A. S/
ACCIDENTE O ENFERMEDAD LABORAL"
R.L.LABORAL Nº 65/2017.-
n la Ciudad de San Luís, a los veintidós días de agosto de dos mil diecisiete, reunidos en su
Sala de Acuerdos, los Sres. Magistrados de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil,
Comercial, Minas y Laboral Nº 2 de la Primera Circunscripción Judicial, Dr. Néstor
Marcelo Milán, Dra. Gloria Olga Sosa Lago de Tarazi y Dra. María Nazarena Chada,
fueron traídos para dictar sentencia los autos “MATURANO CARLOS ALFREDO C/ LA
SEGUNDA A.R.T S.A S/ ACCIDENTE O ENFERMEDAD LABORAL”,
Expte.216041/11
Que habiéndose practicado la desinsaculación que determina el artículo ciento veinte de la
ley dos mil seiscientos cuarenta y dos y el artículo doscientos sesenta y ocho del Código
Procesal Civil de la Provincia resultó de ello, que los Sres. Magistrados debían votar en el
siguiente orden: 1º) Dra. Gloria Olga Sosa Lago de Tarazi, 2º) Dr. Carlos Guillermo
Maqueda y 3º) Dr. Néstor Marcelo Milán. Que con motivo de la vacancia de la vocalía que
ocupaba el Dr. Carlos Guillermo Maqueda, asumió como magistrado integrante de esta
Cámara la Dra. María Nazarena Chada, a quien le fueron pasados los presentes autos a
estudio en segundo término conforme decreto de fecha ocho de mayo de dos mil diecisiete.-
Estudiados los presentes autos la Excma. Cámara se planteó las siguientes cuestiones a
resolver PRIMERA CUESTIÓN: ¿Es justa la sentencia apelada?
SEGUNDA CUESTIÓN: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar en definitiva?
A LA PRIMERA CUESTIÓN la Dra. Gloria Olga Sosa Lago de Tarazi dijo:
I) Contra la sentencia obrante a fs. 249/256 interponen recurso de apelación el actor a fs.
260 y la demandada mediante actuación IOL de fecha 26/06/2015 esgrimiendo sus agravios
conforme actuación 5806317/16 y actuación 5945496/16 conforme fs. 273 y fs.276
respectivamente.-
El actor se agravia en primer término respecto de la fecha a partir de la cual el a-quo manda
liquidar los intereses- desde la junta médica realizada en autos el 15-03-2013 sin tener en
consideración que por tratarse de un accidente de trabajo acaecido el día 25-02-2009 es a
partir de dicha fecha que deben aplicarse los intereses citando jurisprudencia en apoyo de
su afirmación.-
Se agravia en segundo término toda vez que el a-quo, a los fines del cálculo de la
indemnización por antigüedad toma la edad que el actor tenia al momento de la junta
médica y no la de la fecha del infortunio, criterio sostenido por la jurisprudencia local.-
La parte demandada se agravia en primer término por cuanto el a-quo se ha apartado del
reclamo inicial del actor el que fue encuadrado en el marco de la ley 24557 tal como surge
de la demanda (fs. 4/15) y ha condenado a indemnizar aplicando la fórmula Vuotto II
utilizada cuando se reclama una reparación integral propia del ámbito civil y por lo tanto
inaplicable al caso de autos.-
Se agravia en segundo término por cuanto el actor reconoció que la aseguradora le brindó
todas las prestaciones médicas que requería el accionante quien se negó a ser intervenido
quirúrgicamente y esa decisión agravó su lesión siendo por ello el único responsable del
agravamiento de su incapacidad.-
Se agravia en tercer término de las costas que le impone el a-quo ya que siendo
improcedente el reclamo del actor deberá ser él quien soporte el pago de las costas.-
II) Por razones metodológicas corresponde invertir el orden en que han sido expresadas las
pretensiones recursivas de ambas partes y comenzar por analizar el recurso articulado por la
demandada con especial referencia al primer agravio.-
Desde esa perspectiva se impone señalar que surge de las constancias obrantes en autos que
se trata de una acción fundada en la ley especial con planteo de inconstitucionalidad de
algunas normas de la L.R.T tal como surge del encuadre legal del reclamo en la ley 24557
que realiza el actor en su demanda (fs. 4/15) acudiendo así a la ley especial que se inserta
como un subsistema de la seguridad social de prevención y reparación específico de los
riesgos del trabajo desechando criterios propios de la normativa civil (S.C.J.B.A 6-06-2001
L. 75346).-
En consecuencia, el actor no puede pretender una reparación integral propia de la acción
fundada en el Código Civil sino en la tarifada contemplada en la ley especial que el invocó
expresamente.-
Adviértase que en materia de infortunios laborales, el eje del sistema resarcitorio especial
es el de la responsabilidad objetiva con un tope o tarifa. Desde el punto de vista estructural,
tanto el civil como el especial de los infortunios del trabajo son dos sistemas de
responsabilidad diferentes y autónomos de modo tal que ninguno de ellos es fundamento o
soporte del otro.-
Es que el del Código Civil y el de la L.R.T son dos sistemas de reparación que tienen sus
propias causas-fuentes y sujetos particulares de modo tal que para la hermenéutica jurídica
de cada uno de ellos no es requisito la posibilidad de poder reenviar en caso de infortunios
al otro (cfr. Vázquez Vialard Antonio “Análisis de la L.R.T en Rev. de Derecho Laboral
2001-2 pág. 30 y sigts.).-
Lo señalado determina la procedencia del primer agravio de la parte demandada la
revocación del decisorio apelado y la lógica consecuencia procesal que resulta inoficioso
analizar los restantes agravios.-
Por ello A LA PRIMERA CUESTIÓN VOTO POR LA NEGATIVA.-
A ésta misma primera cuestión, la Dra. María Nazarena Chada dijo: Que contra de la
sentencia definitiva obrante a fs. 249/256, se alzan en apelación en primer lugar el actor,
quien apela a fs. 260, y expresa agravios mediante Esc. Ext. Nº5806317, y la parte
demandada, quien apela mediante Esc. Ext. Nº 4313875 y expresa agravios mediante Esc.
Ext. Nº 5945496.-
Que la actora solo se agravia de la fecha desde cuando se liquidan los intereses.-
Alega que el a quo sin justificación alguna y apartándose de lo que por derecho
corresponde manda liquidar desde la fecha de la junta médica realizada el día 15/03/2013,
lo que resulta contraria a las constancias de la causa, por tratarse de un accidente de trabajo,
esto es un hecho súbito y violento acecido el día 25/02/2009.-
Afirma que el apartamiento que perjudica al trabajador en una doble faz, pues le resta 4 año
de intereses y le suma tres años en su edad para calcular la indemnización produciendo
ambas una disminución de lo que debe percibir de más del 74%.-
Se agravia en que el juez no brinda ninguna explicación de por qué motivo decide tomar, a
los fines del cálculo de la indemnización por incapacidad, la edad que el actor tenia al
momento de la junta médica y no la de la fecha del infortunio. –
Que en Esc. Ext Nº 5945496, expresa agravios al demandada, quién alega que la sentencia
apelada rechaza la excepción de falta de legitimación pasiva sosteniendo: “… la accionada
en su memorial de responde hace referencia al reclamo indemnizatorio por parte del
accionante por la vía civil, y en base a tal fundamento – entre otras consideraciones- es que
fundamenta la improcedencia de la acción instaurada contra sus representados, toda vez que
las aseguradoras no resultan alcanzadas cuando nos situamos frente a una reparación
integral”.-
Se agravia la recurrente que el fundamento sostenido al rechazar la excepción de falta de
legitimación pasiva resulta contradictorio con el fallo, a partir de los argumentos que se
inclinan por aplicar la fórmula Vuotto, y de esa manera se está pronunciando en base a una
reparación integral, aún cuando rechaza otros rubros propios de indemnizaciones integrales
propias de la reparación civil.-
Hace mención a todo los antecedentes jurisprudenciales que dieron nacimiento a la formula
Vuotto, y que derivó en el pronunciamiento de la CSJN, del 08/04/2008 en el fallo
“Arostegui” y reformulado el 28/04/2008, por la Sala III de la CNAT, en autos: "Mendez v.
Mylba".-
Continúa diciendo que la "fórmula Vuotto" y sus derivadas, se utilizar para calcular el daño
material en las acciones por accidente donde se reclama un resarcimiento con base en el
derecho común.-
Hace mención que en el ámbito local, se han dictado algunos precedentes rechazando la
aplicación de la fórmula Mendez o Vuotto II, cuando se ha iniciado la acción por la ley de
riesgo de trabajo, ejemplo autos: “Ortega Gustavo Alejandro c/ Prevención Aseguradora de
Riesgos del Trabajo S.A” (EXP 219541/11), que tramitó por ante el Juzgado Laboral Nº 1
de esta ciudad y "MATURANO CARLOS ALFREDO C/ LA SEGUNDA A.R.T. S.A. S/
ACCIDENTE O ENFERMEDAD LABORAL" (EXP 215532/11).-
Concluye advirtiendo que este agravio deriva de la contradicción que se desprende de la
misma sentencia y el apartamiento sin justificación de jurisprudencia aplicada por el mismo
Juzgado, en causas similares.-
En segundo lugar se agravia la demandada en que el mismo actor reconoció que la
aseguradora le brindó todas las prestaciones médicas que la lesión ameritaban y que tal
como surge de fs. 6, el actor debía someterse a intervención quirúrgica, a la que se negó.-
Alega que de los antecedentes que se desprenden de la CM 27, e incluso el dictamen de la
Junta Médica a fs. 228 dice: “… el actor es atendido por la ART en la Clínica Privada Italia
donde se le suministran analgésicos (aines), se le realiza RMN de rodilla derecha,
prescribiéndole 20 sesiones de rehabilitación, indicándosele cirugía que el actor no
acepta…”.-
Se agravia que el propio accionar del actor, no considerado por el Sr. Juez de Primera
Instancia, causa agravio a su mandante, quién por una decisión que no le es atribuible,
debería responder por un hecho que no solo le es ajeno –a la demandada-, sino que además
reconoce al propio responsable: MATURANO.-
Por último se agravia porque deberá ser el actor quién soporte el pago de costas y no su
mandante, motivo por el cual la sentencia apelada también deberá revocar el punto “4”.-
Que por una cuestión metodológica, se tratará en primer lugar el primer agravio de la
demandada, rechazando parcialmente su procedencia.-
Si bien le asiste razón, en que el A quo incurre en una contradicción, ya que por un lado
rechaza la excepción de falta de legitimación pasiva y por el otro se aparte de la
indemnización tarifada y aplica a formula Vuotto II , lo que es cierto es que la demanda sin
duda alguna, fue interpuesta conforme a la ley de Riesgo de Trabajo, con sus respectivos
planteos de inconstitucionalidad, lo que torna improcedente la excepción de falta de
legitimación pasiva.-
Que textualmente de fs. 4 de la demanda, se puede leer: “Si bien en principio este reclamo
es dentro de los términos de la ley 24.557…””VIII) DERECHO: se funda esta demanda en
la ley 24577, en los que no se ataca de inconstitucionalidad, la jurisprudencia y doctrina
que se ha mencionado a lo largo de este escrito.”.-
Que lo más relevante es, que el proceso fue conforme con lo reglado en la mencionada ley
especial, ya que contrario sensu, si la demanda hubiera sido interpuesta conforme la
normativa civil referida a daños y perjuicios, el actor hubiera sido quién debía demostrar
los
cuatro requisitos para su procedencia, es decir, daño, factor de atribución, nexo de
causalidad y anti juridicidad.-
Por lo tanto, y siguiendo en esta línea de pensamiento, sí le asiste razón a la recurrente,
cuando alega que si la actora interpuso por la ley especial, ley tarifada, la demanda de
accidente de trabajo no puede pretender la aplicación de la formula Vuotto II que
sobradamente se encuentra reconocida en las acciones de reparación integral por la vía civil
de daños y perjuicios.-
Este tema fue tratado en STJSL-S.J. – S.D. Nº 189/16, los autos: “ZALAZAR ROSA
ALICIA c/ ASOCIART S.A. ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO s/
ACCIDENTE O ENFERMEDAD LABORAL – DOC. N° 3606” – IURIX EXP. N°
106627/9, donde se dijo textualmente: “…Pero además, no es posible soslayar, que si en el
caso de un accidente de trabajo ocurrido en la empresa, recientemente este Superior
Tribunal –ante análogos fundamentos recursivos-, se ha expedido en cuanto a que,
habiéndose accionado en los términos de la LRT, solo puede reclamarse la indemnización
tarifada; …En efecto, en los autos: “GONZÁLEZ PARCET JORGE DANIEL c/ QBE S.A.
ART s/ ACCIDENTE O ENFERMEDAD LABORAL” EXP Nº 209334/11, por STJSL-
S.J.–S.D.
Nº 029/16, del 29/03/2016, se señaló: “…La Excma. Cámara, realiza una adecuada
aplicación al caso de autos del fallo “Arostegui” de la CSJN, poniendo énfasis en que la
demanda fue fundada en la Ley especial de Riesgos del Trabajo Nº 24557, con el planteo de
inconstitucionalidad de algunos artículos de dicha norma; planteos que no incluyeron la
inconstitucionalidad del art. 39 LRT.
Por lo que la parte actora no puede reclamar una reparación integral propia de la acción
fundada en el Código Civil, sino la indemnización tarifada…En dicho precedente, también
se recordó que este Alto Cuerpo se ha pronunciado sobre la procedencia de la aplicación de
la formula Vuotto II, pero en las acciones por accidentes de trabajo, que pretenden una
reparación integral, en los autos: “OJEDA, TEÓFILO ADRIÁN y OTRA c/ GREEN S.A. y
ASOCIART S.A. s/ DAÑOS y PERJUICIOS – RECURSO DE QUEJA” STJSL-S.J–S.D.
N° 88/13, de fecha 09/10/13”.-.-
Que esta Cámara ya lo ha dicho en reiterados fallos como R.L. Laboral Nº33/16, autos
“GIL MANUEL AUGUSTO c/ AVERY DENNISON DE ARGENTINA S.A. Y OTROS
S/ ACCIDENTE O ENFERMEDAD LABORAL “Expte. Nº 211852/11 cuando al respecto
afirmó: “El daño sufrido por causa, o en ocasión del trabajo puede ser reparado mediante
dos vías: por medio de las prestaciones previstas en la ley especial …o mediante
indemnización integral de la ley común…” y continua diciendo : “lo que no es posible es
aplicar, en el procedimiento previsto para la determinación de las prestaciones de la ley
24.557, mecanismos o métodos propios para el cálculo cuántico del daño integral en el
marco de la legislación común…” .-
Que el actor, por un lado, para el reconocimiento de su derecho indemnizatorio elige la ley
especial, y por el otro, para el cálculo y determinación de la indemnización , en cambio,
pretende que se utilice una fórmula matemática que habitualmente es empleada en la acción
civil, para determinar la reparación integral que contempla la ley común.-
Que una vez que se opta por una vía legal, no se puede pretender ni acumulación,
integración o complementación de un sistema basado en la seguridad social con uno civil.-
En esta inteligencia ya se enrolaba el Ministro de la Corte, Ricardo Lorenzetti, cuando en el
caso “Torrillo”, cuando dijo: “…b) la sentencia no distinguió correctamente, como es
menester, entre la acción resarcitoria derivada de la ley de riesgos del trabajo (con
consecuencias específicas dentro de ese microsistema normativo) y la que se basa en la
opción por la acción civil (con la exigencia de la prueba de los presupuestos de su
procedencia y, como contrapartida, la reparación plena); c) frente a este panorama, si el
actor decide voluntariamente no puede señalarse que al respecto exista hiposuficiencia
alguna, ya que hay elementos jurídicos claros que brinda el ordenamiento y una
información accesible a bajo costo…”.-
Que este primer agravio de la demandada, no es procedente en lo que se refiere a la falta de
legitimación pasiva, pero sí lo es, en cuanto a que el A quo a incurrido en contradicción
cuando en una acción basada en la ley 24557, aplica la fórmula Vuotto II.-
Continuando entonces con el tratamiento de segundo agravio de la demandada considero
que debe ser rechazado en virtud de que la aseguradora no ha aportado prueba suficiente
que acredite que ha existido un reagravamiento de la lesión padecida por el actor como
consecuencia de su negativa a ser intervenido quirúrgicamente (v. fs. 50).-
En efecto, al ofrecer la prueba pericial médica en su escrito de contestación de demanda, la
accionada no incluye ningún punto de pericia tendiente a determina este hecho y si bien en
la pericia de fs. 226/231 los expertos indican que ha existido efectivamente un
reagravamiento de la lesión, no la atribuyen a la falta de una intervención quirúrgica, sino
al hecho de la que la lesión se hace crónica e irreversible. Y lo más importante, no refieren
que una cirugía hubiera podido revertir dicho cuadro.-
Por lo tanto, teniendo en cuenta que existe una diferencia sustancial entre el grado de
incapacidad determinado por la Comisión Médica Nº 27, del orden del 4% T.O. y la
dictaminada en la Junta Médica Judicial, que asciende al 12.30% de la T.O., corresponde
admitir el pedido formulado por el actor al promover la demanda, en el sentido de condenar
a la aseguradora a indemnizar el mayor grado de incapacidad que se determine en sede
judicial, tomando como pago a cuenta las sumas abonadas por la ART (v. fs. 6 y vta.).-
Finalmente, entrando al agravio vertido en el recurso interpuesto por el actor, el A quo
manda a liquidar desde la fecha de la junta médica realizada el día 15/03/2013, lo que
agravia a la parte recurrente ya que resulta contraria a las constancias de la causa, por
tratarse de un accidente de trabajo, esto es un hecho súbito y violento acecido el día
25/02/2009.-).-
Sucede que tratándose de prestaciones dinerarias reguladas en el marco normativo de la ley
24.557 la determinación de la fecha a partir de la cual se deben calcular los intereses resulta
alcanzada por la normativa del art. 1º de la resolución S.R.T. Nº 414/99.-
Esta norma expresamente establece que “…la mora en el cumplimiento de la obligación de
otorgar las prestaciones dinerarias contempladas en la Ley Nº 24.557 se producirá de pleno
derecho transcurridos treinta (30) días corridos de la fecha en que la prestación debió ser
abonada o el capital depositado, y por el mero transcurso del plazo indicado…” (art. 2º).
Ello significa que, en tales casos, el cálculo de los intereses moratorios debería computarse
desde la fecha de notificación de la sentencia dictada en la instancia de Alzada.-
En efecto, si la cuestión se analiza en el marco normativo citado, es indudable que la
prestación debida por la aseguradora devengará intereses sólo desde el momento en que la
prestación debió ser abonada o el capital depositado, es decir, cuando haya quedado firme
la sentencia definitiva recaída en sede judicial.-
Es por ello que este Tribunal en casos anteriores tiene dicho que la aplicación de esta
normativa (reglamentaria de la ley 24.557) produce un grave perjuicio al trabajador
accidentado que tuvo que litigar durante varios años para que se le reconozca su derecho
indemnizatorio sin que, durante el transcurso de ese procedimiento, previo a la liquidación
de la prestación, no se computen intereses de su crédito. Como contrapartida de ello, en
tales supuestos, la aseguradora resulta beneficiada al no tener que abonar interés alguno
durante ese largo proceso administrativo y judicial. En éste contexto, no cabe duda alguna
que la aplicación de la normativa emanada de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo
luce, en el caso que se analiza, violatoria de los derechos constitucionales del actor.-
Por lo tanto para determinar el momento a partir del cual la prestación dineraria comienza a
devengar intereses, es preciso tener en cuenta, o definir, el momento en que el daño se
considera “consolidado” ya que es a partir de ese momento que el resarcimiento se torna
exigible. Por “consolidación del daño” debe entenderse el momento en que la lesión
incapacitante se considera “permanente” y la víctima del daño toma conocimiento de dicha
circunstancia.-
Es a partir de ese momento cuando la víctima del hecho lesivo tiene derecho a percibir
intereses hasta la fecha en que la accionada ponga a su disposición el capital debido, pues
durante el tiempo transcurrido entre el nacimiento del derecho y el momento en que éste es
reconocido administrativa o judicialmente, se devengan intereses compensatorios (no
moratorios) que deben ser soportados por el deudor.-
De acuerdo con las constancias de la causa, es claro que ese momento se concretó el
26/08/2009, fecha del pronunciamiento de la Comisión Médica Nº 27 en cuyo dictamen se
dejó establecida la patología incapacitante de carácter permanente que sufre el actor (fs.
142 y vta.), independientemente que el porcentaje definitivo de incapacidad recién hayan
quedado determinados en la sentencia dictada por este Tribunal.-
Por las razones expuestas, VOTO A ESTA PRIMERA CUESTIÓN PARCIALMENTE
POR LA AFIRMATIVA.-
A ésta misma primera cuestión, el Dr. Néstor Marcelo Milán dijo: Que compartiendo las
razones y fundamentos dados por la Dra. María Nazarena Chada, vota en igual sentido que
ésta.-