La Operación “Pianista del Burdel” - La gran fiscal de la Argentina K convertida en garante de la Mafia de los Contenedores

261 Pages·2017·2.891 MB·Spanish

by  Jaime Stiuso, Christian Sanz,  Malena Galmarini

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OPERACION
"PIANISTA DEL BURDEL"

PRIMERA PARTE/LIBRO AMARILLO
PLAN AMBICIOSO, PERO NO IMPOSIBLE.

Uno de los cerebros de la “mafia de los
contendores”, tras ser detenido y
encarcelado, aseguró en sede judicial que
la movida involucraba a 9500 grandes cajas
metálicas retenidas por distintos motivos
en las terminales portuarias de Buenos
Aires.
Hizo un cálculo rápido. Si cada “lata” tenía
mercadería por 1,2 ó 1,5 millones de
dólares, el valor total de las telas, prendas
confeccionadas, electrónica y chucherías
para la venta callejera ascendía a una suma
extravagante; oscilaba entre 12 mil y 14 mil
millones de dólares.
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Representaba un monto de dinero superior
a la renta completa anual que el Estado
Nacional les cobra a los productores de
soja.
Eran más dólares que los que el gobierno
argentino dedica cada doce meses a
solventar el déficit energético colosal que
dejó el kirchnerismo.
El Frente para la Victoria había convertido
a la Aduana Nacional en un agujero negro,
de la mano de Ricardo Echegaray.
Los funcionarios que cobraban peajes en
los muelles se volvìan ricos de la noche a la
mañana.
Los “corta-boletos” podían financiar sin
problemas la política local en un abrir y
cerrar de ojos.
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El macrismo se tentó y envió a la
estratégica Dirección General de Aduana a
Juán José Gómez Centurión, un ex militar
carapintada sin la menor expertise en la
importación y exportación de mercaderías.
Sus principales “virtudes” radicaban, en
primera instancia, en que el hombre era
capaz de asumir una dependencia y
tabicarla por completo.
Se había transformado en un acabado
especialista en transformar a las sedes
burocráticas en una suerte de cuartel
gracias al temor generalizado y a las duras
represalias que aplicaba contra quienes no
se alineaban.
Ya había demostrado su efectividad en la
gran generadora de fondos turbios de la
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política porteña: la Agencia General de
Control.
Su segundo gran mérito se basaba en una
reconocida capacidad para “bancar la
parada” y soportar las malas.
Un libro que repasa la vida de los mejores
200 soldados de dos siglos de historia de
nuestras Fuerzas Armadas le dedican una
página completa ya que en la Guerra de
Malvinas este ex mayor del Ejército se ganó
la Cruz al mérito por su valentía en la
acción.
Demostró un gran arrojo para asistir a sus
compañeros heridos en la decisiva batalla
de Ganso Verde, en las cercanías de Puerto
Argentino.
Treinta años más tarde, también cubrió a
sus superiores inmediatos y se hizo cargo
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en buena medida del desastre de Iron
Mountain, un galpón incendiado en el
barrio de Barracas cuyo siniestro se llevó la
vida diez bomberos y rescatistas.
Esta empresa custodiaba importante
documentación de empresas privadas pero
nunca cumplimentó debidamente los
planes de emergencia para evacuación del
predio.
Pese a ello, Iron Mountain siguió
funcionando sin inconvenientes hasta el
día de su colapso.
A principios de 2016, las cartas estaban
sobre la mesa de la DGA: la liberación de
los 9.500 contenedores generaría un
torrente de alegría para los agentes que se
ocuparan de levantar las alarmas que
retenían las cargas en el Canal Rojo.
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Un héroe estaría a cargo de la gigantesca
operación y eso acotaría las naturales
suspicacias que se generarían en el
ambiente
JJGC debía ser capaz de desplazar y
reemplazar a casi todos los agentes de
control interno existentes para poner tropa
propia.
Los nuevos no iban a cuestionar su laxitud
a la hora de pasar cientos de semáforos al
color verde.
Gómez Centurión se transformó, gracias a
una resolución interna de Aduana que él
mismo ordenó, en una suerte de Rey
Midas.
A partir de la llamada “578” todo lo que
tocaba se convertía en oro ya que el
mencionado número mágico permitía que
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cada container que permanecía en calidad
de rezago (por problemas de peso,
contenido o papeles) pudiera ser
recategorizado e ingresado sin demasiados
inconvenientes al mercado argentino.
Se les permitió a las flamantes autoridades
aduaneras cambiarles a las “latas” su
identificación, llamada B/L (Bill of lading), y
tambièn modificar en las pantallas de
control su puerto de partida.
El sistema informático María, diseñado
para ordenar nuestro comercio exterior, se
volvió fácilmente vulnerable.
La banda de delincuentes que funcionó a
menos de cinco cuadras de la Casa Rosada
modificaba en un santiamén el origen
geográfico de los bienes adquiridos por
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supuestos comerciantes locales y también
la razón social de las firmas importadoras.
En lugar de proteger las cargas que tenían
en custodia, los integrantes de esta
organización criminal aprovecharon sus
privilegiadas posiciones dentro de la
pirámide estatal para liberar los bienes a
cambio de suculentas coimas.
Según el “informante” privilegiado del
titular de la DGA, un empresario con
pésimos antecedentes judiciales y
policiales llamado Carlos Oldemar Barreiro
Laborda, se cobraban 125 mil dólares para
hacer la vista gorda con las cajas que
contenían productos de electrónica, cien
mil por las que portaban textiles y una
suma similar por las baratijas calificadas
como “boludeces del Once”.
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Sin embargo, como suele ocurrir en
nuestro país, “el problema no es el robo,
sino el reparto”.
En su supuesto avance contra el crimen
organizado, Gómez Centurión tocó
intereses de ex agentes de inteligencia
quienes se encargaron de demostrar que
no había buenos y malos en la lucha
desatada.
Se habían plantado en el ring el
Frankestein de Mauricio Macri contra el
Drácula de los K y el Hombre Lobo de los ex
Side.
Nada bueno podía salir de semejante
trifulca.
Los topos de “La Casa” grabaron las
conversaciones de la delictiva entente
mixta de agentes estatales y “empresarios”
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