La justicia en construcción: derechos y género ante los tribunales y los medios de comunicación de América Latina

372 Pages·2012·1.849 MB·Spanish

by  Natalia Gherardi (editor)

LA JUSTICIA EN
CONSTRUCCIÓN
Derechos y género ante los tribunales y los medios
de comunicación en América Latina
Articulación Regional Feminista por los Derechos
Humanos y la Justicia de Género.

LA JUSTICIA EN
CONSTRUCCIÓN
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Derechos y género ante los tribunales y
los medios de comunicación en América Latina
Articulación Regional Feminista por los Derechos
Humanos y la Justicia de Género.
La Justicia en construcción: derechos y género ante los tribunales y los medios de
comunicación de América Latina / dirigido por Natalia Gherardi - 1a ed. - Buenos Aires:
Equipo Latinoamericano de Justicia y Género- ELA; Equipo Latinoamericano de Justicia
y Género- ELA, 2012
368; 23 x 15 cm.
ISBN 978-987-26196-5-7
1. Derechos Humanos. 2. Estudios de Género. I. Gherardi, Natalia, dir.
CDD 323
Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), 2011
Tucumán 1581 5to piso Oficina 10 B – C10510AAE - Buenos Aires
[email protected] - www.ela.org.ar
Impreso en la Argentina
Diseño gráfico: María Marta Parodi
Impresión: Triñanes Gráfica, Charlone 971, Avellaneda, Buenos Aires – Argentina
Febrero 2012.
Permitida su reproducción citando las fuentes.
Este libro cuenta con el auspicio del Gobierno de Holanda a través del MDG3 Fund.
LA JUSTICIA EN CONSTRUCCION
Monitorear derechos para construir justicia - Natalia Gherardi 5
I. La agenda pendIente 15
Haydée Birgin 17
Marta Lamas 23
Rebeca Grynspan 33
II. derecho y género ante Los trIbunaLes de justIcIa 39
derecho a una vida libre de violencia 41
Josefina Durán 43
Patsilí Toledo Vázquez 45
Corporación Humanas Colombial 59
Coordinadora de la Mujer 71
derecho a la igualdad en la vida pública y política 89
Josefina Durán 91
María Inés Zigarán y Alicia Chalabe 93
Roxana Arroyo Vargas 121
derecho a la no discriminación en la formación profesional y el empleo 137
Josefina Durán 139
Mariela Puga y Romina Otero 141
Maria Jennie Dador 161
derechos sexuales y reproductivos 171
Josefina Durán 173
Paola Bergallo 175
Helena Olea 209
Luis Saenz Dávalos 231
Andrea Parra 255
derecho a la no discriminación en las relaciones familiares 271
Josefina Durán 273
Paula Viturro 275
Mauricio Albarracín Caballero 287
Fabiola Lathrop Gómez 305
III. La vIoLencIa contra Las mujeres en Los medIos de comunIcacIón 337
Mariana Morelli y Paula Rey 339
Acerca de las autoras y autores 365

Monitorear derechos para construir justicia:
los derechos de las mujeres en las cortes y los medios
de comunicación
Natalia Gherardi
La iniciativa de monitorear los derechos de las mujeres en América Latina a tra-
vés del seguimiento de las sentencias de las cortes de justicia y de las noticias
publicadas en los medios de comunicación estuvo fundada en dos conviccio-
nes. Por un lado, que el marco normativo internacional y nacional de los países
de la región es amplio y suficiente, de modo tal que -con una interpretación
integral y respetuosa de los estándares internacionales- los derechos humanos
de las mujeres deberían encontrar un marco regulatorio adecuado para asegu-
rar su protección. Por otro lado, que tanto los discursos de los operadores de
justicia a través de sus sentencias como los de los comunicadores sociales en
sus coberturas periodísticas, contribuyen a consolidar una mirada particular
sobre las mujeres, sobre los roles de género que les son asignados y sobre el
respeto que sus derechos merecen por parte de la sociedad en su conjunto.
El objetivo de los Observatorios de Sentencias Judiciales y de las Mujeres en
los Medios creados en 2009 por las organizaciones que conformamos la Ar-
ticulación Regional Feminista por los Derechos Humanos y la Justicia de Gé-
nero es contribuir a los debates necesarios sobre las condiciones de vigencia
efectiva de los derechos consagrados en los tratados, las constituciones y las
leyes. También, sobre las vinculaciones entre los derechos que se disputan
ante los tribunales de justicia, la agenda de los medios de comunicación y
los efectos de ambos discursos en la sociedad.1 Los Observatorios creados y
las reflexiones a las que dieron lugar los materiales incluidos en sus bases de
datos de acceso público constituyen herramientas que aspiran a consolidarse
como un aporte útil para los debates sobre género y justicia en la región.2
La recuperación de las democracias en muchos países de América Latina co-
incidió con un contexto internacional favorable y el desarrollo de un marco
propicio para la protección de derechos. De la mano de reformas constitu-
cionales, ratificación de tratados internacionales de derechos humanos y la
incorporación de herramientas procesales novedosas se avanzó en el camino
hacia el desarrollo de actores judiciales más abiertos a escuchar las deman-
1 La Articulación Regional Feminista está integrada por organizaciones de Argentina (ELA - Equipo
Latinoamericano de Justicia y Género), Bolivia (Coordinadora de la Mujer), Chile, Colombia, Ecua-
dor (Corporación Humanas, presente en los tres países), Guatemala (La Cuerda), México (EQUIS,
Justicia para las Mujeres) y Perú (Demus - Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer).
La página web ofrece mayor información sobre su creación, objetivos, trabajos y alianzas (www.
articulacionfeminista.org).
2 Las páginas de Internet de la Articulación Regional Feminista y de las organizaciones que las
componen incluyen el acceso libre y gratuito a los Observatorios y a los materiales elaborados a
partir del análisis de su contenido.
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das de grupos sociales que perseguían distintas formas de reparación frente
a las violaciones de sus derechos. Sin embargo, este contexto no pudo ser
aprovechado del mismo modo por diferentes grupos. Por el contrario, grandes
colectivos de personas continúan siendo discriminadas y viviendo en situacio-
nes de desventaja social y económica frente a disímiles oportunidades para
plantear reclamos administrativos o judiciales conducentes al reconocimiento
de sus derechos. Entre estos grupos se encuentran las mujeres de América
Latina, en toda su diversidad, cuyas condiciones de desarrollo social y econó-
mico aún resultan adversas para el pleno ejercicio de su autonomía.3
El escaso uso del sistema legal y de sus herramientas para promover los de-
rechos de diversos grupos desaventajados ha sido objeto de reflexión desde
la academia, la sociedad civil y los organismos internacionales. La estrategia
legal, tan arraigada en costumbres anglosajonas, no ha recibido siempre
el mismo ímpetu en la región aún cuando ha habido incipientes y promiso-
rias experiencias en materia de derechos económicos y sociales y justicia
transicional, entre otros. Pero los avances producidos en la consagración
de derechos de las mujeres pocas veces fueron de la mano de estrategias
jurídicas impulsadas por activistas y sus organizaciones ante los tribunales
de justicia.
Las controversias que se plantean ante el Poder Judicial, ya sea entre parti-
culares o frente al Estado, son apenas un indicador de ciertos derechos en
disputa que no encuentran satisfacción a través de otros canales de negocia-
ción previos a la demanda judicial. Sin duda, no son más que una muestra de
las necesidades jurídicas insatisfechas de la población, muchas de las cuales
no encuentran respuesta como consecuencia de los variados obstáculos ma-
teriales y subjetivos que no pueden ser superados por grandes colectivos de
personas.
La realidad de las mujeres de América Latina nos muestra una región teñida
por la desigualdad: con alarmantes índices de mortalidad materna y morta-
lidad infantil, desigual acceso a la salud y a la educación de calidad, discri-
minación de las mujeres rurales y de las mujeres pertenecientes a pueblos
originarios, y una violencia sexista que persiste aún frente a las herramientas
legales implementadas en los países de la región. Los avances en la conquis-
ta de los derechos claramente no encuentran un correlato en la transforma-
ción de la realidad de muchas mujeres. Frente a la violación de un derecho,
el remedio que ofrece el sistema democrático es el reclamo judicial. Así, en
el monitoreo de las sentencias de las cortes de justicia incluidas en nuestro
3 Para una descripción del estado de vigencia y respeto de los derechos de las mujeres en Ar-
gentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, México y Perú véase el Informe regional de derechos
humanos y justicia de género 2011, preparado por la Articulación Regional Feminista como parte
del trabajo de documentación sobre el cumplimiento de los estándares de derechos humanos en
cada uno de los países parte. La publicación contiene un diagnóstico actualizado en materia de
participación política de las mujeres, violencia, justicia de género, autonomía y familias, derechos
sexuales y reproductivos, trabajo y generación de ingresos, educación, multiculturalidad y plurina-
cionalidad, y mujeres migrantes. Disponible en www.articulacionfeminista.org.
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Observatorio de Sentencias Judiciales encontramos procesos vinculados con
violencia, agresiones sexuales, reclamos por el reconocimiento de derechos
civiles, divorcios, alimentos, problemas vinculados con el reconocimiento del
trabajo reproductivo y la protección en el empleo, violaciones de los derechos
sexuales y reproductivos, por nombrar sólo algunos de los que encuentran a
las mujeres como sus principales protagonistas.
Sin duda hay obstáculos económicos, geográficos, culturales y simbólicos que
dificultan el acceso a la justicia, es decir, las posibilidades de activar los meca-
nismos institucionales existentes para demandar la vigencia de los derechos.
Muchos de estos obstáculos afectan de un modo particular a las mujeres, sus
organizaciones y, en general, a las y los activistas de derechos humanos. Sin
embargo, en aquellos casos en que es posible superar estas dificultades y
barreras para el acceso, es interesante analizar cuál es la respuesta del Poder
Judicial ante estos reclamos.
El Observatorio de Sentencias Judiciales fue creado en 2009 como un aporte
en esa dirección. Se trata de una herramienta que recopila, monitorea y di-
funde las decisiones de los tribunales de justicia de Argentina, Bolivia, Chile,
Colombia, Ecuador y Perú4 con el objetivo de identificar en qué medida la jus-
ticia recibe y procesa los reclamos por el ejercicio efectivo de los derechos de
las mujeres en temas tales como participación política, trabajo reproductivo,
empleo, derechos sexuales y reproductivos, violencia, derechos civiles, entre
otros. Montado sobre una base de datos interactiva establecida en una página
de Internet de libre acceso, contiene las decisiones más importantes de los
tribunales superiores de justicia, cortes constitucionales y otros tribunales de
cada país en materia de derechos de las mujeres, las definiciones y normas
jurídicas utilizadas y sus condiciones de ejecución.
Desde su inicio, la base de datos del Observatorio de Sentencias Judiciales
ha reunido más de 1000 decisiones entre todos los países que integran el
proyecto, organizadas a partir de los derechos consagrados en la Convención
para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer
(CEDAW, por sus siglas en inglés). Todas estas sentencias resuelven contro-
versias entre particulares o apelaciones directas a las obligaciones del Estado
vinculadas con los derechos de las mujeres, las condiciones de su vigencia y
la interpretación de normas de jerarquía constitucional que garantizan el dere-
cho a la igualdad, la no discriminación y la autonomía personal.
A partir de la información contenida en el Observatorio de Sentencias Judicia-
les es posible relevar los casos que se litigan ante la justicia, qué derechos
involucran, quiénes los llevan adelante, qué argumentos invocan, en qué me-
dida respetan los estándares internacionales para la protección de los dere-
chos humanos y cómo se resuelven en las cortes nacionales.
4 A este trabajo se ha sumado más recientemente México a través del trabajo de Equis, Justicia
para las Mujeres.
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La construcción del Observatorio supuso un reto metodológico que es al mis-
mo tiempo un tema de preocupación. El Poder Judicial, como uno de los po-
deres del Estado, se encuentra alcanzado por la obligación de publicidad de
los actos de gobierno que se deriva de los principios que nutren el sistema
democrático y republicano, facilitando el acceso a la información pública. A
pesar de la demanda de la sociedad civil organizada, varios países de la re-
gión no cuentan todavía con legislación específica sobre el tema. Mientras se
continúa impulsando su regulación, corresponde trabajar para profundizar la
obligación del Poder Judicial de responder a los estándares de transparencia,
información y rendición de cuentas que se encuentran íntimamente asociados
con la recolección de información estadística y su divulgación.
Las dificultades para acceder a la justicia que enfrenta la población en ge-
neral y las mujeres en particular son muchas y variadas. Para avanzar en su
comprensión y en el diseño de políticas reparadoras, es necesario desarrollar
estudios de tipo cualitativo que permitan ir desanudando algunos de estos
problemas. Hay distintas fuentes de información relevantes a estos efectos.
Por un lado, la información estadística sobre las denuncias, las causas, los
tiempos de su tramitación y el resultado de los procesos. Por otro lado, el texto
de las sentencias judiciales a través de las cuales se resuelven los casos, dic-
taminando la interpretación judicial del derecho vigente.
El principio que indica que -los jueces sólo hablan a través de sus sentencias-
remite a la voz autorizada que las sentencias tienen respecto de lo que es el
derecho pero también implica que las sentencias son el modo más adecuado
para la comunicación entre el Poder Judicial y la sociedad. Si esto es así, cobra
mayor relevancia el conocimiento que una sociedad democrática, basada en
valores republicanos, debe tener de los pronunciamientos de sus tribunales
de justicia. La ciudadanía tiene derecho a conocer las razones de las decisio-
nes que la afectan, y es por esto que el Poder Judicial debe actuar sobre la
base de un principio de transparencia informativa.
En América Latina no hay una práctica uniforme en cuanto a la publicidad
de las sentencias. A excepción de aquellas cortes superiores o constitucio-
nales que cuentan con una base de datos en Internet en la que difunden sus
decisiones, éstas son generalmente reunidas en publicaciones privadas con
fines comerciales, lo que condiciona el tipo de sentencias que se divulgan, los
sistemas de clasificación y su accesibilidad restringida a clientes. Otra tarea
pendiente radica en mejorar los criterios de clasificación de modo de visibilizar
algunas problemáticas disimuladas bajo categorías neutras en términos de
género.
El resguardo de la privacidad de las personas involucradas en un proceso
es fundamental, pero no necesariamente debe constituirse en un obstáculo
insalvable para la difusión del contenido de la decisión judicial. En las causas
vinculadas con temas sensibles, en las que se busca evitar la revictimización
de las personas y en particular de menores de edad, es posible recurrir a es-
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