Informe sobre la Formación Profesional Reglada en Andalucía

90 Pages·2004·1.26 MB·Spanish

Informe sobre la FP en Andalucía
Síntesis
INTRODUCCIÓN

El nuevo contexto económico y social, caracterizado por una rápida globalización de la economía, la
incorporación vertiginosa de nuevas tecnologías y nuevos modelos de organización del trabajo, la
amenaza de desempleo y los desajustes derivados de esta situación (subempleo, empleo precario o
empleo inadecuado), ha obligado a las Administraciones Públicas -tanto en España como en los países
de nuestro entorno- a introducir reformas en los sistemas de formación y cualificación profesional, de
tal modo que éstos sean capaces de dar una respuesta rápida y eficaz a las necesidades impuestas por
las transformaciones operadas en el modelo tecnológico y productivo en general, donde estrategias y
productos son reemplazados o alterados significativamente en periodos de tiempo muy cortos.

Un nuevo modelo económico basado en el incremento de la productividad, en la innovación y en la
competitividad, provoca reajustes permanentes del mercado laboral e implica nuevos requisitos de
competencias y cualificaciones para los trabajadores, a los que se les exige una gran autonomía y
capacidad para adaptarse a los cambios, so pena de verse excluidos de un mercado que exige
polivalencia y movilidad. En este contexto, el sistema educativo y la formación profesional se
convierten en factores estratégicos para el progreso económico y social de los países. Pero, para ser
eficaces, resulta imprescindible realizar una actuación integrada -con objetivos evaluables y
articulados mediante observatorios permanentes de prospectiva laboral- y establecer una mayor
vinculación entre el sistema productivo y educativo. Sólo así se podrá garantizar el derecho de todos
los ciudadanos a cualificarse adecuadamente a lo largo de toda la vida.

En este sentido, cabe destacar la importancia que cobra la participación e implicación de los agentes
sociales en el diseño global de la formación, en el desarrollo de los procesos de adquisición de
competencias profesionales dentro del sistema global de Formación Profesional y en el seguimiento y
evaluación tendentes a lograr niveles de calidad adecuados a las exigencias de los ciudadanos y de las
empresas.

Desde la Ley de la Formación Profesional Industrial (1955), que supuso la primera regulación bien
estructurada de dicha formación (fijando los niveles de Oficialía y de Maestría), pasando por la Ley
General de Educación de 1970 (estructurada en tres niveles -FP1, FP2 y FP3- aunque este último
nunca se llegó a implantar), se han producido avances notables, que han afectado tanto a la Formación
Profesional gestionada por las Administraciones públicas (educativas y laborales) como a la llevada a
cabo por el sistema productivo y la dirigida a los trabajadores ocupados. Entre ellos cabe destacar:

(cid:131) La Ley Orgánica 1/1990 de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE) acomete una
reforma profunda de la formación profesional, consciente de que se trata de uno de los problemas
del sistema educativo que precisan de una solución más profunda y urgente y de que es un ámbito
de la mayor relevancia para el futuro del sistema productivo. De ahí que le encomiende la
preparación de los alumnos para la actividad en un campo profesional y su capacitación para el
desempeño cualificado de las distintas profesiones (competencia profesional), proporcionándoles
una formación polivalente que les permita adaptarse a las modificaciones laborales que puedan
producirse a lo largo de su vida. A partir de su promulgación y desarrollo, España se sitúa entre los
países europeos que cuentan con una Formación Profesional Específica realmente moderna.

(cid:131) Los dos Programas Nacionales de Formación Profesional (1993 y 1998) han supuesto la
consolidación de este sistema y un importante respaldo al papel que la formación profesional debe
jugar en el desarrollo de los recursos humanos en nuestro país; pero ninguno de los dos ha sido
suficientemente desarrollado y sus postulados, aun siendo compartidos por todos, no han
encontrado unas veces los medios y otras veces la voluntad política para llevarlos a cabo con la
suficiente celeridad. De hecho, se han aplazado una y otra vez las decisiones necesarias para la
aplicación de las medidas previstas en ellos, incumpliendo sistemáticamente los plazos para su
ejecución.

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(cid:131) La Ley Orgánica 5/2002 de las Cualificaciones y de la Formación Profesional tiene como finalidad
la ordenación de un sistema integral de formación profesional, cualificaciones y acreditación, que
integre las diversas modalidades formativas (reglada, ocupacional y continua). Esta ley nace sin
haber realizado ninguna evaluación de lo que se había conseguido con la LOGSE y con una
necesidad de desarrollo excesivamente grande, por lo que el diálogo, el consenso y los acuerdos
entre Gobierno del Estado, Comunidades Autónomas y agentes sociales deben convertirse en un
requisito previo y fundamental para su correcta implantación.

Por todo ello, el actual modelo de formación profesional -diseñado desde unas concepciones que se
han visto desbordadas por las realidades de la nueva economía- presenta ciertas rigideces en su
estructura que limitan su capacidad de reacción, y mucho más de anticipación, ante los cambios que se
producen en el sistema de producción de bienes y servicios y en la sociedad en su conjunto. Una serie
de desajustes definen esta situación: su subdivisión en tres subsistemas (Reglada, Ocupacional y
Continua) con escaso nivel de integración; la pluralidad de Administraciones que intervienen en su
gestión (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, Consejería de Educación y Ciencia, Ministerio
de Trabajo y Asuntos Sociales, Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico); el distinto grado de
implicación de los agentes sociales; su impartición en centros de diversa índole y por profesionales
con diferente cualificación; la inexistencia o inadecuación del sistema de evaluación y control del
proceso formativo; la inexistencia de un catálogo común de cualificaciones que contemple unos
requisitos comunes de las diversas ofertas formativas, con independencia del colectivo al que se dirija;
etc. Todo ello produce una sensación de dispersión e, incluso, de duplicidad y dispendio de recursos,
que no es justificable ni social ni económicamente.

Si se analizan los tres subsistemas por separado, tales deficiencias se perfilan de modo más preciso:

(cid:131) La Formación Profesional Específica, aun estando perfectamente estructurada, adolece de ciertos
problemas para adecuar su oferta formativa a las necesidades del entorno productivo ya que,
básicamente, su implantación depende de la red de Institutos de Secundaria. En estos centros, es
impartida por personal funcionario, con destino consolidado, lo que ha condicionado la
implantación de los ciclos formativos y limitado su rotación. La propia dinámica de aprobación de
nuevos títulos (Real Decreto de enseñanzas mínimas del MECD y desarrollo por Decreto en cada
Comunidad Autónoma), hace que su respuesta ante nuevas demandas de formación se demore
considerablemente.

(cid:131) La Formación Profesional Ocupacional aparece ligada a las políticas activas de empleo, como
modo de potenciar la inserción y reinserción profesional, en especial de ciertos colectivos con
dificultades para acceder al mercado laboral (mujeres, jóvenes, personas con discapacidad, etc.).
El modelo se ha desarrollado básicamente mediante la concesión de subvenciones a una red de
entidades formativas privadas (centros homologados) que, con frecuencia, centran su oferta en
especialidades con escasos requerimientos de inversión en infraestructuras y medios, en
detrimento de otras con mayor capacidad de inserción laboral.

(cid:131) El modelo de Formación Continua, caracterizado por una escasa participación de trabajadores y de
las PYMEs, con preponderancia de los planes de oferta (de los centros de formación) sobre los
planes de demanda (de las necesidades de las empresas) y con un sistema de gestión poco
transparente, ha acumulado una serie de disfunciones que han hecho necesaria una reforma del
modelo, que entrará en vigor en 2004. Aun considerando que los agentes sociales deben estar en la
base del sistema, sería conveniente que las Comunidades Autónomas asumieran competencias
crecientes en su gestión.

Ante esta situación, es necesario hacer hincapié en algunos aspectos especialmente relevantes, a los
que se deberían dedicar esfuerzos y atención prioritarios:

(cid:131) Potenciar una sólida formación de base que permita a los futuros profesionales la adquisición de
aquellos conocimientos científicos y tecnológicos que, cada vez en mayor medida, exigen los
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sistemas de producción de bienes y servicios modernos y competitivos. Sin la madurez intelectual,
instrumental y personal que estos estudios deben aportar, no se puede concebir la formación de los
futuros profesionales cualificados y de los futuros técnicos y mandos intermedios.

(cid:131) La elaboración del Catálogo Nacional de Cualificaciones y su correspondiente Catálogo Modular
de Formación, que identifique las necesidades reales de cualificaciones requeridas por el sistema
productivo y el mercado laboral, que permita la integración de la oferta de los tres subsistemas y
posibilite, por último, un sistema integrado de evaluación, acreditación y reconocimiento de la
competencia profesional.

(cid:131) Redistribuir los recursos, tanto públicos como privados, destinados a la Formación Profesional,
invirtiendo una parte importante de los fondos europeos en el desarrollo de una red pública de
centros integrados y específicos que responda a las necesidades actuales y futuras de formación.

(cid:131) Establecer convenios entre las empresas y los centros educativos que vayan más allá de la simple
colaboración en la formación en centros de trabajo, haciendo que el sector empresarial se implique
de modo más activo en acciones formativas con compromiso de inserción laboral y en ámbitos
tales como la cesión de materiales, maquinaria y equipos, la realización de estancias del
profesorado en las empresas, etc. Un mejor conocimiento mutuo y unas relaciones más estrechas,
sin duda contribuirían a adaptar la formación impartida a los requerimientos reales de las empresas
y, simultáneamente, a facilitar la inserción laboral de los titulados de FP con el reconocimiento
laboral que por su cualificación profesional les corresponde.

(cid:131) Crear un observatorio permanente del mercado laboral y coordinar los diversos servicios de
orientación profesional y del mercado laboral.

La importancia de los recursos humanos y materiales invertidos en formación profesional en nuestra
Comunidad, hace aconsejable su dependencia de una única unidad administrativa, que estaría
encargada de la gestión del Sistema Andaluz de Formación Profesional en el ámbito competencial de
la Junta de Andalucía.

Este Informe tiene un doble objetivo: Por una parte, hacer una descripción lo más completa posible de
todos los ámbitos de la Formación Profesional -tal y como está configurada actualmente- de forma que
sirva como un documento para la difusión de las múltiples posibilidades de formación existentes; en
relación con ello, se abordan aspectos como la normativa reguladora, se describe su organización y
funcionamiento y se analiza su incidencia en la sociedad andaluza (centros y participantes en cada una
de las ofertas formativas, distribución geográfica, etc.). Por otra parte, quiere aportar algunas
sugerencias o propuestas de mejora que, desde las distintas sensibilidades educativas y sociales
representadas en el Consejo Escolar de Andalucía y desde la perspectiva de la participación y del
consenso, pensamos que pueden contribuir a la mejora del sistema de formación y, en definitiva, al
bienestar de la sociedad andaluza.

En el Capítulo I. EL MERCADO DE TRABAJO Y LA CUALIFICACIÓN DE LOS
RECURSOS HUMANOS se aborda la relación existente entre el sistema andaluz de producción de
bienes y servicios y la estructura de formación de los recursos humanos, analizando los diferentes
ámbitos que conforman el mercado laboral (recursos humanos: población activa, población ocupada,
desempleo; tejido empresarial y panorama de la contratación); se muestra a continuación su evolución
y la contribución de la cualificación profesional a la inserción profesional, presentándose las grandes
líneas de actuación de las políticas activas de empleo. Con el fin de facilitar la mejor comprensión de
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la ubicación y relación de las distintas opciones formativas que serán objeto de análisis
individualizado en capítulos sucesivos, se describe el marco general de configuración del sistema
educativo y profesional existente en la actualidad.

El Capítulo II. LA FORMACIÓN PROFESIONAL ESPECÍFICA describe la configuración del
subsistema de Formación Profesional Reglada, dependiente de la Administración educativa, desde
todas sus vertientes: competencias, Catálogo de Títulos, red de centros, oferta formativa,
escolarización, evaluación y titulación, distintas modalidades existentes (adultos, a distancia, por
módulos), etc. y analiza diferentes factores de calidad, tales como la formación del profesorado y la
orientación académica y profesional, pasando por ciertas valoraciones sobre su consideración social e
índices de inserción profesional.

En el Capítulo III. OTRAS ENSEÑANZAS PROFESIONALIZADORAS se recogen otras ofertas
formativas, como las Enseñanzas de Régimen Especial (Música, Danza, Arte Dramático, enseñanzas
deportivas, dedicando una especial atención a las enseñanzas de Artes Plásticas y Diseño, dada su
similitud con Ciclos Formativos de FPE), los Programas de Garantía Social de Iniciación Profesional y
enseñanzas dependientes de otros organismos (profesiones marítimas, formación agrícola y formación
de las Fuerzas Armadas), mostrando su ubicación en el sistema formativo general.

El Capítulo IV. LA FORMACIÓN PROFESIONAL OCUPACIONAL está dedicado a la
descripción de la oferta formativa gestionada por la Administración laboral y orientada a fomentar,
dentro de las políticas activas de empleo, la inserción profesional de la población activa desempleada
(competencias, Plan de Formación e Inserción Profesional, Repertorio de Certificados de
Profesionalidad, Escuelas Taller, Casas de Oficios y Talleres de Empleo, etc.) dedicando una especial
atención a su desarrollo en Andalucía y a los índices de inserción laboral.

El Capítulo V. LA FORMACIÓN PROFESIONAL CONTINUA presenta la configuración de este
subsistema y analiza la participación de trabajadores y empresas en las acciones formativas destinadas
a la población ocupada.

En el Capítulo VI. PROGRAMAS Y FONDOS EUROPEOS se analiza la contribución de los
Fondos Europeos a la cohesión económica y social de los países miembros de la Unión Europea,
prestando especial atención al Programa Operativo Integrado de Andalucía y al Fondo Social Europeo
para el desarrollo de los recursos humanos; se presentan los principales programas europeos
encaminados a fomentar la movilidad en materia de educación, de formación y de investigación y
diversas iniciativas europeas para el desarrollo de la Formación Profesional, tales como el Foro
Europeo para la Transparencia de las Cualificaciones, el Foro Europeo de Calidad de la Formación
Profesional o el Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional.

Finalmente, el Capítulo VII. COORDINACIÓN DE LOS TRES SUBSISTEMAS recoge los
principales organismos, programas y planes, tanto a nivel estatal como autonómico, con competencias
en la programación general de la oferta de formación profesional y las iniciativas puestas en marcha
desde la aprobación de la Ley Orgánica de las Cualificaciones y de la Formación Profesional para el
establecimiento de un Sistema Nacional de Cualificaciones Profesionales.

En los ANEXOS, uno por cada capítulo, se ha recogido información relevante sobre aspectos muy
variados: tablas estadísticas que completan los datos que se presentan en el cuerpo del Informe,
recopilaciones de normativa reguladora y desarrollos legislativos que pueden resultar de interés (por
ejemplo, convalidaciones establecidas entre diferentes ciclos formativos y módulos profesionales,
contenidos y materias específicas de las pruebas de acceso a los ciclos formativos, acceso a la
Universidad, oferta formativa detallada por especialidades y provincias, etc.). Cuenta, además, con un
GLOSARIO destinado a facilitar la comprensión de diversos términos que, por su carácter técnico,
pueden resultar de más difícil interpretación.

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I. EL MERCADO DE TRABAJO Y LA CUALIFICACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS

La organización del trabajo evoluciona hacia un modelo de funcionamiento que se caracteriza por una
gran flexibilidad en las formas organizativas de los sistemas de producción de bienes y servicios. La
rápida evolución de las tecnologías, en especial las de la información, las permanentes
transformaciones económicas y los cambios en las estructuras de organización empresarial generan
modificaciones en las cualificaciones profesionales y en las competencias que las conforman, por lo
que es necesario contar con recursos humanos cualificados y permanentemente actualizados para
contribuir a la generación y mantenimiento del empleo. En los nuevos procesos de producción, las
actividades de control, regulación y supervisión adquieren protagonismo y se demanda un mayor
empleo de conocimientos científicos y tecnológicos. Paralelamente, el alto nivel de desempleo de
carácter estructural existente en nuestra Comunidad, debido en parte a los cambios anteriormente
indicados, supone un reto constante de formación y cualificación, especialmente en lo que atañe a
ciertos grupos de población.

En este sentido, las políticas activas de empleo, entendidas como el conjunto de actuaciones que
inciden directamente sobre el mercado de trabajo al objeto de dotarlo de una mayor eficacia y
transparencia y de corregir sus posibles desequilibrios y desajustes, juegan un papel trascendental, ya
que tienen como misión mejorar la cualificación profesional de la población, facilitar la inserción
laboral de los desempleados e incentivar la creación de empleo estable, objetivos que sólo podrán
alcanzarse en un clima favorable al diálogo social en el marco de las relaciones laborales y del
mercado de trabajo en el que prime la colaboración de todos los sectores implicados.

La evolución demográfica y el estudio de la población activa ponen de manifiesto, desde el punto de
vista del mercado de trabajo, los aspectos cuantitativos de los recursos humanos. El análisis de su nivel
de formación nos permite resaltar los elementos cualitativos. En este sentido, resulta imprescindible:

(cid:131) Conocer la situación actual de la formación de los recursos humanos, especialmente en términos
de su adecuación o no a los requerimientos de la demanda de trabajo y si se producen
disfunciones entre la formación suministrada por el sistema educativo y las acciones formativas y
las características de los puestos de trabajo que demanda el sistema productivo.

(cid:131) Identificar en términos diferenciados los colectivos potencialmente demandantes de formación
profesional, a fin de poder determinar el tipo de oferta de formación que sea más adecuada e
idónea para cada uno de ellos.

(cid:131) En el marco de una nueva concepción de la formación profesional, se debe establecer un plan
individual de formación permanente para cada trabajador, que debe ser un derecho cuyo
ejercicio, a lo largo de toda la vida profesional, implica un conjunto de medidas políticas,
económicas y laborales que lo hagan posible.

(cid:131) Cada trabajador debe actualizar sus conocimientos constantemente, añadir nuevas titulaciones,
nuevas cualificaciones profesionales a su CARTILLA INDIVIDUAL FORMATIVA, para aumentar
sus posibilidades de inserción laboral así como su promoción profesional.

(cid:131) La actualización permanente de los trabajadores debe implicar un reconocimiento, tanto humano
como económico, por parte de las empresas y una reivindicación constante de las organizaciones
sindicales, siguiendo los procesos democráticamente establecidos de consenso y diálogo social.

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1. EL MERCADO DE TRABAJO EN ANDALUCÍA

Los recursos humanos se analizan aquí desde el punto de vista de su contribución al proceso
productivo, de su aportación a la generación de valor como pieza central del mismo y, de forma muy
especial, desde la perspectiva de sus interrelaciones con el mercado de trabajo. Su conocimiento
permite obtener información sobre el grado de utilización de los recursos, sobre las posibles
ineficiencias y, a partir del análisis de la cualificación de los recursos humanos, sobre su aptitud ante
los requerimientos que imponen las innovaciones en los procesos productivos y las nuevas
tecnologías, así como las posibles disfunciones entre niveles de formación ofertados y demandados. Se
podrá así mejorar la capacidad de las distintas ofertas formativas para dar una respuesta más adecuada
a las demandas que derivan de los cambios tecnológicos y de los que se producen en la realidad
económica y social.

Considerado globalmente, el mercado de trabajo andaluz no se diferencia demasiado, ni en sus
características ni en su evolución, del resto del Estado. Sin embargo, pese a unas tasas de crecimiento
relativamente altas (24,2% en el periodo 1990-2001, frente al 23,1% del conjunto del Estado), la
capacidad de generación de empleo que la economía andaluza ha tenido en la última década no ha sido
suficiente para suministrar ocupación a una población activa que continúa creciendo a una tasa
superior a la nacional (18,7%, frente a 13,1%). Como consecuencia, persiste una elevada tasa de paro
(22,1% en 2001), lo que constituye uno de los factores más desequilibrantes de la economía andaluza.

Uno de los rasgos más significativo del mercado de trabajo andaluz es su baja tasa de actividad
(49,7% en 2001), inferior a la nacional (51,6%) y todavía alejada de la media europea (56,3%),
indicativa de la existencia de una bolsa de incorporación potencial al mercado de trabajo, que, dada la
tendencia de aproximación a la tasa nacional, se producirá previsiblemente en los próximos años.

Diferenciando por grupos de edad, a lo largo de la última década, cabe reseñar:

• El incremento de la población activa se centra mayoritariamente en el colectivo de edad
comprendido entre los 25 y los 54 años (35,4%), mientras que el comprendido entre los 16 y 24
años ha experimentado una tasa negativa de -17,2%, lo que pone de manifiesto que el mayor
grado de formación de la población está provocando un retraso en la edad de incorporación
al mundo laboral y una disminución paulatina de la tasa de actividad de la población con
edad comprendida entre 16 y 19 años (28,9% en el año 2001).

• Respecto a los mayores de 55 años, destaca el hecho de que la tasa de actividad en este colectivo
tiene también una tendencia a la reducción, situándose en 2001 en el 15%, y se constata que, en la
actualidad, la salida del mercado laboral se produce a edades cada vez más tempranas, lo
que puede estar vinculado al hecho de la creciente utilización de la jubilación anticipada.

A lo largo de la última década se ha registrado una sensible elevación del nivel medio de estudios de la
población andaluza. El nivel de cualificación de la población activa en 2002 señala una mayoría de
población con estudios secundarios (38,7%), seguida de la población con estudios primarios (21,4%),
los estudios técnico-profesionales y los universitarios alcanzan una participación conjunta del 31,4%,
mientras que la población sin estudios es el colectivo menos numeroso (8,5%).

Las diferencias por sexo son apreciables tanto por sus valores como por sus evoluciones, destacando
una fuerte incorporación de la mujer al mercado laboral a lo largo de los últimos años: La tasa de
actividad de los hombres presenta una evolución decreciente (desde el 66,3% en 1986 hasta el 63,6%
en 2001), mientras que la tasa de actividad de las mujeres en Andalucía se ha incrementado desde el
21,8% de 1985 hasta el 36,8% de 2001. Sin embargo, nuestro país cuenta con uno de los niveles de
ocupación femenina más bajos de toda la Unión Europea (12 puntos por debajo de la media europea y
30 por debajo de Dinamarca, y sólo Italia y Grecia poseen porcentajes inferiores).

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Entre 1990 y 2001 el número de ocupados ha crecido en Andalucía un 24,2%, más de un punto por
encima del conjunto nacional, alcanzándose en 2001 un máximo histórico de ocupación (un 77,9% de
la población activa), con un crecimiento interanual del 4,4%, más del doble del registrado a nivel
nacional (2%) y muy por encima de la Unión Europea (1,2% según Eurostat).

Si examinamos la composición de los ocupados en 2001 en Andalucía y España por ramas de
actividad, encontramos que Andalucía supera la media nacional en el conjunto de actividades del
sector primario, en las ramas de construcción, comercio y hostelería y en las de Administración
pública y otros servicios. Por el contrario, en las ramas industriales, las de transportes y
comunicaciones y las de intermediación financiera y servicios inmobiliarios, el conjunto nacional
cuenta con una mayor proporción de ocupados.

Diferenciando según el sexo, en 2002, la población ocupada en Andalucía estaba compuesta por un
66,3% de hombres y un 33,7% de mujeres, si bien la población ocupada femenina crece a un ritmo
más elevado que la masculina (51,9% frente al 13,6% de la población masculina en el periodo 1990-
2001) y es en los empleos de tipo administrativo y los de servicios de restauración, personales y
comerciales donde la mujer tiene una presencia mayoritaria. Según el tipo de ocupación, se observa
que en 2001 más de la cuarta parte de las mujeres tiene un trabajo no cualificado, dedicándose otro
23% a servicios de restauración, personales y comerciales, mientras que un porcentaje limitado (7,4%)
ocupa cargos de dirección de empresas y Administración pública.

En los últimos años, se ha registrado un descenso generalizado en las tasas de actividad de los niveles
inferiores al secundario mientras que ha aumentado la tasa de empleo entre las personas con nivel de
estudios secundarios y postsecundarios. La comparación de los datos de 1990 con los del año 2001
revela una mejora del nivel de cualificación media de la población ocupada, ya que en 1990 la
población mayor de 30 años se encuadraba mayoritariamente entre los que tenían estudios primarios o
sin estudios y sólo entre los menores de esta edad tenían un cierto predominio los estudios
secundarios, mientras que en 2001 esa misma comparación se sitúa a los 45 años. Respecto a los
estudios universitarios, en 2001 la mayor parte están concentrados en el tramo de población entre 25 y
54 años. Para los estudios técnicos profesionales, la horquilla de edad mayoritaria está entre los 20 y
44 años.

La tasa de paro se ha venido reduciendo en Andalucía desde mediados de los años noventa (en 1994
llegó a ser del 34,6%) para situarse a finales de 2001 en el 22,1%, la más baja desde 1982, pero
también la más elevada de todas las Comunidades Autónomas y muy alejada del 13,03% de media
nacional o del 7,6% de la Unión Europea.

El análisis por género, indica la existencia de notables diferencias entre el paro masculino (14,22%)
y el femenino (28,53%). En cuanto a su evolución temporal, mientras que la tasa de paro masculina ha
descendido de forma considerable (su valor en 1986 era del 29,7%), la femenina sólo lo ha hecho
ligeramente (en 1986, era del 32,3%).

Los datos sobre desempleo en Andalucía confirman que la probabilidad de encontrarse en paro
aumenta conforme disminuye el nivel de formación: El desempleo se extiende al 13,2% de la
población con estudios universitarios, al 20,5% con estudios secundarios, al 21% con estudios
primarios y al 25,3% de la población sin estudios. A pesar de ello, la tasa de desempleo en el nivel
superior de formación es sintomática de una disfunción en el tránsito desde el sistema educativo hacia
el mercado de trabajo.

Otros desajustes del mercado de trabajo andaluz son los relativos a la disfunción existente entre las
características del empleo ofertado (con niveles de cualificación insuficientes en amplios colectivos de
la población y en ciertos espacios) y el empleo demandado por las empresas (orientado hacia trabajos
de cierta cualificación). De acuerdo con los resultados de la Encuesta a empresas sobre tendencias del
mercado laboral realizada por el Instituto de Estadística de Andalucía en 1999, un 6,06% del total de
empresas manifiestan tener vacantes no cubiertas por falta de perfil adecuado.
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El tejido empresarial andaluz, al igual que el nacional, se caracteriza por el predominio de las PYMEs
(el 94,83% de las empresas tienen menos de diez asalariados) y de las empresas que no tienen a su
cargo ningún asalariado (54,7%). Por el contrario, las grandes empresas, aquéllas que cuentan con más
de 500 empleados, escasean en el tejido empresarial andaluz. Asimismo, cabe señalar que el nivel
tecnológico actual de las empresas andaluzas es sensiblemente inferior al de sus competidoras en el
contexto nacional, europeo e internacional, siendo este factor de gran relevancia en el caso de las
pequeñas y medianas empresas.

El Decreto 72/2003, de Medidas de Impulso de la Sociedad del Conocimiento en Andalucía, tiene el
objetivo de poner las nuevas tecnologías al servicio de los ciudadanos/as andaluces para lograr una
mayor calidad de vida y equilibrio social y territorial y para ampliar nuestro tejido productivo,
mejorando su competitividad.

Según el INEM, en 2001, se han registrado en Andalucía un total de 3.233.061 contratos de trabajo (el
23% de los contabilizados a nivel nacional), lo que refleja un mayor dinamismo relativo del empleo en
Andalucía, ya que han aumentado un 5,9% respecto al año anterior, muy por encima del crecimiento
medio en España (1,6%). De ellos, el 98,7% han sido contratos nuevos y el resto (1,3%) corresponde a
los que en 2001 se han convertido en indefinidos. Como aspecto más significativo del panorama de la
contratación en 2001, hay que destacar el alto porcentaje de contratos temporales (96,4% del total)
y el significativo descenso de los contratos indefinidos para el fomento del empleo, que descienden en
un 40%.

2. LAS POLÍTICAS DE EMPLEO

El marco jurídico de la política de empleo de las dos últimas décadas en España responde a una triple
orientación:

• La creación de un marco legal, que arranca de la Constitución Española y que contempla los principios
rectores de la Política Social y Económica, la orientación de las políticas hacia el pleno empleo, los
sistemas de protección social, el derecho a la formación profesional y a la seguridad e higiene en el
trabajo, la limitación de la jornada laboral y los derechos de los trabajadores.
• El establecimiento de alternativas a la crisis económica y en defensa del empleo, denominadas políticas
activas de empleo, que en muchos casos están descentralizadas.
• La adecuación al marco de derechos y políticas de la Unión Europea.

Los sucesivos Planes de Acción para el Empleo elaborados por España desde la puesta en marcha de
la Estrategia Europea del Empleo han incidido prioritariamente en sus cuatro pilares: Empleabilidad,
Fomento del espíritu empresarial, Adaptabilidad e Igualdad de oportunidades.

El importe de los fondos movilizados en el año 2002 supone un importe 13.164 millones de euros (un
3% más que en 2001), destinándose más de 4.586 millones de euros para políticas activas de empleo,
1.833 millones de euros para bonificaciones a la contratación y más de 4.500 millones de euros en
líneas de créditos a las PYMEs.

El Plan para 2002 prevé la realización de más de 1.630.000 acciones de inserción en beneficio de más
de 1.140.000 desempleados, destacando las destinadas a mujeres (59% del total) y a parados de larga
duración (que experimentan un crecimiento de más del 34% con relación al año anterior).

SUGERENCIAS:

La complejidad de la situación justifica que el objetivo del empleo ocupe el lugar prioritario entre los
objetivos de la política económica andaluza, con una estrategia integral en la que el protagonismo de
los agentes económicos y sociales se hace imprescindible para garantizar su efectividad. El conjunto
de las políticas sectoriales junto a las políticas específicas de formación, el mayor peso de las
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políticas activas de empleo, la búsqueda de nuevas formas de reparto del trabajo, la continuidad en el
desarrollo de las infraestructuras y otras actuaciones incorporadas en la planificación económica
regional deben ser suficientes, aprovechando la situación actual de estabilidad económica, para
continuar en la senda iniciada en los últimos años de creación de empleo. En este planteamiento, la
mayor garantía para su consolidación radica en que se apoye en una mejora de la competitividad de
la economía andaluza en su conjunto.

Se deben reformar los sistemas de negociación colectiva y establecer unas condiciones de la
contratación indefinida que no estimulen tanto la contratación temporal. En este sentido, habría que
estudiar la modificación del Estatuto de los Trabajadores, norma de 1980, de modo que se ajuste a las
actuales condiciones del mundo de la producción y el trabajo, teniendo como reto redactar un nuevo
marco de relaciones laborales que propicie una mayor intervención de las organizaciones sindicales.

Se debe potenciar, desde el sistema educativo, actuaciones dirigidas a conseguir un cambio de
mentalidad en los comportamientos sexistas de que adolece aún nuestra sociedad. En definitiva,
considerar como cosa natural la igualdad entre sexos.

Las Administraciones correspondientes deberán continuar desarrollando, con más decisión, todas
aquellas acciones de compensación que permitan una incorporación de la mujer a un puesto de
trabajo en igualdad de oportunidades. Por ello se han de establecer las condiciones que eliminen todo
tipo de discriminación en el acceso a las oportunidades laborales, profesionales y sociales y, en
particular:

• Favorecer la actividad empresarial, facilitando la creación de empresas por mujeres
• Mejorar la cualificación y diversificación profesional de las mujeres
• Promover las condiciones de igualdad entre hombres y mujeres y ampliar la oferta de
servicios que permita conciliar la vida familiar y laboral.
• Promover una participación equilibrada de mujeres y hombres en todos los ámbitos, tanto en
el empleo como en el trabajo doméstico.

Del análisis de los datos anteriores, la característica a destacar es la precariedad en el empleo, lo que
implica que la posibilidad de conseguir un puesto de trabajo estable se considere por los
demandantes como un hecho prácticamente inviable. Esta circunstancia explica la falta de autonomía
personal de los jóvenes que se refleja en su falta de decisión para independizarse de la familia y de
constituir la suya propia. Esta misma incertidumbre se genera en todos aquellos colectivos que tienen
más dificultades de inserción laboral, por lo que se deben

• Desarrollar políticas de inserción laboral y social de estos colectivos dirigidas a la compensación
de desigualdades (formación laboral específica, puesto de trabajo estable, vivienda digna...) que
favorezcan su integración como ciudadanos de pleno derecho. En definitiva apostar
decididamente por los más desfavorecidos.
• Establecer ayudas o compensaciones para las empresas que contraten a estos colectivos.

La normativa laboral en España ha quedado "obsoleta" y los tiempos exigen un replanteamiento del
modelo laboral, de la protección social, con el objetivo de eliminar la precariedad laboral y el impulso
de una "nueva cultura" que incluya la exigencia de la responsabilidad de las empresas en sus
actuaciones. Es imprescindible un gran pacto con los agentes sociales para:

(cid:131) Reformular el modelo laboral y avanzar en el sistema de protección social.
(cid:131) Facilitar la participación de los trabajadores en las empresas.
(cid:131) Restablecer unas condiciones laborales de seguridad.
(cid:131) Ampliar la protección social a los ahora excluidos.
(cid:131) Impulsar la responsabilidad social de las empresas.

La normativa y medidas para favorecer las políticas de empleo son exhaustivas, pero queda de
manifiesto la falta de voluntad política para llevarlas a cabo e incluso para ejercer el papel que le
corresponde al Estado, dejando al libre albedrío de los agentes sociales el desarrollo de las citadas
políticas. Esto conduce al tipo de empleo que se está generando, inestable y precario, que mantiene
una bolsa de paro importante.

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Informe sobre la FP en Andalucía
Síntesis
Por lo tanto, el Consejo Escolar de Andalucía considera necesario el desarrollo de políticas efectivas
de empleo -responsabilidad de las Administraciones públicas y de los agentes sociales- que propicien
la estabilidad laboral de los trabajadores, entre otras:

• Apoyo a la contratación e inserción laboral de las personas desempleadas en general y, en
especial, de los colectivos con dificultades de inserción en el mercado de trabajo
• Lucha contra la exclusión social en el mercado laboral
• Aumento de la estabilidad en el empleo, fomentando la contratación indefinida y la transformación
de empleos temporales en fijos
• Aumento de la participación de los agentes económicos y sociales en la mejora de las relaciones
laborales y en la profundización de la concertación social.
• Mejora de los servicios públicos de intermediación en el mercado laboral a través de un mejor
conocimiento de su evolución y de la adopción de nuevas tecnologías.
• Introducción paulatina de nuevas formas de organización del tiempo de trabajo.
• Mejora de las condiciones de trabajo y la prevención de riesgos laborales.

En el ámbito de los recursos destinados a investigación y desarrollo, la UE se ha fijado la ambiciosa
meta de pasar de menos del 2% del PIB a un 3% en 2010. Teniendo en cuenta que en España se
destina el 0,96% es evidente el gran esfuerzo que habrá que realizar en este sentido.

En el sector público lo que se plantea es un aumento neto sostenido por parte de los gobiernos cifrado
en un 6% anual del presupuesto del I+D+I hasta el año 2010. En nuestro país este aumento
sostenido, aunque no nos acercaría a la media europea, supondría un impulso considerable y una
mejora en nuestra precaria situación actual. Por ello se considera necesario:

(cid:131) Flexibilizar y explotar todas las modalidades de sostén público a la investigación.
(cid:131) Mejorar y ampliar las ayudas del Estado.
(cid:131) Incentivar la creación de firmas de gran intensidad investigadora que faciliten la movilidad de
fondos nacionales y europeos.
(cid:131) Adoptar medidas fiscales a favor de las pequeñas y medianas empresas para que obtengan
créditos más ventajosos.

En conclusión, en el marco socioeconómico que hemos descrito, marcado por una globalización cada
vez mayor de los procesos, por la rapidez con que crece la generación del conocimiento y por el ritmo
vertiginoso con que avanzan las tecnologías de la información, la formación del capital humano se
convierte en el motor que impulsa el cambio y el progreso de las personas y la sociedad.

La educación, al procurar la adquisición del conocimiento, capacita al individuo para adaptarse y dar
respuesta a los cambios tecnológicos y a la realidad económica y social del momento y para contribuir
con su trabajo individual a la construcción de la propia sociedad. No cabe la menor duda de que la
mejora del sistema educativo de base y la formación profesional constituye un factor de apoyo frente a
estos cambios y puede reforzar la estabilidad en el empleo y la calidad del mismo. Igual ocurre con la
educación universitaria, con problemas de acoplamiento entre la oferta formativa de las universidades
andaluzas y las necesidades del mercado de trabajo. Para ello es necesario:

(cid:131) Una mayor y mejor adaptación de la oferta formativa a las necesidades del sistema productivo,
pero también un reconocimiento laboral y social de la cualificación de los trabajadores que, con
frecuencia son contratados en puestos inferiores a los que les correspondería por su formación.

(cid:131) Una formación básica de calidad, dentro del sistema educativo, para todos los ciudadanos, a
través de políticas educativas que compensen desigualdades. Nos referimos en definitiva a un
PACTO SOCIAL POR LA EDUCACIÓN. No tiene sentido excluir del sistema educativo a un
número significativo de alumnos para posteriormente tratar de recuperarlos para el mundo laboral
a través de los cursos de FPO.

(cid:131) Propiciar la permanencia del alumnado en el sistema educativo, tanto en las enseñanzas
obligatorias como en las postobligatorias, tratando de conseguir la máxima cualificación de los
mismos.

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