Historia de la Ley N° 19.653 Sobre probidad administrativa aplicable de los órganos de la ...

1059 Pages·2009·6.52 MB·Spanish

Historia de la Ley

N° 19.653

Sobre probidad administrativa aplicable de los órganos
de la Administración del Estado

14 de diciembre, 1999
Téngase presente

Esta Historia de Ley ha sido construida por la Biblioteca del Congreso Nacional
a partir de la información proporcionada por el Sistema de Tramitación de
Proyectos del Congreso Nacional (SIL).

Se han incluido los distintos documentos de la tramitación legislativa,
ordenados conforme su ocurrencia en cada uno de los trámites del proceso de
formación de la ley, en ambas Cámaras.

Se han omitido documentos de mera o simple tramitación, que no
proporcionan información relevante para efectos de la Historia de Ley, como
por ejemplo la cuenta en Sala o la presentación de urgencias.

Para efectos de facilitar la impresión de la documentación de este archivo, al
lado izquierdo de su pantalla se incorpora junto al índice, las páginas
correspondientes a cada documento, según la numeración del archivo PDF.

La Biblioteca del Congreso Nacional no se hace responsable de las alteraciones,
transformaciones y/o del uso que se haga de esta información, las que son de
exclusiva responsabilidad de quienes la consultan y utilizan.
INDICE

1. Primer Trámite Constitucional: Cámara de Diputados 5
1.1. Mensaje del Ejecutivo 5
1.2. Primer Informe Comisión de Constitución 22
1.3. Discusión en Sala 59
1.4. Discusión en Sala 77
1.5. Discusión en Sala 93
1.6. Segundo Informe Comisión de Constitución 115
1.7. Discusión en Sala 133
1.8. Discusión en Sala 142
1.9. Discusión en Sala 155
1.10. Discusión en Sala 178
1.11. Oficio de Cámara de Origen a Cámara Revisora 223
2. Segundo Trámite Constitucional: Senado 237
2.1. Primer Informe Comisión Constitución 237
2.2. Discusión en Sala 301
2.3. Boletín de Indicaciones 337
2.4. Segundo Informe Comisión Constitución 359
2.5. Discusión en Sala 498
2.6. Discusión en Sala 526
2.7. Discusión en Sala 550
2.8. Discusión en Sala 603
2.9. Oficio de Cámara Revisora a Cámara de Origen 608
3. Tercer Trámite Constitucional: Cámara de Diputados 634
3.1. Informe Comisión Constitución 634
3.2. Discusión en Sala 742
3.3. Discusión en Sala 758
3.4. Oficio de Cámara de Origen a Cámara Revisora 778
4. Trámite Comisión Mixta: Senado- Cámara de Diputados 781
4.1. Informe Comisión Mixta 781
4.2. Discusión en Sala 853
4.3. Discusión en Sala 866
4.4. Oficio de Cámara de Origen a Cámara Revisora 869
4.5. Discusión en Sala 870
4.6. Oficio de Cámara Revisora a Cámara de Origen 876
5. Trámite Veto Presidencial: Senado – Cámara de Diputados 877
5.1. Oficio de Cámara de Origen al Ejecutivo 877
5.2. Oficio del Ejecutivo a Cámara de Origen 901
5.3. Informe Comisión de Constitución 905
5.4. Discusión en Sala 924
5.5. Oficio de Cámara de Origen a Cámara Revisora 954
5.6. Informe Comisión de Constitución 955
5.7. Discusión en Sala 965
5.8. Oficio de Cámara Revisora a Cámara de Origen 983

6. Trámite Tribunal Constitucional 984
6.1. Oficio de Cámara de Origen a Tribunal Constitucional 984
6.2. Oficio de Tribunal Constitucional a Cámara de Origen 1008
7. Trámite de Finalización: Cámara de Diputados 1013
7.1. Oficio de Cámara de Origen al Ejecutivo 1013

8. Publicación de Ley en Diario Oficial 1035
8.1. Ley N° 19.653 1035
Historia de la Ley Nº 19.653 Página 5 de 1059

MENSAJE PRESIDENCIAL
1. Primer Trámite Constitucional: Cámara de
Diputados
1.1. Mensaje del Ejecutivo
Mensaje de S.E. El Presidente de la República. Fecha 12 de enero de 1995.
Cuenta en Sesión 38, Legislatura 330.

MENSAJE DE S.E. EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA CON EL QUE INICIA
UN PROYECTO DE LEY SOBRE PROBIDAD ADMINISTRATIVA APLICABLE
A LOS ORGANOS DE ADMINISTRACION DEL ESTADO.

SANTIAGO, enero 12 de 1995.

M E N S A J E Nº 392-330/
Honorable Cámara de Diputados:

A S.E. EL
PRESIDENTE
DE LA H.
CAMARA DE
DIPUTADOS.

Guíado por la firme voluntad de enfrentar con la seriedad y profundidad
necesarias, los problemas que amenazan a la sociedad de nuestros tiempos, en
especial aquéllos que pueden afectar al sistema democrático, al poco tiempo de
asumir el gobierno, se creó, por Decreto Supremo No. 423 de 5 de abril de 1994,
la Comisión Nacional de Etica Pública.

Dicha Comisión estuvo integrada por los señores Gabriel Valdés
Subercaseaux, Presidente del Senado; Marcos Aburto Ochoa, Presidente de la
Corte Suprema y del Tribunal Constitucional; Jorge Schaulsohn Brodsky,
Presidente de la Cámara de Diputados; Genaro Arriagada Herrera, Ministro
Secretario General de la Presidencia; Osvaldo Iturriaga Ruiz, Contralor General
de la República y Luis Bates Hidalgo, Presidente del Consejo de Defensa del
Estado. Integraron también la Comisión los distinguidos juristas y académicos,
señores Guillermo Arthur Errázuriz, Oscar Godoy Arcaya, Andrea Muñoz Sánchez,
Máximo Pacheco Gómez, Augusto Parra Muñoz, Ricardo Rivadeneira Monreal,
Eugenio Velasco Letelier y Hernán Vodanovic Schnake. Ofició de Secretario
Ejecutivo de la misma, el abogado señor Alejandro Ferreiro Yazigi.

Esta instancia, cuyo objetivo central fue el estudio y la elaboración de
propuestas políticas y legislativas sobre la probidad, transparencia y
responsabilidad ética, actuó bajo la coordinación del Ministro Secretario General
Historia de la Ley Nº 19.653 Página 6 de 1059

MENSAJE PRESIDENCIAL
de la Presidencia, don Genaro Arriagada Herrera, representante en élla de este
gobernante.

Tras un intenso trabajo, de análisis,investigación y debate, la Comisión
concluyó su trabajo en el plazo preestablecido, emitiendo un completo informe,
que merece mi personal reconocimiento.

Las propuestas contenidas en el informe señalado, tienen la especial valía
de su coherencia con el diagnóstico previamente realizado, sobre las verdaderas
dimensiones, formas y extensión de este problema en Chile.

Este documento, sometido a mi consideración y, por mi intermedio a todos
los órganos del estado y a la sociedad en general, está llamado a constituir el
marco general al que debe someterse la actividad pública.

Con esta iniciativa, el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio Secretaría
General de la Presidencia, ha creado las condiciones, premuniendo de elementos
y antecedentes a los otros Poderes del Estado y a la comunidad toda, para
avanzar en la tarea de garantizar la ética pública y la confianza de la ciudadanía
en sus autoridades, contribuyendo de esta forma, a la profundización de la
democracia.

Con el mismo fin, el gobierno que tengo a honra presidir, ha comenzado a
implementar en la Administración del Estado, las adecuaciones que exige la
aplicación de las políticas recomendadas por la Comisión, y que, en definitiva,
conducirán a la modernización de la Administración Pública.

Lo anterior, sin perjuicio de los proyectos de ley que someta a la
consideración del H. Congreso Nacional y de los que tengan origen en moción
parlamentaria, para avanzar en la materialización de las medidas propuestas por
la Comisión Nacional de Etica Pública, que requieran de ley.

El presente proyecto recoge las sugerencias planteadas en materia de
probidad administrativa por la Comisión entre las que se encuentra aquella que
señala la necesidad de desarrollar un cuerpo normativo que regule los diferentes
aspectos vinculados a la probidad en el desempeño de funciones en la Adminis-
tración del Estado.

En efecto, la Comisión, en su diagnóstico relativo a las necesidades de la
ética pública, señaló que era posible constatar en el sistema jurídico nacional una
desigual y dispersa normativa para cautelar la probidad en la función pública.
Sobre esa base, se estimó urgente homologar y uniformar toda la gama de
normas vinculadas al tema, en un cuerpo único aplicable a toda la Administración
pública tanto centralizada como descentralizada.
Historia de la Ley Nº 19.653 Página 7 de 1059

MENSAJE PRESIDENCIAL
Asimismo, en su informe señaló que "el establecimiento de un régimen de
obligaciones, prohibiciones, inhabilidades e incompatibilidades de aplicación
general, en que se contendrían los principios y reglas comunes a todo fun-
cionario, permite dar mayor claridad, certeza y seguridad sobre lo que se debe o
no debe hacer, con el consiguiente fortalecimiento de la ética pública".

En consecuencia, recogiendo las observaciones y medidas propuestas por
la Comisión Nacional de Etica Pública en torno a la elaboración de un cuerpo
normativo coherente y sistemático que contenga disposiciones relativas a la
probidad en el desempeño de la función pública, se ha elaborado el presente
PROYECTO DE LEY SOBRE PROBIDAD ADMINISTRATIVA, que aborda las
siguientes materias:

I. Se determina el ámbito de aplicación de la ley, que regirá la
conducta exigible a los funcionarios de la Administración del Estado; estable-
ciéndose asimismo el sentido y alcance de ciertos conceptos básicos tales como:
el principio de probidad pública, interés público, Administración del Estado,
funcionarios, autoridades, etc.

Por la diversidad y especiales características de las funciones
desempeñadas en el ámbito de la gestión pública, las disposiciones propuestas
deben entenderse sin perjuicio de la aplicación de las normas contenidas en leyes
generales o especiales aplicables a los funcionarios de la administración del
Estado,las que tendrán el carácter de complementarias, siempre que dispongan
exigencias u obligaciones específicas o más rigurosas que las señaladas en este
cuerpo legal.

II. Además de la probidad, se desarrollan otros principios aplicables a
la administración del Estado, entre ellos el de igual admisión a los cargos
públicos, y el de carrera funcionaria.

III. El proyecto incorpora nuevas inhabilidades para el desempeño de
funciones públicas, con el fin de garantizar un desempeño imparcial y trans-
parente.

Las causales de inhabilidad referidas están vinculadas a situaciones
que configuran las situaciones que doctrinariamente y en la legislación
comparada se denominan conflictos de interés. Entre éllas, la restricción de
ingreso a la Administración del Estado de los directores o socios titulares de un
10% o más de los derechos de cualquier clase de sociedad; y a quienes tengan
contratos o cauciones vigentes ascendentes a 200 UTM o más, o litigios pendien-
tes con el respectivo órgano de la Administración del Estado, a la fecha de postu-
lación, a menos que tales litigios se refieran al ejercicio de derechos propios, de
Historia de la Ley Nº 19.653 Página 8 de 1059

MENSAJE PRESIDENCIAL
su cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consanguini-
dad o segundo de afinidad, inclusive.

Con el objeto de fiscalizar adecuadamente la aplicación de estas
normas, se exigirá a los funcionarios que la ley señala, una declaración jurada
acerca de la inexistencia de las causales de inhabilidad que los afecten, sancio-
nándose el incumplimiento de conformidad con lo dispuesto en el artículo 210 del
Código Penal.

IV. El proyecto se hace cargo de un tema de gran importancia, vincu-
lado al control social de la gestión pública, para prevenir y combatir la corrup-
ción. Con ese fin se establece, con carácter obligatorio, una declaración de
patrimonio y actividades, mecanismo que permite cotejar los posibles conflictos
de interés que pudieren presentarse durante el desempeño del cargo.

Los sujetos obligados a cumplir esta exigencia son los Oficiales
Generales y Superiores de las Fuerzas Armadas, y los niveles jerárquicos equi-
valentes de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública; los funcionarios directivos,
profesionales y técnicos, hasta el nivel de jefe de departamento o su equivalente,
y los que pertenezcan a las plantas de fiscalizadores de las entidades fiscaliza-
doras. Asimismo se exige esta obligación a los concejales municipales y
consejeros regionales.

Para lograr los efectos deseados dichas declaraciones deben efec-
tuarse dentro de los treinta días siguientes a la fecha en que se asuma el cargo o
función, debiendo actualizarse cada cinco años, y repetirse dentro de los treinta
días siguientes a la cesación en el cargo o función.

La eficacia de esta obligación exige que las declaraciones sean
públicas, para que la ciudadanía ejerza la fiscalización.

Los sujetos de esta obligación, deberán señalar en la declaración
respectiva, pormenorizadamente, su activo y pasivo, debiendo, además, incluir
en ella una relación de las actividades y negocios que le proporcionen o puedan
proporcionarle ingresos económicos, y el estado general de situación de los
bienes de su cónyuge, hijos y adoptados.

La falsedad u omisión maliciosa o inexcusable de dichas declaraciones, se
sancionará de conformidad con lo dispuesto por el artículo 210 del Código Penal.

El sistema, procedimiento y mecanismos necesarios para dar cumplimien-
to efectivo a esta obligación, se establecerán en el reglamento que la ley ordena
dictar.
Historia de la Ley Nº 19.653 Página 9 de 1059

MENSAJE PRESIDENCIAL
V. En relación a la carrera funcionaria, el proyecto dispone que es
deber de los funcionarios actuar con idoneidad profesional, la que se traduce en
iniciativa personal, eficiencia y rapidez en el cumplimiento de sus funciones.

Se consagra, como regla general, que no existe incompatibilidad
entre la función pública y el ejercicio de una profesión, oficio, industria o comer-
cio de carácter particular. Sin embargo, se establecen determinadas incompati-
bilidades en razón de horario y/o de materia. De este modo, no podrán los
funcionarios de la Administración del Estado, ejercer funciones públicas y las acti-
vidades particulares que coincidan en la jornada ordinaria o extraordinaria de
trabajo. Asimismo son incompatibles con el desempeño de funciones públicas la
participación en asuntos que se refieren a casos que necesariamente deba anali-
zar, informar o resolver la división, departamento, o sección a que pertenece el
funcionario, la realización de gestiones patrimoniales ante la administración, dis-
tintas del ejercicio de sus derechos estatutarios y la representación de terceros
en juicios o acciones civiles en que sea parte un órgano u organismo de la admi-
nistración del Estado.

VI. Para facilitar la efectividad de este proyecto de ley, en él se explici-
tan, en forma clara y precisa, aquellas conductas de los funcionarios de la Admi-
nistración del Estado, contrarias al principio de probidad administrativa.

En efecto, se establece que incurre en conductas contraria a la
probidad, el funcionario que niegue información o documentación que haya sido
solicitada en conformidad a la ley; esgrimir o valerse de la posición funcionaria
para influir sobre una persona para conseguir mediante una acción u omisión
indebida, beneficios directos o indirectos para si o para un tercero; valerse de la
posición funcionaria para cualquier tramitación en el sector público o privado, o
para obtener una decisión favorable, ventaja, franquicia o trato especial, para sí
o para alguna de las personas que el proyecto establece, sin importar el resul-
tado; tomar en préstamo o bajo cualquier otra forma dinero o bienes del servicio
en que se desempeña, sea para sí o para algunas de las personas que el
proyecto señala, salvo que la ley expresamente lo autorice; aceptar para sí o
para las personas antes mencionadas, invitaciones, agasajos, obsequios o trata-
mientos especiales no ofrecidos oficialmente al servicio por parte de proveedores
de bienes o servicios, entre otras.

Otro aspecto que reglamenta este proyecto de ley, dice relación
con la incorporación de ex funcionarios del sector público al sector privado.

La Comisión Nacional de Etica Pública señaló en su informe que "u-
na fuente posible de conflictos de interés surge del traspaso de quienes, luego de
desempeñar funciones públicas, pasan a ejercer labores en empresas privadas
que fueron objeto de regulación, fiscalización, control o relaciones contractuales
permanentes con el anterior empleador del sector público", y agrega que "mien-
tras se desempeña la función pública, pero se conoce o presume un destino labo-
Historia de la Ley Nº 19.653 Página 10 de 1059

MENSAJE PRESIDENCIAL
ral futuro en una empresa privada de las mencionadas, se configura un conflicto
de interés que cabe prevenir. Asimismo, es también contrario al interés público y
a la equidad que, quienes dejan su función pública para ejercer una privada rela-
cionada, puedan valerse indebidamente de información o contactos originados
durante el desempeño de sus labores en el Estado.".

Al respecto, el proyecto prohibe a determinados funcionarios, al de-
jar la administración, aceptar cargos o representaciones remunerados de perso-
nas jurídicas privadas que mantengan relaciones contractuales habituales con el
órgano o servicio en el que se desempeñaban o que hubieren sido regulados,
subvencionados o controlados por él, hasta un año después de su alejamiento
de la institución.

Asimismo se establece la prohibición de realizar tramitación o ges-
tión alguna ante la división, departamento o sección a que pertenecieron o estuv-
ieron vinculados, hasta un año desde su alejamiento.

VI. Por último, el proyecto contempla un título relativo a las sanciones
aplicables a las transgresiones de sus normas.

En este sentido cabe destacar las siguientes:

a. Designación de persona inhábil. Esta irregularidad lleva
aparejada la nulidad del nombramiento y, si el inhábil, conociendo la causal que
lo afectaba, la hubiese ocultado a la autoridad correspondiente, además, deberá
pagar una multa de 50 a 100 Unidades Tributarias Mensuales. Respecto del
funcionario que con negligencia hubiese cursado un nombramiento nulo, incurrirá
en responsabilidad administrativa.

b. Inhabilidad sobreviniente. El funcionario que no declarare a
su superior jerárquico una inhabilidad sobreviniente que le afectare, será
sancionado con la medida disciplinaria de destitución.

c. Declaración de patrimonio y actividades. La falta de su
declaración oportuna lleva aparejada la sanción de suspensión sin goce de
remuneraciones del infractor, en tanto no la presente. Asimismo el jefe de perso-
nal que no hubiere advertido oportunamente dicha situación, incurrirá en respon-
sabilidad administrativa.

d. La falsedad u omisión maliciosa o inexcusable de las declara-
ciones antes señaladas, se sancionan con la medida de destitución e inhabilidad
temporal para el ejercicio de todo cargo o función pública por cinco años, sin
perjuicio de las responsabilidades penales que correspondan.

e. Finalmente, el incumplimiento de la obligación de presentar
declaración de patrimonio, actividades e intereses dentro de los treinta días