Historia de la idea laica en Francia en el siglo XIX

318 Pages·2006·8.811 MB·Spanish

by  Georges Weill

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SEVILLA - ZAMORA
' \ 2006
Esta obra, tanto en su forma como en su contenido, está protegida por la Ley, que establece penas de
prisión y multas, además de las correspondientes indemnizaciones por daños y perjuicios, para quienes
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soporte o comunicada a través de cualquier medio, sin la preceptiva autorización por escrito del titular de
los derechos de explotación de la misma.
Título del original francés:
Histoire de l’idée laïque en France au xrxe siècle.
Edición original de Librairie Félix Alean, París,' 1925,1929.
Ia edición en castellano: 2006, Sevilla (España).
Traducción del francés: © by Teresa Muñoz Sebastián. 2006.
Diseño y producción gráfica: © by Pedro J. Crespo, Estudio de Diseño Editorial. 2006
Esta obra ha sido publicada con una subvención de la Dirección General del
Libro, Archivos y Bibliotecas del Ministerio de Cultura.
De esta edición:
Comunicación Social Ediciones y Publicaciones, sello propiedad de:
© by Pedro J. Crespo, Editor (2006)
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Sitio Web: http://www.comunicacionsocial.es
ISBN-10: 84-96082-31-8
ISBN-13: 978-84-96082-31-1
Depósito Legal: SE-1604-06
Impreso en España. Printed in Spain
Contenido
7 Prólogo.
13 Propósito.
14 Introducción.
21 1. La política religiosa bajo la Restauración.
40 2. La filosofía laica bajo la Restauración.
59 3. La política de apaciguamiento bajo Luis-Felipe.
84 4. La ruptura con la Iglesia.
99 5. El espíritu laico bajo la Segunda República.
112 6. La resistencia al imperio clerical.
133 7. La crítica y la ciencia laica.
159 8. La guerra al clericalismo.
189 9. El advenimiento de la República.
213 10. La victoria de los republicanos.
228 11. La organización de la escuela laica.
249 12. La política de conciliación.
265 13. El despertar del anticlericalismo.
280 14. El pensamiento laico.
296 Conclusión.
307 Bibliografía.
312 índice onomástico.
317 Cuadro cronológico.
Prólogo
La convivencia humana no puede organizarse pacíficamente
hasta que en la sociedad en que dicha convivencia se produce
no se ha alcanzado una respuesta muy mayoritariamente acep­
tada al interrogante ¿dónde reside el poder?
El lugar de residenciación del poder es un problema teórico
de una envergadura notable, pero es, sobre todo, un problema
práctico. El poder no es un bien deseable, pero sí es un mal
necesario y puesto que no podemos prescindir de él, es im­
prescindible que sea aceptado como legítimo. Un poder, cuya
legitimidad no es aceptada por quienes tienen que obedecerlo,
es una fuente permanente de conflictividad.
En los países europeos, desde el fin del Imperio Romano y,
sobre todo, desde la Baja Edad Media, en que empieza a pre­
figurarse el que acabará siendo mapa estatal del continente, la
disputa sobre el lugar de residenciación del poder ha girado en
torno al concepto de soberanía, con dos interpretaciones radi­
calmente distintas: una primera, la soberanía de origen divino
y otra segunda, la soberanía nacional-popular.
En el tránsito de la soberanía de origen divino a la soberanía
nacional-popular se sintetiza la historia político-constitucio­
nal de los países europeos. En todos ellos, durante el largo
proceso que se inicia en la Baja Edad Media y que atraviesa
toda la Edad Moderna e incluso parte de lo que consideramos
Edad Contemporánea, la soberanía de origen divino ha sido
considerada la fuente prácticamente indiscutible de legitima­
ción del poder. En Inglaterra dicha soberanía de origen divino
sería sustituida a partir de la Glorious Revolution en soberanía
parlamentaria, si bien en unos términos tan tributarios de su
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Historia de la idea laica en Francia en el siglo XIX
historia que la harían prácticamente no exportable a los paí­
ses continentales. Sería con la Revolución Francesa en 1789
con la que la legitimación del poder a través de la soberanía
nacional daría una respuesta exportable a los demás países eu­
ropeos y de alcance, en consecuencia, más que nacional, valga
la paradoja.
Francia ha sido en Europa el país de la soberanía nacional,
es decir, el país que revolucionó el planteamiento acerca de la
fundamentación del poder en el continente. El poder dejaba de
tener su fundamento en el cielo, para pasar a tenerlo en la tierra,
lo que en la práctica suponía un cambio espectacular en la po­
sición que habían ocupado las confesiones religiosas en general
y la Iglesia Católica en particular en todas las formas políticas
prerrevolucionarias. La separación de la Iglesia y el Estado es
una exigencia insoslayable de la soberanía nacional. Los prin­
cipios de soberanía de origen divino y de soberanía nacional
son mutuamente excluyentes. No puede haber ningún tipo de
compromiso entre ambos. La inercia histórica puede retrasar
la imposición de dicha exigencia, pero no puede impedir que
lo haga. Ningún Estado Constitucional puede acabar de dejar
siendo un Estado confesional, para convertirse en un Estado
laico. (Inglaterra, como en casi todo, es la única excepción).
Ahora bien, si el resultado final de la tensión entre la sobera­
nía de origen divino y la soberanía nacional sólo podía ser uno,
ello no quiere decir que las resistencias a dicho resultado final,
sobre todo en aquellos países en los que la Iglesia Católica
había tenido una posición hegemónica en la administración
de la primera, no hicieran dudar en algunos momentos de que
tal resultado llegara a alcanzarse o, al menos, que lo hiciera de
una manera incompleta.
El campo de batalla de esa tensión entre las dos concep­
ciones de la soberanía o, lo que viene a ser lo mismo, entre
la Iglesia y el Estado fue la educación. No podía ser de otra
manera. En toda sociedad la educación es la expresión de la
concepción de la soberanía con base en la cual se explica su
organización política. A una fundamentación transpersonal
del poder, como fue la soberanía de origen divino, en la que
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Prólogo
descansaron las diversas formas de manifestación de la Monar­
quía Absoluta, correspondía un modelo de instrucción, que no
de educación, básicamente religioso y gestionado por la Iglesia.
La soberanía de origen divino es incompatible con el derecho
a la educación. Hasta la imposición del Estado Constitucional
el modelo educativo (permítaseme el anacronismo) de los paí­
ses europeos se ha basado en la conexión entre religión e ins­
trucción. Tal modelo prolongará sus efectos incluso durante
la primera fase de imposición del Estado Constitucional, del
que es un buen ejemplo el artículo 366 de la Constitución de
Cádiz: «En todos los pueblos de la Monarquía se establecerán
escuelas de primeras letras, en las que se enseñará a los niños
a leer, escribir, contar y el catecismo de la religión católica, que
comprenderá también una breve exposición de las obligacio­
nes civiles». Esta conexión irá desapareciendo a medida que se
amplía el ejercicio del derecho de sufragio y con él se progresa
en la democratización del Estado.
El derecho a la educación es, pues, un derecho democrático.
Me atrevería a decir que es, junto con el derecho de sufragio,
el derecho democrático por excelencia. Si no puede existir con
una fundamentación transpersonal del poder, no puede faltar
con una fundamentación inmanente del mismo. Si la sobera­
nía es de origen divino, no hay derecho a la educación. Si la
soberanía es de origen nacional-popular, no puede no haberlo.
Y es así porque la transformación del individuo de súbdito
en ciudadano solamente puede ser real y efectiva con base en
el ejercicio del derecho a la educación. Pues ciudadano so­
lamente es aquel individuo que participa en condiciones de
igualdad en la formación de la voluntad general. El ciudadano
no es sujeto pasivo sino activo en el proceso de formación de
la voluntad del Estado. Es el ciudadano ejerciendo sus dere­
chos el punto de partida para la comprensión del Estado y sus
poderes, y no a la inversa.
Ahora bien, para que el individuo participe en condiciones
de igualdad en la formación de la voluntad general, resulta
indispensable que disponga de la información suficiente para
que su formación de voluntad personal sea autónoma, es decir,
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Historia de la idea laica en Francia en el siglo XIX
no esté subordinada a una voluntad ajena. La autonomía en
el proceso de formación de la voluntad propia es el primer
elemento constitutivo de la igualdad constitucional. Y esa au­
tonomía sólo es posible con base en la información y con la
capacidad para interpretarla personalmente. La preparación
intelectual indispensable para ordenar la información que se
recibe es un elemento indispensable en el proceso de forma­
ción de la voluntad. Una voluntad igual en el sentido de una
voluntad libre, que pueda participar autónomamente en la
formación de la voluntad general, solamente es posible con
base en el derecho a la educación.
El derecho a la educación es, en consecuencia, un derecho
de naturaleza política, exactamente igual que el derecho de su­
fragio, si bien no es un derecho exclusivamente político, como
éste, ya que el derecho a la educación no se reduce a la política,
sino que se extiende a la formación general del individuo, que
es lo que le permite ser sujeto autónomo de las relaciones con
los demás individuos en la sociedad civil y, como consecuen­
cia de ello, ciudadano que participa conscientemente en la
formación de la voluntad del Estado.
En realidad, el derecho a la educación, al que más se parece
es al derecho a la información. La conexión que han estable­
cido todos los Tribunales Constitucionales entre el principio
de legitimación democrática del Estado y el derecho a la in­
formación es la misma que tiene que establecerse entre dicho
principio y el derecho a la educación. Si el derecho a la infor­
mación, por utilizar la palabras del Tribunal Constitucional
español, «garantiza el mantenimiento de una comunicación
pública libre, sin la cual quedarían vaciados de contenido real
otros derechos que la Constitución consagra, reducidas a for­
mas hueras las instituciones representativas y absolutamente
falseado el principio de legitimidad democrática que enuncia
el artículo 1.2 de la Constitución y que es la base de toda
nuestra ordenación jurídico-política» (STC 6/1981), el dere­
cho a la educación también. Sin el derecho a la información
no pueden existir la sociedad y el Estado democráticos. Sin el
derecho a la educación, tampoco.
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