El sistema de valoración del daño corporal derivado de accidentes de circulación

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El sistema de valoración del daño corporal derivado de accidentes de
circulación: mucho más que un baremo.
Criterios de aplicación conforme a la Jurisprudencia de la Sala 1ª del
Tribunal Supremo y la Circular 10/2011 del Fiscal General del Estado.
La propuesta de reforma elaborada por la Comisión de expertos.
ElenaAgüeroRamón-Llin
Fiscal adscritaal Fiscal deSalaCoordinadordeSeguridad Vial
RESUMEN
La responsabilidad civil derivada de accidentes de circulación se determina y cuantifica
con arreglo a un sistema tasado de valoración del daño personal incorporado como
Anexo a la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a
Motor aprobadaporReal Decreto Legislativo8/2004,de29deOctubre.
Este sistema -conocido como baremo por el esquema tabular anejo al propio Anexo
donde se contemplan los conceptos resarcitorios y las cuantías- vinculante desde el año
1995 en supuestos de responsabilidad por riesgo y culpa, ha sido objeto de continuas
interpretaciones doctrinales y jurisprudenciales durante los últimos años principalmente
a causa de la falta de vertebración del daño en el sistema, de la insuficiencia de
determinados partidas resarcitorias y el desfase de algunos de sus reglas y criterios que
hanquedadodesfasados porel paso del tiempo.
En el año 2010 se constituyó en la Dirección General de Seguros y Fondo de Pensiones
una Comisión de Expertos con el cometido de elaborar propuestas para la reforma del
sistema de valoración. En el mes de mayo del año en curso la Comisión concluyó sus
trabajos yentregó el informefinal ala Dirección General.
El presente trabajo se centra en el estudio de los criterios y las reglas que articulan el
sistema de valoración del daño personal, interpretándolos con arreglo a la última
doctrina del Tribunal Supremo, las directrices recogidas en la Circular 10/2011 del
Fiscal General del Estado ylas propuestas delaComisióndeExpertos.
1
1. INTRODUCCION. 2. PRIMERA APROXIMACION: EL ESQUELETO DEL SISTEMA DE
VALORACION DEL DAÑO CORPORAL EN EL ANEXO A LA LRCSCVM. 2.1 Baremo
aplicable al accidente concreto. 2.2 Beneficiarios de las indemnizaciones.2.3 Categorías
resarcitorias y principios que inspiran el sistema. 3. INDEMNIZACIONES POR CAUSA DE
MUERTE. 3.1 Determinaciónlegalde losperjudicados. 3.1.1Elcónyuge viudo, lapareja de hechoy
el supuesto de concurrencia. 3.1.2 Los perjudicados extra tabulares. 3. 2 Las categorías del daño en
casodefallecimientodelavíctima.3.2.1Dañomoralbásicoyparticular.3.2.2Dañopatrimonial.Las
particularidades del lucro cesante. 4. INDEMNIZACION POR LESIONES TEMPORALES. 5.
INDEMNIZACIONESPORSECUELAS.5.1Indemnizaciónbásica.5.2Perjuiciomoralparticular.
Los factores correctores de la Tabla IV. 5.2.1 Perjuicio moral complementario. 5.2.2 Perjuicio por
lesiones permanentes que constituyan una incapacidad para la ocupación o actividad habitual de la
víctima.5.2.3Perjuiciosmoralesafamiliares.5.2.4Embarazadaconpérdidadefetoaconsecuenciadel
accidente.5.2.5 Elementos correctores del apartado primero.7 del Anexo. 5.3 Perjuicio patrimonial:
daño emergente. 5.3.1 Gastos médicos futuros. 5.3.2 Ayuda de tercera persona. 5.3.3 Adecuación
viviendaydevehículopropio.5.3.4Ayudastécnicas,prótesisyortesis.5.4Ellucrocesante.5.5.Muerte
prematura de la víctima. 5.5.1 Muerte prematura por causas ajenas al accidente. 5.5.2 Muerte
prematuraquetraecausadelaccidente.
1.INTRODUCCION.
En el ámbito de los accidentes de circulación el resarcimiento de los daños y perjuicios
personales se efectúa mediante la aplicación del sistema de valoración – baremo de
tráfico o autos- recogido en el Anexo a la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en
la Circulación de Vehículos a Motor aprobada por Real Decreto Legislativo 8/2004, de
29 de Octubre, (en adelante, LRCSCVM). Este sistema se introduce con carácter
vinculante en nuestro ordenamiento jurídico en el año 1995 (DA 8ª de la Ley 30/1995,
de 8 de noviembre, de Ordenación y Supervisión de los Seguros) y desde entonces, una
vez solventadas las dudas sobre su constitucionalidad1, la interpretación de sus reglas y
criterios por parte de Jueces yTribunales ha ido adecuándose en la medida de lo posible
a los constantes cambios sociales, económicos y familiares producidos durante los casi
veinteaños devigenciadel baremo2.
La cada vez más cambiante jurisprudencia liderada por la Sala 1ª del Tribunal Supremo,
la insuficiencia de las cantidades previstas en las tablas si las comparamos con las
indemnizaciones que perciben las víctimas en los países de nuestro entorno3 y la
necesidad de mejorar la norma desde un punto de vista conceptual a partir de los
principios de reparación integra y vertebración del daño, impulsaron a la Dirección
General de Seguros y Fondo de Pensiones a constituir en el año 2010 una Comisión de
Expertos con la encomienda de analizar la posible reforma del sistema legal de
valoración de los daños y perjuicios causados a las personas4. El pasado 22 de mayo,
1 Sentencia Tribunal Constitucional 181/2000 de 29 de julio, consagra la constitucionalidad del sistema
exceptuando el apartado b) de la Tabla V al considerar que si se aprecia culpa relevante por parte del
causantedeldaño,elresarcimientodellucrocesanteduranteelperiododeincapacidadtemporaldebeser
integro.
2 También la Circular 10/2011 del Fiscal General del Estado incluye un apartado dedicado a la
interpretacióndelbaremoíntimamenteconectadoalarealidadsocialdeltiempoenquevivimos.
3LainsuficienciadelasindemnizacionesyafueadvertidoporelFiscaldeSalaCoordinadordeSeguridad
VialenlaMemoriadelFiscalGeneraldelEstadocorrespondientealaño2009.
4 Orden comunicada de 12 de julio de 2011, dictada conjuntamente por los Ministerios de Justicia y
EconomíayHacienda(actualmentedeEconomíayCompetitividad)
2
después de casi cuatro años, la Comisión presentó el resultado de los trabajos realizados
alaDirecciónGeneral de Seguros.
En este contexto, el presente trabajo tiene el objetivo de analizar el actual sistema de
valoración a la luz de los criterios interpretativos de la última jurisprudencia de la Sala
1ª del Tribunal Supremo y de la Circular 10/2011 del FGE, integrando en el estudio las
distintas ynovedosas propuestas elaboradas porla ComisióndeExpertos.
2. PRIMERA APROXIMACION: EL ESQUELETO DEL SISTEMA DE
VALORACIONDEL DAÑO CORPORAL ENEL ANEXO ALALRCSCVM.
La experiencia nos muestra que la aplicación del baremo por los distintos operadores
jurídicos y tramitadores se circunscribe básicamente al estudio de las seis tablas anejas
donde figuran los conceptos y cuantías, que son objeto de actualización anual. Sin
embargo, el sistema está integrado por un conjunto de reglas y criterios de aplicación
repartidos entre los apartados primero (“criterios para la determinación de la
responsabilidad y la indemnización”) ysegundo (“explicación del sistema”) del anexo;
las notas al pie de las Tablas I, II, IV y V; así como las integradas en la Tabla VI. El
conocimiento de estas reglas y criterios resulta imprescindible para valorar
correctamente los distintos conceptos y así poder cuantificar las indemnizaciones que
correspondenalas víctimas.
El apartado primero del Anexo recoge los criterios generales para determinar la
responsabilidad y la indemnización. A los efectos del presente estudio nos centraremos
en aquellos que resultan necesarios para conocer: a) cuál es el baremo aplicable a cada
accidente, b) quienes son los beneficiarios de las indemnizaciones, c) que categorías del
dañoson resarcible yconformeaqueprincipios.
Recordar que el baremo de indemnizaciones únicamente se aplica para cuantificar el
daño o perjuicio “personal”, otorgándose tal consideración a los “comprensivos del
valor de la pérdida sufrida y de la ganancia que hayan dejado de obtener, previsto,
previsibles o que conocidamente se deriven del hecho generador, incluyendo los daños
morales se cuantificarán en todo caso con arreglo a los criterios y dentro de los límites
indemnizatorios fijados en el anexo de esta ley” (art. 1.2 de la LRCSCVM). Obsérvese
que el legislador atribuye al conductor responsable del daño la condición de deudor de
mala fe en la medida en que le obliga a responder además de los daños previstos y
previsibles, de aquellos que conocidamente se deriven del hecho generador (art. 1107
CC). Ahora bien, esta atribución es a nuestro juicio solo en apariencia por cuanto el
resarcimiento del daño (previsto, previsible o conocidamente derivado) se fija siempre
dentrodelos límites ylas cuantías establecidas previamenteen el esquema tabular.
Del baremo queda excluida la valoración de los daños estrictamente materiales (ej.
Desperfectos en la chapa del vehículo o mobiliario urbano) que se resarcirán por el
responsable, previa acreditación por cualquiera de los medios de prueba admitidos en
Derecho y siempre que le sean imputables conforme a lo dispuesto en el art. 1902 del
CódigoCivil (enadelanteCC).
2.1Baremoaplicableal accidenteconcreto.
3
El único criterio que aporta el Anexo sobre este punto es que: “A los efectos de
aplicación de las tablas, la edad de la víctima y de los perjudicados y beneficiarios será
lareferidaalafechadel accidente” (apartado1.3º).
La fecha o año del accidente es determinante a la hora de fijar el valor del punto de las
secuelas condicionado por la edad del lesionado (Tabla III); las cantidades que
corresponden a los perjudicados en caso de fallecimiento toda vez que la Tabla I fija
tres tramos resarcitorios en atención a la edad de la víctima; o la cantidad concreta que
corresponde a los hijos o hermanos del fallecido al establecerse distintos niveles,
tambiénconarregloala edadqueteníanenel momentodel siniestro.
La norma no ofrece una respuesta clara al problema con el que tropezamos en la
práctica judicial cuando ha transcurrido un periodo de tiempo -en ocasiones prolongado
duranteaños- entrelafechadel accidente yla fechaenquesevaa efectuar el pago.
La Sala Primera del Tribunal Supremo, en dos Sentencias de fecha 17 de abril de 2007
(Pleno) resolviendo un recurso de casación para unificación de doctrina, sostiene que en
estos supuestos debe atenderse a la fecha del hecho en caso de fallecimiento ya la fecha
delasanidaddelas lesiones oaltamédica encaso delesionados5.
Este criterio no ha sido asumido por la Circular 10/2011 FGE que otorga a la
indemnización por el daño sufrido naturaleza de deuda de valor y considera por tanto
que el incremento anual del índice de precios al consumo (IPC) por definición no
supone enriquecimiento alguno para la víctima. La Circular concluye que las cantidades
a resarcir deben actualizarse al momento en el que se declara judicialmente para evitar
que la depreciación del precio del dinero por el mero transcurso del tiempo opere en
perjuiciodelavíctima6 (Conclusión21ª).
En apoyo de esta posición, la Circular se remite a la Resolución75/7 del Comité de
Ministros del Consejo deEuropa de fecha 14 de marzo de 1975 relativa aLa reparación
de los daños en caso de lesiones corporales y fallecimiento donde se prevé que la
indemnización reparadora del perjuicio debe ser calculada de acuerdo con el valor
económico del daño en el momento en que se dicte la sentencia. La Sala 2ª del Tribunal
Supremo, en Sentencia de fecha 24 de abril de 2008, confirma la naturaleza de deuda-
valor de las indemnizaciones y su actualización al momento del pago alegando que (FJ
6ª):
“Se sostiene en el recurso que debieron aplicarse los Baremos vigentes al tiempo del
hecho y no los que estaban al de la sentencia. Pero no puede dejarse de tener en cuenta
que las deudas indemnizatorias son deudas de valor, que han de acomodarse al real
5FJ6º“1ºLareglageneraldeterminaqueelrégimenlegalaplicableaunaccidenteessiempreelvigente
en el momento en que el siniestro se produce, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1.2 de la Ley
30/1995 y el punto 1.3º del Anexo de la ley. 2º Sin embargo, puede ocurrir -y de hecho ocurre con
demasiada frecuencia- que la determinación definitiva de las lesiones o el número de días de baja del
accidentadoseproduzcaenunmomentoposterior.LanaturalezadedeudadevalorquelaSalaatribuye
alaobligacióndereparar losdañospersonales,segúnreiteradajurisprudencia,requierequelospuntos
se cuantifiquen conforme al baremo aplicable en el momento en que las secuelas del propio accidente
han quedado precisadas, que es el del alta definitiva. Es entonces, además, cuando comienza la
prescripcióndelaacciónparareclamarlaindemnización”.
6EnestalíneaSSTSSala2º 14abrily20dediciembrede2000,15defebreroy16dejuniode2001,15
denoviembrede2002.
4
cuando se hagan efectivas a los perjudicados; lo que no tiene que resultar incompatible
con los intereses penitenciales a que se refiere el art. 20 LCS. Véanse las sentencias de
15/11/2002y20/12/2000,TS.”
En el ámbito de los accidentes laborales, la Circular 4/2011 del FGE se decanta por el
mismo criterio instando a los Fiscales para que apliquen el baremo vigente en el
momentodeformularescritodeacusación.
Ninguna de las dos soluciones resulta totalmente satisfactoria para la Comisión de
Expertos que apuesta por la tesis valorista pero “corregida” para evitar el solapamiento
de la actualización anual con el devengo de intereses moratorios regulado en los arts. 9
de la LRCSCVM y art. 20.8 de la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro
(enadelante, LCS).
La Comisión de Expertos regula por una parte el “Momento de la determinación de las
circunstancias para la valoración del daño” reconociendo que, a los efectos de la
aplicación de las disposiciones de esta Ley, y en defecto de regla específica que
disponga de otro modo, el momento de determinación de la edad de la víctima y de los
perjudicados, así como de sus circunstancias personales, familiares y laborales es el de
la fecha del accidente. Los conceptos perjudiciales indemnizables, los criterios para su
determinación y los demás elementos relevantes para la aplicación del sistema, en
defectodereglaespecífica,son tambiénlos vigentes alafechadel accidente.
De esta forma la propuesta de la Comisión mejora el citado apartado 1.3º del Anexo ya
que remite a la fecha del accidente no solo para el cómputo de la edad sino para la
determinación de otras circunstancias (ej. Estado civil, actividades habituales…) salvo
queunareglaespecífica dispongalocontrario.
Por otra parte se introduce como novedad la regulación del “Momento de determinación
delacuantíadelas partidas resarcitorias”, estableciendopara ellocuatroreglas:
PRIMERA. La cuantía de las partidas resarcitorias será la correspondiente a los importes
del sistema de valoración vigente a la fecha del accidente, con la actualización
correspondiente al año en que se determine el importe por acuerdo extrajudicial o por
resoluciónjudicial.
SEGUNDA. En cualquier caso, no procederá esta actualización a partir del momento en
queseinicieeldevengodecualesquierainteresesmoratorios.
TERCERA.Las reglas de los dos apartados anterioresafectaránigualmente a las partidas
degastosrealizados,partiendodelnominalsatisfechoenlafechadesudesembolso.
CUARTA. Si se realizan pagos a cuenta, las cantidades que se abonen se actualizarán de
acuerdo con las mismas reglas previstas en los apartados anteriores yse deducirán de ese
mododelimporteglobal.
Las dos primeras reglas son sencillas de entender: las cantidades se irán actualizando
hasta el año en que bien por un Juez, bien por un acuerdo extrajudicial, se determine su
importe (en la línea de la Circular 10/2011 FGE). Ahora bien, la actualización anual
cesará desde el momento en que se determine judicialmente el inicio de los intereses
moratorios. La Comisión asume la tesis de MEDINA CRESPO que defiende que la
actualización del IPC está incluida en los intereses moratorios (exceptuando los
procesales ex art. 576 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en adelante LEC) de manera
5
que: “El principio de indemnidad censura que coincidan en el tiempo la indexación
interna ylaindexaciónexterna del créditoresarcitorio”7.
La tercera regla complica más el cálculo al exigir que se apliquen las dos anteriores a
los supuestos en que se ha realizado un gasto acreditado y resarcible (ej. Factura de
taxis):
Ej.Sielaccidenteocurrióenelaño2009,lafacturaseabonóenelaño2010,losintereses
de demora se devengan desde el año 2012 yla resoluciónjudicial que aprueba elpago se
dictaen2013,lafacturadeberáactualizarseconelIPCdelaño2011yapartirdel2012la
actualización va implícita en el devengo de intereses de demora con arreglo al art. 9
LRCSCVM.
La cuarta regla culmina el desarrollo del valorismo reajustado con una fórmula que
puede complicar el procedimiento de liquidación de la indemnización a las víctimas, al
establecer que si se hubieran entregado cantidades a cuenta, tales cantidades deberán
actualizarse con los IPCs de los años sucesivos hasta el devengo de los intereses hasta la
fecha de la resolución judicial o acuerdo extrajudicial. Esta regla será de aplicación en
los supuestos de lesiones de una cierta entidad en las que, durante el proceso curativo,
es frecuente que las entidades vayan adelantando cantidades a cuenta de la
indemnizaciónfinal.
En mi opinión la previsión legal actual en esta materia (apartado 1.3 Anexo) es tan
escueta que nada impide una interpretación que permita el cálculo de las
indemnizaciones conforme a las reglas propuestas por la Comisión, de suerte que las
cuantías se fijen conforme a la Resolución correspondiente al año en que se produce su
pago, salvo que previamente se acuerde el devengo de intereses lo que provocará el cese
de la actualización anual por estar implícita dicha actualización en el cálculo de los
mismos. El mayor inconveniente que encontramos a este sistema es que requiere
supeditar el cálculo del principal al abono o no de intereses, práctica poco ortodoxa yde
difícil encaje ennuestra praxis judicial.
2.2Beneficiarios delasindemnizaciones.
Una vez hemos determinado cual es el baremo aplicable el siguiente paso consiste en
identificar a los beneficiarios de las indemnizaciones. El Anexo dispone que “tienen la
condición de perjudicados, en caso de fallecimiento de la víctima, las personas
enumeradas en la tabla I y, en los restantes supuestos, la víctima del accidente”
(apartado1.4º).
En caso de muerte los beneficiarios no son los herederos del fallecido sino aquellos
familiares incluidos en los cinco grupos que integran la Tabla I a la que nos referiremos
más adelante. El legislador por tanto atribuye la condición de perjudicado “iure propio”
a quienes sufren directamente el dolor por la muerte y no “iure hereditatis”. Esta es la
posición de la Sala 2ª del Tribunal Supremo recogida entre otras en Sentencia de fecha
15 de mayo de 2014 ó 4 de julio de 2005. De forma muy gráfica se explica en la STS
Sala1ª defecha3denoviembrede2008, FJ3ª:
7Vid.MEDINACRESPOM.Actualizaciónvaloristaeinteresesmoratoriosenlaresponsabilidadcivil.
Ed.Bosch(Barcelona2010).Pág. 60y70.
6
“Desde la perspectiva de resarcimiento del daño, en relación con los daños corporales debe
distinguirse entre la víctima directa o principal, que es la que sufre el daño corporal, a la que se
hace referencia en la LRCSVM con el concepto de víctima, y las víctimas indirectas que se ven
perjudicadasporefecto reflejo delacto dañoso,encuanto no tienenelcarácter devíctima directa,
sinoquesufrendañosyperjuiciosdemaneraindirectaorefleja(dommagesparricochetoréfléchis
según la doctrina francesa). Esta distinción resulta implícitamente acogida en el Anexo de la
LRCSVM, en el que se regula el sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados a
laspersonasenaccidentedecirculación,puesenél(apartadoprimero,número4)seespecificaque
tienen la condición de perjudicados, en caso de fallecimiento de la víctima, las personas
enumeradasenlaTablaIy,enlosrestantessupuestos,lavíctimadelaccidente.Estosperjudicados
tienen un derecho al resarcimiento como derecho propio, no adquirido por sucesión hereditaria,
segúnlajurisprudencia invocadaporlaparterecurrente,atenordelacualestederechosurgeiure
propio[porderechopropio]ynoiurehereditatis[porderechodeherencia]”.
En el supuesto de sufrir la víctima lesiones, la beneficiaria de la indemnización es
siempre la propia víctima. De hecho, la Tabla IV del baremo recoge entre los factores
correctores el de “perjuicios morales a familiares”, destinado a indemnizar a los
familiares próximos al incapacitado la sustancial alteración de la vida y convivencia
derivada de los cuidados y atención continuada a éste, aunque el beneficiario de la
indemnización sigue siendo el lesionado y no el familiar. La STC 15/2004, de 23 de
febrero, lo confirma argumentando en su FJ4º que:
“La partida de la tabla IV pretendida por la recurrente lleve por rúbrica“Perjuiciosmorales
familiares”, no quiere decir que sean éstos sus beneficiarios, pues justamente en virtud del antes
citado apartado 1.4 del anexo, la víctima superviviente del accidente es el único beneficiario
también de la indemnización prevista en tal factor de corrección, y no los familiares que le
asisten, que nada impide que puedan variar en el tiempo, siendo unos en un momento y
otrosulteriormente(…)”.
Deestaformaseevitaelfinnodeseadoporellegisladorconsistenteenquelosfamiliares,
una vez percibida la indemnización por este concepto, abandonen o descuiden los
cuidados para los que ya han sido resarcidos. En definitiva nos encontramos con una
partida resarcitoria finalista que debe dedicarse a un fin determinado – como lo puede ser
la dedicada a la adecuación de vivienda – pero cuyo beneficiario (y en cierta forma
“gestor”)será el propiolesionado.Estecriteriohasidoasuvez respaldadoporpartedela
doctrina8.
La Comisión de Expertos flexibiliza la condición de perjudicado al reconocer a los
familiares de víctimas fallecidas, así como los de grandes lesionados, el derecho a ser
resarcidos por los gastos de tratamiento médico y psicológico que reciban durante un
máximode seis meses por las alteraciones psíquicas que, en su caso, les haya causado el
accidente. Por esta vía se introduce una nueva partida resarcitoria que en caso de los
perjudicados por fallecimiento se sumaría a las indemnizaciones que ya perciben por los
otros conceptos (daño personal básico, daño personal particular y daño patrimonial) y
en el supuesto de los familiares de los grandes lesionados, adquieren un derecho propio
yautónomorespectodel lesionado.
Esta partida está circunscrita al coste del tratamiento médico y psicológico cuyo pago
acrediten durante un plazo máximo de seis meses. Las Asociaciones de Víctimas son
muy críticas con este plazo al considerar que este tipo de tratamiento varia
8Enesta línea, XIOLRIOSJ.A.“¿sonindemnizableslosperjuiciospatrimonialesatípicosderivadosdeldaño
corporalenelsistemadevaloraciónenmateriadeaccidentesdecirculación?” RevistadeResponsabilidadCivil
ySeguro. http://www.asociacionabogadosrcs.org/doctrina/juanantonioxiolrios.pdf
7
considerablemente de una persona a otra y demanda que se flexibilice tanto el plazo
como el contenido para poder adecuarlo a las necesidades especificas del familiar que lo
precise9.
Destacar que la extensión de la condición de víctima a los familiares de los grandes
lesionados constituye una propuesta pionera que supera incluso la definición prevista en
la Directiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de octubre de
2012 por la que se establecen normas mínimas sobre los derechos, el apoyo y la
protección de las víctimas de delitos, y por la que se sustituye la Decisión marco
2001/220/JAI del Consejo, toda vez que conforme a la misma se reconoce tal condición
de víctima (art. 2.1) a: i) la persona física que haya sufrido un daño o perjuicio, en
especial lesiones físicas o mentales, daños emocionales o un perjuicio económico,
directamente causado por una infracción penal, ii) los familiares de una persona cuya
muerte haya sido directamente causada por un delito y que haya sufrido un daño o
perjuiciocomoconsecuenciadelamuertededichapersona.
2.3 Categorías resarcitorias y principios que inspiran el sistema.
2.3.1Las categorías del daño:dañopatrimonial yextra patrimonial.
La siguiente pregunta a responder sería ¿Qué tipo de perjuicio considerar el legislador
resarcible en estos casos? La delimitación de los distintos conceptos que integran la
indemnización de las víctimas es clave para valorar si las cantidades acordadas -bien
poracuerdoextrajudicial oenresoluciónjudicial- seajustanaDerecho.
El Código Penal (en adelante CP) en su art. 115 obliga a los Jueces a establecer
razonadamente en la resolución o en un momento posterior “las bases en que
fundamenten la cuantía de los daños e indemnizaciones”. El art. 365 de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal (en adelante LECrim) regula la intervención de peritos cuando
su experiencia y conocimiento sea necesario para poder estimar prudentemente el
“importe del perjuicio causado o que hubiera podido causarse”. Asimismo la citada
Resolución 75/7 contempla que en la medida de lo posible, la sentencia debe relacionar
detalladamente las indemnizaciones y los conceptos indemnizatorios a los que
corresponden,de acuerdoconlas distintas clases deperjuicios sufridos por lavíctima.
Conforme a estas previsiones, el Ministerio Fiscal debe actuar con el máximo rigor a la
hora de cuantificar el importe de las indemnizaciones que corresponde a las víctimas,
siendo necesario para ello desglosar en el escrito de petición de responsabilidad civil los
distintos conceptos a resarcir y fundamentar las razones que justifican el alcance e
importedecadaunodelos mismos.
En este contexto, el primer artículo de referencia es el 1.2 de la LRCSCVM que
considera susceptibles de ser indemnizados los daños y perjuicios causados a las
personas “comprensivos del valor de la pérdida sufrida y de la ganancia que hayan
9 Las Asociaciones de Víctimas de Accidentes de Tráfico tienen representación en la Comisión de
Expertos y la referida es una de sus principales discrepancias con el texto consensuado. El texto
aprobado, fruto del consenso, supone un avance respecto de la legislación actual al reconocer
expresamenteunderechoque noexisteenotrosámbitoslegalesnienlamayoríadelospaísesdenuestro
entorno. Si el texto resultase aprobado, el transcurso del tiempo y su aplicación en casos concretos
permitirá valorar lasposibilidadesde desarrollo tanto enlo que se refiere alplazo como alcontenido del
derecho.
8
dejado de obtener, previstos, previsibles o que conocidamente se deriven del hecho
generador, incluyendo los daños morales…”. Este precepto reconoce como categorías
del perjuicio: el daño emergente (valor de la pérdida sufrida), el lucro cesante (ganancia
dejada de obtener) y los daños morales (en mi opinión debe interpretarse como daño
extra patrimonial o inmaterial y por tanto comprensivo del daño moral estricto y del
dañocorporal obiológico).
Por lo que respecta al daño emergente, el apartado 1.6 del Anexo incluye dentro de esta
categoría “los gastos de asistencia médica, farmacéutica y hospitalaria en la cuantía
necesaria hasta la sanación o consolidación de secuelas, siempre que el gasto esté
debidamente justificado atendiendo a la naturaleza de la asistencia prestada” yen caso
de fallecimiento de la víctima “los gastos de entierro y funeral según los usos y
costumbres del lugar donde se preste el servicio, en la cuantía que se justifique”. Si nos
fijamos en las Tablas encontramos otras partidas de contenido patrimonial que se
encuadran en esta misma categoría como la ayuda de tercera persona, adecuación de
vivienda o vehículo y, en parte, la indemnización por perjuicios morales a familiares
(Tabla IV).
La norma no incluye otros gastos asociados directamente al accidente que, de resultar
probador, deben ser objeto de resarcimiento como por ejemplo el desplazamiento de
familiares al lugar donde está ingresada la víctima, la repatriación del cuerpo, o las
ayudas técnicas o prótesis en caso de lesionados. Posteriormente examinaremos como
resuelve esta laguna la Jurisprudencia, la Circular 10/2011 y la propuesta de la
ComisióndeExpertos.
El lucro cesante se corresponde en el art. 1.2 con “la ganancia dejada de obtener” (en
la misma línea el art. 1106 CC “la indemnización de los daños y perjuicios comprende
la ganancia que haya dejado de obtener el acreedor…”). Curiosamente, las distintas
Tablas que complementan las reglas y criterios del Anexo no utilizan el término “lucro
cesante” sino “perjuicios económicos” (tabla II, IV y V), mucho más flexible a la hora
dejustificar el importedelos ingresos derivados del trabajopersonal dejados depercibir
a consecuencia del siniestro. El efecto perverso de esa mutación del lucro cesante en
perjuicio económico lo encontramos en el mecanismo ideado por el legislador para su
cálculo, consistente en aumentar las indemnizaciones básicas en un porcentaje en
funcióndelos ingresos netos anuales delavíctima.
Las disfunciones de esta forma de cálculo fueron recalcadas en la Sentencia del
Tribunal Constitucional Nº181/2000, de 29 de junio (STC) al advertir el Alto Tribunal
que el lucro cesante, por su entidad e identidad, debía integrar un concepto
indemnizatoriopropioque garantizasesu adecuadaindividualización,cualidaddelaque
adolecía el sistema regulado en la LRCSCVM. La Sala 1ª del Tribunal Supremo (STS
25 de marzo de 2010) “corrige” dentro de los márgenes y reglas del baremo los graves
desajustes provocados por un sistema que cuantifica el resarcimiento del lucro cesante a
partir de sus indemnizaciones básicas de naturaleza extra patrimonial. Más adelante
examinaremos condetalleestetema.
Si nos centramos en el daño moral (o inmaterial), observamos que el legislador lo
cuantifica distinguiendo entre el perjuicio consistente en el dolor o sufrimiento
inherente alapérdida–dañomoral estricto-, yel dañocorporal obiológicoprovocado al
9
lesionado durante el proceso de curación o por las secuelas que se padecen al término
del mismo.
En el sistema de valoración regulado en al LRCSCVM se diferencian dos niveles
resarcitorios del daño moral: un primer nivel integrado en las indemnizaciones básicas
(Tabla II, III-VI, y IV) que se caracteriza por ser igual para todos los afectados, sean
cuales fueran sus circunstancias; y un segundo nivel que permite individualizar la
indemnizaciónacada casoconcreto
Los Principios Europeos de Derecho de Daños (en adelante PETL) también disciplinan
un trato diferenciado a los daños patrimoniales y no patrimoniales. En este segundo
supuesto, el art. 10:301 dispone que: “3) En los casos de daño corporal, el daño no
patrimonial corresponde al sufrimiento de la víctima y al perjuicio de su salud física o
psíquica.Enlacuantificacióndelas indemnizaciones (incluyendolas que correspondan
a las personas allegadas a la víctima fallecida o que ha sufrido lesiones graves) se
deberán conceder sumas indemnizatorias similares por aquellas pérdidas que sean
objetivamentesimilares”.
Adviértaseque antelas dificultades que conlleva valorar entérminos económicos bienes
inmateriales que podemos definir como res extra comercium, los PETL prescinden de
indicaciones concretas sobre su cuantificación, apuntando como única directriz la
igualdad de trato cuando las pérdidas son similares desde un punto de vista objetivo. De
esta forma se garantiza la salvaguarda del juicio de constitucionalidad en relación a los
derechos fundamentales reconocidos en los arts. 14 y 15 de la Constitución Española
(enadelanteCE).
Una vez delimitadas las categorías del daño personal susceptibles de ser resarcidas y
antes de entrar en el estudio de las mismas en los distintos supuestos que dan derecho a
indemnización (muerte, lesiones temporales y secuelas), examinemos los principios
inspiradores del sistema quenos orientaránenlatarea dedeterminación ycuantificación
delos distintos conceptos ypartidas integrados en las categorías referidas.
2.3.2Los principios inspiradores del sistemadevaloración.
La LRCSCVM nocontieneningún artículoquerecojalos principios quedebenservirde
guía para la aplicación del sistema. La Exposición de Motivos dela Ley30/1995 definía
el nuevo sistema como un “Sistema legal de delimitación cuantitativa del importe de las
indemnizaciones exigibles como consecuencia de la responsabilidad civil en que se
incurreconmotivodela circulacióndevehículos amotor”.
La “delimitación cuantitativa” o “tasación” de los importes constituye uno de los
principios esenciales para interpretar el sistema de valoración previsto en al
LRCSCVM. Este principio debe complementarse con el principio de reparación integra
que se infiere del apartado 1.7 del Anexo al afirmarse que: “la indemnización por los
daños psicofísicos se entiende en su acepción integral de respeto o restauración del
derecho a la salud. Para asegurar la total indemnidad de los daños y perjuicios
causados, se tienen en cuenta…” y el principio de vertebración del daño que permite
articular la indemnización en torno a las distintas categorías resarcibles anteriormente
identificadas.
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