Desaparición forzada y derechos de las víctimas La respuesta humanitaria a las demandas de verdad, justicia y reparación en el Perú Desaparición forzada y derechos de las víctimas La respuesta humanitaria a las demandas de verdad, justicia y reparación en el Perú Félix Reátegui | coordinador Rafael Barrantes Jesús Peña Desaparición forzada y derechos de las víctimas: la respuesta humanitaria a las demandas de verdad, justicia y reparación en el Perú Félix Reátegui | Coordinador de la investigación Investigadores: Rafael Barrantes Jesús Peña (Equipo Peruano de Antropología Forense) Primera edición: diciembre de 2012 Tiraje: 500 ejemplares © Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú (IDEHPUCP), 2012 Tomás Ramsey 925, Lima 17 - Perú Teléfono: (51 1) 261-5859 Fax: (51 1) 261-3433 www.pucp.edu.pe/idehpucp © Fundación Konrad Adenauer, 2012 General Iglesias 630, Lima 18 - Perú Teléfono: (51 1) 242-1794 Fax: (51 1) 242-1371 www.kas.de/peru Derechos reservados. Prohibida la reproducción de este documento por cualquier medio, total o parcialmente, sin permiso expreso de los editores. Hecho el Depósito Legal en la Biblioteca Nacional del Perú N.o 2013-04972 Impreso en el Perú - Printed in Peru Índice Presentación 9 Capítulo 1 La desaparición de personas y la justicia transicional 13 1.1. La desaparición forzada y los inicios de la justicia transicional 13 1.2. La búsqueda de las personas desaparecidas 17 1.3. Experiencias internacionales de búsqueda de personas desaparecidas 30 1.4. La dimensión humanitaria 35 Capítulo 2 La problemática de las personas desaparecidas en el Perú 37 2.1. Magnitud de la catástrofe humanitaria 37 2.2. Las necesidades de los familiares 40 Capítulo 3 La política pública sobre personas desaparecidas 53 3.1. Propuestas de política 56 3.2. La búsqueda de personas desaparecidas en la actualidad: los fragmentos de política 69 Capítulo 4 Reflexión final: la falsa contradicción entre los objetivos humanitarios y los judiciales 97 Bibliografía 103 Presentación Según el registro más actualizado, aunque no definitivo, en el Perú hay casi 16 mil personas desaparecidas como consecuencia de la vio- lencia armada vivida en el período 1980-2000. Esa cifra prácticamen- te duplica el conteo parcial realizado por la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) entre el 2001 y el 2003. Ese número atroz se complementa con otro: casi 6500 sitios de entierros clandestinos (eso que en el lenguaje corriente se denomina inexactamente fosas comu- nes) se encuentran desperdigados por el territorio nacional, aunque concentrados mayormente en los andes centrales y del sur. Hay quienes creen que esas cifras hablan de una violencia pa- sada, de un período que se cerró, afortunadamente, con la derrota de Sendero Luminoso y el cese de las acciones armadas estatales y subversivas en el campo y en las ciudades del país. No obstante, es obvio que estamos hablando de una realidad presente. Por un lado, está la vigencia de la impunidad y, por lo tanto, de la negación del Estado de derecho en la sociedad peruana. Por otro lado, muy sig- nificativamente, existe la experiencia ya antigua y cotidiana de zo- zobra, incertidumbre, indignación y desamparo de los millares de familiares cercanos padres, madres, hermanos, hermanas, espo- sas y esposos de esos 16 mil hombres y mujeres desaparecidos. Ciertamente, el término desaparecido encierra en sí mismo una anomalía y designa una condición que en sentido estricto debería ser un imposible jurídico: la incertidumbre absoluta sobre el para- dero, el destino o la situación de una persona que, en algún mo- mento específico, fue retenida y tomada por la fuerza. La Conven- ción Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas (1994) define la desaparición forzada como «la privación de la libertad a 10 Desaparición forzaDa y Derechos De las víctimas una o más personas, cualquiera que fuere su forma, cometida por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúen con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha pri- vación de libertad o de informar sobre el paradero de la persona, con lo cual se impide el ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales pertinentes». Se trata de una práctica que en América Latina se hizo conocida durante las dictaduras que existie- ron en las décadas de 1970 y 1980 en el Cono Sur de la región. Pero sus antecedentes contemporáneos se remontan hasta la táctica de terror desplegada por el totalitarismo nazi contra sus opositores y otros grupos definidos como enemigos a partir del llamado «Decre- to Noche y Niebla» de 1941. La conciencia internacional sobre la necesidad de actuar frente al crimen de desaparición forzada ha crecido promisoriamente en las últimas décadas. No obstante, la acción frente a esa práctica ha estado principalmente centrada en la obligación de ejercer la justicia penal al respecto: identificar y sancionar a los responsables es, en efecto, una primera e indispensable respuesta que todo Estado de- mocrático debe ofrecer a las víctimas y a la sociedad en general. Sin embargo, como se ha dicho, si la desaparición forzada, aun cuando ocurrida en décadas pasadas, es siempre una realidad presente, ello no es solo por la necesidad de combatir la impunidad; también lo es por la existencia de un sufrimiento que se prolonga y se multiplica con el paso de los años entre los familiares de aquellos que fueron desaparecidos. La imposibilidad de hacer duelo por la pérdida de un ser querido, la situación de indefinición jurídica que afecta a los fa- miliares, la sensación de ultraje e incluso de profanación que estos sienten al no tener noticia de los restos de sus parientes, todo ello configura una situación de injusticia que profundiza el dolor de la pérdida en sí misma. Atender a esa realidad aparece, así, como un deber de toda política de justicia sobre desapariciones. A ello nos referimos en esta publicación como la dimensión humanitaria de la respuesta al problema de la desaparición forzada. Se explica, en este texto, cómo es que, en el Perú, todavía no te- nemos una respuesta adecuada para esa dimensión y qué se podría y se debería hacer para avanzar en ello. Se señala, con ese fin, cómo