Derecho Penal. Parte Especial

1093 Pages·2019·4.897 MB·Spanish

by  Francisco Muñoz Conde

FRANCISCO MUÑOZ CONDE

Catedrático de Derecho penal
DERECHO PENAL PARTE
ESPECIAL
22ª edición, revisada y puesta al día con la colaboración de Carmen López
Peregrín, Profesora Titular de Derecho penal de la Universidad Pablo de
Olavide de Sevilla

tirant lo blanch

Valencia, 2019
PRÓLOGO A LA 22ª EDICIÓN

La breve y agitada legislatura parlamentaria que terminó con las elecciones del
28 de abril de 2019 dejó como herencia dos reformas del Código penal
operadas por la LO 1/2019, de 20 de febrero, y la LO 2/2019, de 1 de marzo.
Ambas reformas son tenidas en cuenta y comentadas en la presente edición en
los capítulos correspondientes de esta Parte Especial, junto con la bibliografía
y las más importantes decisiones jurisprudenciales aparecidas en estos dos
últimos años.

La convocatoria de elecciones determinó que no llegaran a convertirse en ley,
por falta de tiempo y de acuerdos parlamentarios mayoritarios, otros Proyectos
de reforma del Código penal que ya se encontraban en distintas fases de
elaboración, con los que se pretendía dar respuesta legislativa a determinados
casos que en algunos medios se consideraba que no podían ser resueltos con
las normas penales vigentes en el momento en se produjeron, o en los que se
temía que los tribunales, en base a esos preceptos legales, no pudieran dar una
respuesta que recogiera los deseos de Justicia que se expre-saban en algunos
sectores de la opinión pública. Un ejemplo de ello, no el único, pero sí quizá el
más paradigmático, fue la sentencia de la Audiencia Provincial de Pamplona
38/2018, de 20 de marzo, ratificada luego por el Tribunal Superior de Justicia de
Navarra en la sentencia 8/2018, de 30 de noviembre, en el caso llamado de «La
Manada», en el que se condenó, aunque con votos particulares en contra, por un
delito continuado de abuso sexual con prevalimiento, y no de agresión sexual, a
una pena, entre otras sanciones, de nueve años de prisión, a un grupo de cinco
hombres jóvenes que en el reducido espacio de la entrada a un bloque de pisos
realizaron diversas penetraciones, vaginales, anales y bucales, sobre una joven,
a la que habían conocido poco antes, y que, aturdida e impotente ante la
evidente superioridad de los hombres, se limitó a adoptar una actitud pasiva y
no ofreció resistencia. Dichas sentencias fueron posteriormente casadas por la
STS 344/2019, de 4 de julio, en la que, por unanimidad y pocas horas después de
celebrada la vista, se condenó a los citados jóvenes, entre otras sanciones, a la
pena de 15 años de prisión, apreciando que en tales hechos no había un delito
de abuso sexual con prevalimiento, sino uno de agresión sexual. Para ello no fue
preciso que se modificara ni una sola coma de la regulación legal vigente en el
momento en que se cometieron los hechos (a los que, de todas formas, no
hubiera podido aplicarse retroactivamente la nueva regulación que se
proponía), sino que bastó simplemente una, a nuestro juicio, más ajustada
valoración de la prueba conforme al principio de la independencia judicial.
Quien crea que las diferencias entre abuso sexual y agresión sexual se pueden
determinar con toda precisión por vía legislativa, limitando la libertad en la
valoración de las pruebas que corresponde al tribunal de Justicia que tiene que
enjuiciar de modo independiente los hechos, o que no debe haber ninguna
diferencia entre la agresión sexual, llevada a cabo con violencia o intimidación,
y el abuso sexual, con o sin prevalimiento, en el que caben muchos grados y
matices para cuantificar su gravedad, es que desconoce la diversidad
fenomenológica y la distinta gravedad de los ataques a la libertad sexual (de
mujeres y de hombres); o simplemente pretende anular la independencia del
poder judicial a la hora de valorar las pruebas que determinen la distinta
calificación y gravedad de estos hechos.

La tarea principal de la Parte Especial del Derecho penal, a la que este
Manual se dedica, con mejor o peor acierto, desde hace ya más de cuarenta
años, es marcar las diferencias entre, por ejemplo, asesinato y homicidio, que
puede ser también un homicidio por imprudencia; o entre la alevosía
determinante de la calificación de asesinato y el abuso de superioridad que no
convierte al homicidio en asesinato; o entre tentativa de homicidio (o
asesinato) y delito de lesiones; o entre robo con violencia o intimidación y
hurto, entre otras cosas no sólo para una mayor seguridad jurídica, sino
porque cada uno de estos delitos tiene asignado legalmente un distinto marco
punitivo, entre un mínimo y un máximo, que el tribunal sentenciador está
obligado a respetar, una vez que, en el ámbito de la independencia que
constitucionalmente le corresponde, determine si los hechos son constitutivos
de una u otra figura delictiva. Del mismo modo debe proceder cuando tiene
que decidir si un hecho constituye un mero ilícito patrimonial civil penalmente
atípico, o un grave delito de estafa. La intención de matar o sólo de lesionar, la
credibilidad de un testigo, las diferencias entre el dolo civil que determina la
anulabilidad de un contrato y el dolo penal constitutivo de un delito de estafa,
o el consentimiento de una persona en una relación sexual, no son cuestiones
que puedan resolverse legislativamente, introduciendo en los preceptos penales
una casuística abrumadora en la que siempre habrá algún supuesto que quede
fuera de la misma, sino confiando en que los tribunales cumplirán con su tarea
de valorar los hechos e interpretar y aplicar la ley que sea aplicable a los
mismos, aunque esa ley no sea siempre plenamente satisfactoria; o aunque en
la valoración de la prueba de esos hechos pueda haber discrepancias entre los
miembros de un tribunal cuando el objeto de la prueba no son leyes ma-
temáticas o científicas, difícilmente discutibles, sino valoraciones de procesos
subjetivos de los protagonistas de un caso penal que sólo pueden deducirse,
pero no determinarse con una certeza absoluta.

Lo que en todo caso debe evitar el legislador es recargar la tarea de los tribunales
de Justicia con reformas penales continuas que complican la ya de por sí muy
complicada tarea de interpretar las leyes, como sucedió en la última reforma de
2015, que más que mejorar la regulación legal vigente en aquel momento la
empeoró, provocando una enorme inseguridad jurídica que se refleja en las dudas
que suscita ahora, por ejemplo, la interpretación de los supuestos del asesinato
agravado en los que cabe aplicar la cuestionable, también por eso, prisión
permanente revisable. Y algo similar cabe decir de las reformas de 2019, por
ejemplo en lo referente a los cambios introducidos en materia de homicidio y
lesiones imprudentes (donde se impone a los tribunales en ciertos casos la
calificación de grave o menos grave en la imprudencia, sin dejar margen alguno a
la interpretación judicial, y se permite imponer agravaciones de la pena de
enorme entidad en supuestos definidos de manera vaga e imprecisa); al
(innecesario) nuevo delito de abandono del lugar del accidente; o a las
modificaciones introducidas en los delitos de manipulación de mercado y abuso de
información privilegiada (donde se introducen también supuestos de muy difícil
concreción). Todo ello agudizará aún más el enorme retraso y la lentitud en la
tramitación de los procesos penales, que siguen constituyendo la verdadera lacra
de la actual Administración de Justicia.

Sevilla, 12 de julio de 2019
Francisco Muñoz Conde
Carmen López Peregrín
ÍNDICE DE ABREVIATURAS
ADPCP:
Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales.

Art./ arts.: Artículo/s.

BOCG:

Boletín Oficial de las Cortes Generales.

Cc:

Código civil.

CCAA:

Comunidades Autónomas.

CE:

Constitución española.

Coord.: Coordinador/a/es/as.
Cp:

Código penal.

CPC:

Cuadernos de Política Criminal.

Dir.:

Director/a/es/as.

Ed.:

Edición.

Edit.:

Editor/a/es/as.

Ej.:

Ejemplo.

EPC:

Estudios Penales y Criminológicos.

FGE:

Fiscalía General del Estado.

InDret:

InDret: Revista para el Análisis del Derecho.

LEC:

Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.
LECrim:

Ley de Enjuiciamiento Criminal (Real Decreto de 14
de septiembre de 1882).
LEN:

Ley 25/1964, de 29 de abril, sobre Energía Nuclear.

LO:

Ley Orgánica.

LOPJ:

Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.

LOPSC:

Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de Protección de la Seguridad
Ciudadana.

LOREG:

Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General.

LPHE:

Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.

LPPNA:

Ley 209/1964, de 24 de diciembre, Penal y Procesal de la Navegación
Aérea.

LTRHA:

Ley 14/2006, de 26 de mayo, sobre Técnicas de Reproducción Humana
Asistida.
OIT:

Organización Internacional del Trabajo.

RD:

Real Decreto.

RDGH:

Revista de Derecho y Genoma Humano.

RDPC:

Revista de Derecho Penal y Criminología.

RDPP:

Revista de Derecho y Proceso Penal.

RECPC:

Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología. 14
REIC:

Revista Española de Investigación Criminológica.

RGDP:

Revista General de Derecho Penal.

RJCat.:

Revista Jurídica de Cataluña.

RP:
Revista Penal.

SAN:

Sentencia de la Audiencia Nacional.

SAP:

Sentencia de la Audiencia Provincial.

STC/SSTC: Sentencia/s del Tribunal Constitucional.

STS/SSTS: Sentencia/s del Tribunal Supremo.

STSJ:

Sentencia del Tribunal Superior de Justicia.

TEDH:

Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

TSJ:

Tribunal Superior de Justicia
ÍNDICE GENERAL
PRIMERA PARTE
DELITOS CONTRA LAS PERSONAS
SECCIÓN PRIMERA
DELITOS CONTRA LOS VALORES DE LA PERSONALIDAD

DELITOS CONTRA LA VIDA HUMANA INDEPENDIENTE

Capítulo I:
Homicidio. Asesinato ............................................ 27
Capítulo II:
Inducción y cooperación al suicidio. Especial
consideración de la eutanasia .............................. 65
DELITOS CONTRA LA VIDA HUMANA DEPENDIENTE
Capítulo III:
Consideraciones generales y político-crimina- les.
Aborto .................................................................... 79
DELITOS CONTRA LA SALUD Y LA INTEGRIDAD CORPORAL

CAPÍTULO IV:

Lesiones. El consentimiento del lesionado.
Casos problemáticos: A) La esterilización de
deficientes psíquicos. B) La exposición volun-
taria a actividades peligrosas. El tratamiento
médico. Participación en riña. Tráfico de
órganos ................................................................... 99

Capítulo V:

Lesiones al feto. Delitos relativos a la manipu- lación
genética .................................................................. 131
DELITOS CONTRA LA LIBERTAD