Criminalización de la pobreza y de la protesta social

308 Pages·2009·0.973 MB·Spanish

by  Claudia Korol y Roxana Longo

Criminalización de la
pobreza y de la
protesta social
Coordinación: Claudia Korol
Presentación: Maristella Svampa
EDITORIAL
ELCOLECTIVO
Buenos Aires, 2009
Argentina, criminalización de la pobreza y de la protesta social - 1º 1a ed. -
: El Colectivo, América Libre, 2009.
Korol, Claudia; Longo, Roxana;
256 p., 22 x 15 cm
ISBN: 978-987-1497-17-1
1. Política.. I. Título
CDD
Fecha de catalogación: 20/07/2009
Pañuelos en Rebeldía
www.panuelosenrebeldia.org
Diseño de tapa e ilustraciones en interior: Florencia Vespignani
Dibujo de movilización en tapa: Rini Templeton
Diagramación interior: Pablo Solana
Editorial El Colectivo América Libre
www.editorialelcolectivo.org www.nodo50.org/americalibre
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Prólogo
Maristella Svampa*
Existen dos lecturas complementarias que es necesario tener
en cuenta a la hora de explicar la actual envergadura que tienen
los procesos de criminalización de los movimientos populares.
Por un lado, la criminalización de las luchas sociales se halla
íntimamente ligada a la problemática del fuerte quiebre de soli-
daridades sociales vivido en las últimas décadas. Por otro lado,
estos procesos están lejos de constituir una característica local,
nacional o regional; forman parte, como se afirma claramente en
este libro, de una estrategia global de disciplinamiento y búsque-
da de gobernabilidad, en la dinámica del capitalismo actual.
Es sabido que, en nuestro país, el golpe de Estado del 24 de
marzo de 1976 constituyó una cesura, en la medida que sentó las
bases para un cambio en la distribución del poder social al inte-
rior de la sociedad argentina.
Como en otros lugares de América Latina, la dictadura militar
tuvo como objetivo llevar a cabo una política de represión, al
tiempo que aspiraba a refundar las bases materiales de la socie-
dad. En consecuencia, el corte que ésta introdujo fue doble: por
un lado, a través de terrorismo de Estado, apuntó al exterminio
* Licenciada en Filosofía por la Universidad Nacional de Córdoba, y Doctora en
Sociología por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París. Investigadora
independiente del CONICET con sede de trabajo en la Universidad de General
Sarmiento.
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y disciplinamiento de vastos sectores sociales movilizados; por
otro lado, puso en marcha un programa de reestructuración eco-
nómico-social que habría de producir hondas repercusiones en
la estructura social y productiva. Una nueva época se abría, sig-
nada por el final violento del empate social (1955-1976), atrave-
sado por las feroces pujas sociales, políticas y económicas entre
los diferentes actores y grupos sociales, y caracterizado de ahí en
más por el pasaje convulsionado y conflictivo hacia un período
que podemos denominar como la gran asimetría (1976-2001)1,
visible en la fragmentación y la pérdida de poder de los sectores
populares y amplias franjas de las clases medias, y en la mayor
concentración política y económica en las elites de poder inter-
nacionalizado.
Esta dinámica de reconfiguración social estuvo lejos de ser
lineal o de registrar una secuencia única. Así, los cambios en el
orden económico arrancaron durante la década del setenta, a
partir de la instalación del régimen militar; las transformaciones
operadas en la estructura social comenzaron a tornarse visibles
en los 80, con el retorno a la vida institucional y el “descubri-
miento” de amplias zonas de pobreza; por último, grandes muta-
ciones se produjeron luego de la hiperinflación y durante la
década del 90, con el tránsito a la globalización neoliberal, a tra-
vés de las reformas llamadas “estructurales”, que terminaron por
moldear de modo diferente los contornos de la nueva sociedad
argentina.
Como consecuencia de ello, este proceso desembocó en una
importante modificación de las relaciones de clase, lo cual reper-
cutió enormemente en el modo en cómo cada grupo social se
autorepresenta, se piensa y figura su destino social dentro de la
sociedad. Asimismo, las fracturas sociales y los quiebres identi-
tarios fueron múltiples. En efecto, la política represiva y la diná-
mica desindustrializadora abrirían paso a un proceso de desco-
lectivización, esto es, a la pérdida de aquellos anclajes colectivos
que habían configurado la identidad de los sujetos sociales, refe-
ridos al mundo del trabajo, la política y el rol de las instituciones
estatales. Dicha dinámica desembocó en una ruptura doble de
los lazos de solidaridad: en primer lugar, apuntó a quebrar aque-
llos lazos interclasistas que se habían entablado entre las clases
medias movilizadas y las clases populares, que encontraron su
máxima expresión en los años 70; en segundo lugar, produjo un
resquebrajamiento de los lazos intraclasistas al interior de las
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PRÓLOGO
clases populares, visibles en la distancia operada entre los traba-
jadores asalariados, afectados por la precarización, y disciplina-
dos por la amenaza del desempleo, y la emergencia de clases
populares plebeyas, asociadas, a partir de los 90, con el mundo
de los “excluidos”.
Es en este contexto de “gran asimetría” de fuerzas, y de pro-
funda ruptura de las relaciones de solidaridad inter e intraclases,
que surgieron y se desarrollaron diferentes luchas y movimientos
sociales, cuyo rasgo central sería la acción defensiva y un marca-
do discurso anti-neoliberal. A la sombra del declive del movi-
miento obrero, y frente a la transformación del mundo de los sec-
tores medios y populares, los movimientos sociales fueron multi-
plicándose: movimientos urbanos territoriales, movimientos de
derechos humanos, movimientos indígenas y campesinos, movi-
mientos socio-ambientales, movimientos y colectivos glttb, en fin,
colectivos culturales de diverso tipo, dan cuenta de la presencia
de un conjunto de reivindicaciones diferentes, con sus respecti-
vos clivajes identitarios, configurando un campo multiorganiza-
cional extremadamente heterogéneo y complejo en sus posibilida-
des de articulación política.
Por otra parte, por encima de la heterogeneidad (o gracias a
ella), lejos de haberse revelado como una respuesta meramente
defensiva, no son pocos los movimientos populares que fueron
ampliando enormemente su plataforma discursiva y representa-
tiva en relación con la sociedad. En este sentido, bueno es recor-
dar que la apertura del ciclo de luchas contra la globalización
neoliberal y asimétrica no provino de las fuerzas de la política
institucional. El nuevo ciclo de luchas antineoliberal se abrió en
1994 con la irrupción del zapatismo, en Chiapas, que se consti-
tuyó en el primer movimiento contra la globalización asimétrica,
influyendo fuertemente en los grupos y colectivos alterglobaliza-
ción que se estaban gestando en otras latitudes. Pero en rigor, en
América Latina, el nuevo ciclo de acción colectiva, que señala una
progresiva acumulación de las luchas contra las reformas neoli-
berales, arranca en el año 2000, con la Guerra del Agua, en
Cochabamba; y tuvo sus momentos de inflexión en Argentina,
entre 2001 y 2002; Ecuador, en 2005; y nuevamente Bolivia en
2003 y 2006, con el ascenso de Evo Morales a la presidencia.
Fueron entonces las organizaciones y movimientos sociales los
grandes protagonistas de este nuevo ciclo, los que a través de sus
luchas y reivindicaciones, aún de la práctica insurreccional,
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CRIMINALIZACIÓNDELAPOBREZAYDELAPROTESTASOCIAL
lograron abrir la agenda pública y colocar nuevas problemáticas,
contribuyendo con ello a legitimar otras formas de pensar la polí-
tica y las relaciones sociales: el reclamo frente a la conculcación
de los derechos más elementales, la cuestión de los recursos
naturales y de las autonomías indígenas, la crisis de representa-
ción de los sistemas vigentes, la denuncia de las diferentes for-
mas de precarización de la vida.
Sin embargo, pese a los avances organizativos registrados en
los últimos tiempos, de cara a los fuertes cambios producidos en
términos de correlación de fuerzas sociales, los movimientos
populares lejos están de haber horadado la situación de segmen-
tación y de quiebre de las solidaridades inter e intraclases, en el
marco de la gran asimetría. La eficacia simbólica y política de la
criminalización -tanto política como mediática, en sus más varia-
dos aspectos-, reposa sin duda sobre esta cesura mayor, se ali-
menta de una fragmentación que hoy atraviesa a los sectores
populares y las clases medias movilizadas, configurando mundos
de vida, oportunidades y escenarios de lucha que muchas veces
aparecen contrastantes y desconectados entre sí.
Como afirman Claudia Korol y Roxana Longo en este libro, “la
criminalización de los movimientos populares forma parte de un
repertorio global de acciones y prácticas de control social, con las
que el poder organiza su gobernabilidad, a fin de continuar el
proceso de reproducción ampliada y por desposesión (Harvey2)
del capital”. Pero, en América Latina, a diferencia de otros perío-
dos, este proceso de criminalización se inserta en un contexto
latinoamericano complejo, atravesado por tendencias contradic-
torias. En efecto, por un lado, los cambios del escenario político
regional registrados en los últimos años, a partir del quiebre del
consenso neoliberal, parecieran colocar en un lugar central a los
movimientos sociales, al tiempo que abren la posibilidad de pen-
sar alternativas emancipatorias, en algunos casos, en articula-
ción con los nuevos gobiernos de izquierda. Por otro lado, más
allá del cambio de época, visible en la circulación de discursos
críticos y la relegitimación del lenguaje emancipatorio por fuera
de los propios movimientos sociales, el conjunto de la región
atraviesa una nueva fase, que anuncia la profundización del
paradigma neoliberal, a través de la generalización del modelo
extractivo-exportador, acompañado por la acentuación de la cri-
minalización de la protesta social, la tendencia al cierre del espa-
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PRÓLOGO
cio público en nombre de la seguridad ciudadana, y la militariza-
ción de los territorios en conflicto.
Así, de manera paradójica, el proceso de relegitimación de los
movimientos sociales; su carácter de “grandes protagonistas”
(reconocido públicamente por los presidentes más emblemáticos
de la región -en términos de procesos de cambio-, en el último
Foro Social Mundial en Belén); en fin, su relativa integración a la
esfera gubernamental en el marco de los nuevos gobiernos lati-
noamericanos, se opera en un contexto en el cual se constata
una profundización de las políticas de criminalización de la pro-
testa social y de seguridad ciudadana, al tiempo que se advierte
un progresivo ensanchamiento de las diferencias entre movi-
mientos sociales y gobiernos en términos de propuestas o “mode-
los de desarrollo” alternativos.
Desde 2003, con la asunción de Néstor Kirchner, la Argentina
es una ilustración paradigmática de estas ambivalencias y ten-
dencias contradictorias que hoy contribuyen a complejizar el pro-
blema de la relación entre movimientos sociales y gobiernos: inte-
gración y cooptación de las organizaciones sociales afines; disci-
plinamiento y criminalización de las organizaciones sociales con-
testatarias; judicialización, invisibilización y represión de las
luchas que se orientan a cuestionar el modelo neodesarrollista.
Así, en primer lugar, en nuestro país no son pocos los movi-
mientos y organizaciones sociales de carácter anti-neoliberal
(territoriales, derechos humanos, glttb, entre otros) que se han
integrado al gobierno. Este proceso derivó en la institucionaliza-
ción de organizaciones sociales y la incorporación de sus dirigen-
tes al gobierno, sobre todo en organismos ligados a la acción
social y comunitaria, Cancillería y derechos humanos. En nume-
rosos casos, el proceso de integración ha sido menos claro, evi-
denciando la activación de clásicos mecanismos de cooptación y
clientelismo político, consolidados por el peronismo en el poder.
Así, desde la gestión de N. Kirchner hasta el de su sucesora y
esposa, Cristina Fernández de Kirchner, la reivindicación de una
nueva dinámica política y la apropiación del discurso crítico han
coexistido con la potenciación de los dispositivos clientelares y la
perpetuación de prácticas políticas, funcionarios y gobernadores,
vinculados a la década del 90.
Por otra parte, como se afirma en este libro, la institucionali-
zación de las organizaciones de derechos humanos “históricas”
produjo una mayor fragmentación y conflicto dentro del campo
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CRIMINALIZACIÓNDELAPOBREZAYDELAPROTESTASOCIAL
militante, sobre todo a partir de las diferencias que se instalaron
con los nuevos movimientos de lucha contra la impunidad, que
critican la actual política económica y social del gobierno. El rea-
lineamiento del campo militante produjo además una reactiva-
ción de la tradición nacional-popular, tan cara en la historia
argentina, asociada a la apelación del setentismo, esto es, un lla-
mado al protagonismo político de aquella generación que luchó
durante los años setenta, aunque en un marco de posibilidades
y expectativas de cambio completamente diferente. Tanto el
setentismo como la reactivación de la tradición nacional popular
en clave latinoamericana o regional, fueron fundamentales para
producir una desorientación y un desconcierto en una gran parte
del campo militante crítico.
En segundo lugar, desde 2003 y pese a las advertencias de que
el gobierno de Néstor Kirchner “no reprimiría”, se ha venido
advirtiendo la profundización de formas de control y disciplina-
miento social, a través del agravamiento de la judicialización y la
criminalización -política y mediática- de las organizaciones con-
testatarias, así como la tendencia al cierre del espacio público.
Esto ha afectado principalmente a los movimientos de desocupa-
dos, sindicatos contestatarios y colectivos glttb. Asimismo, la
política de disciplinamiento hacia los movimientos sociales dís-
colos, ha habilitado la salida represiva en varias provincias, tales
como Neuquén, Salta, Santa Cruz y Jujuy, algunas de las cuales
han contado con el aval directo del gobierno nacional, a partir del
envío de fuerzas de la Gendarmería Nacional y la militarización
de las zonas de conflicto (como en Las Heras, Santa Cruz).
Así, la política de judicialización y demonización de las organi-
zaciones sociales contestatarias que llevó a cabo el gobierno de
Kirchner, junto con los sectores de poder y los grandes medios
de comunicación, puso en evidencia el carácter desigual de la
lucha, al tiempo que apuntó a quebrar aquellos lazos, aquellas
relaciones de solidaridad que se habían desarrollado entre las
organizaciones sociales y las clases medias movilizadas, esto es,
aquellas “pasarelas” sociales que se habían forjado a partir de los
acontecimientos de diciembre de 2001 y hasta el año 20033. Más
aún, en la combinación entre criminalización de la protesta
social y afirmación de la doctrina de seguridad ciudadana, el
gobierno logró actualizar la oposición entre el centro y los subur-
bios, ilustrada de manera emblemática por la “frontera social”
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