CONSEJO SUPERIOR DE LA CARRERA NOTARIAL República de Colombia ACUERDO

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by  Nestor E

CONSEJO SUPERIOR DE LA CARRERA NOTARIAL
República de Colombia

ACUERDO NÚMERO 178 DE 2009
(3 de febrero de 2009)

EL CONSEJO SUPERIOR

En cumplimiento del artículo 131 de la Constitución Política, el Decreto Ley 960 de
1970, la Ley 588 de 2000, el Decreto 3454 de 2006 y en ejercicio de sus
facultades legales, en especial las que le confiere el Artículo 165 del Decreto 960
de 1970, y teniendo en cuenta los siguientes:

1. ANTECEDENTES

Que el artículo 131 constitucional, de conformidad con los alcances fijados por la
Corte Constitucional en sentencia C-421 de 2006, impone de manera perentoria,
la implementación para el nombramiento de notarios, de un sistema de méritos,
de selección e incorporación a la carrera y la aplicación de los principios
administrativos de eficacia, economía, celeridad, imparcialidad, en el tema bajo
estudio.

Que a la fecha, el estado de ejecución de las listas de elegibles adoptadas en
desarrollo del Concurso Público y Abierto para el Nombramiento de Notarios en
Propiedad y el Ingreso a la Carrera Notarial, es el siguiente:

Notarías con
Notarías Notarios
Nodo aspirante en
desiertas nombrados
lista
Bucaramanga 78 9 76
Barranquilla 121 31 108
Bogotá 240 28 191
Medellín 125 17 60
Cali 189 23 En trámite
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Total 753 108 434

Que el Juzgado Cuarto Administrativo de Ibagué, en la acción popular promovida
por el señor Augusto Rodríguez Ortiz en contra el Consejo Superior (Proceso No.
00413-2007), mediante auto del 2 de julio de 2008 ordenó reponer la providencia
del 17 de junio de 2008 y variar la medida cautelar decretada inicialmente, y en su
lugar dispuso nombrar en provisionalidad en el cargo de notario a las personas
que acreditaron las publicaciones de obras jurídicas con el requisito alterno
previsto en el artículo 11 del Acuerdo No. 01 de 2006, hasta tanto ese despacho
se pronuncie de fondo.

Que el Tribunal Administrativo del Tolima, en providencia del 29 de agosto de
2008, modificó parcialmente la medida cautelar anterior y dispuso que sólo se
reconocerá la publicación de las obras jurídicas a quienes hayan acreditado tal
requisito conforme a las disposiciones legales vigentes, es decir, a través de la
Oficina de Derechos de Autor del Ministerio de Interior y de Justicia.

Que en dicha providencia se ordenó suspender en forma provisional la aplicación
de la parte final del artículo 11 numeral 11 del Acuerdo No. 01 de 2006, en lo
concerniente a: “(…)o la certificación de la publicación expedida por la imprenta o
editorial respectiva junto con un ejemplar del libro publicado, hasta tanto se dicte
pronunciamiento de fondo”.

Que tal medida estuvo precedida de las siguientes consideraciones:

“Con esta decisión no se pretende paralizar o demorar el concurso,
por el contrario se toma la decisión con la mayor celeridad, tal y como
lo establece la ley para este tipo de acciones y se insta al Consejo
Superior de la carrera notarial, a que continúe y concluya el concurso
dentro de los términos establecidos, sin que le sea dable alegar que
por esta decisión, no pueda realizar los nombramientos previstos”.
Que el Consejo Superior, con el fin de cumplir debidamente la medida de cautela,
mediante escrito presentado el 2 de septiembre de 2008, solicitó aclaración ante el
Tribunal Administrativo del Tolima sobre los siguientes puntos:
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En primer lugar, ¿cómo debe aplicarse la medida cautelar de suspensión
provisional del Acuerdo No. 01 de 2006, si se tiene en cuenta que ya agotó sus
efectos, al haber sido dictados los Acuerdos Nos. 124, 142 y 151 de 2008
mediante los cuales se conformaron las listas de elegibles de las regiones de
Barranquilla, Bogotá y Medellín?; ¿Se pueden reconformar los listados de elegibles
para suprimir los cinco puntos otorgados a quienes acreditaron la autoría a través
del mecanismo suspendido provisionalmente, o si por el contrario, se les puede dar
cumplimiento totalmente, tal y como se encuentran integrados?

Se expuso que la medida decretada no cobija estos nuevos actos, los cuales
gozan de presunción de legalidad toda vez que no han sido suspendidos o
anulados, y radican derechos adquiridos en cabeza de los aspirantes que integran
la lista de elegibles y están llamados a cumplir todos sus efectos jurídicos
(Sentencia T-559 de 2000).

El segundo interrogante tuvo que ver con la forma como debe aplicarse la medida
cautelar, en los eventos en los que ya se efectuaron los nombramientos y los
designados ya se posesionaron en sus cargos, circunstancia ocurrida con el nodo
de Bucaramanga (Acuerdo No. 112 del 31 de enero de 2008), situaciones que de
manera alguna pueden retrotraerse so pena de violar los derechos fundamentales
de los concursantes, como lo ha sostenido la Corte Constitucional.

El tercer interrogante aludió a si se puede aplicar la medida a unos aspirantes y a
otros no, en unos círculos notariales y en otros no, en el entendido que ya hay
personas nombradas y posesionadas en propiedad en el cargo de notario, a los
que no se les puede aplicar la medida de cautela sin generar situaciones de
inequidad, de desigualdad y de intervención parcial del proceso, en desmedro del
principio de legalidad que debe regir en igualdad de condiciones para todos
aquellas personas que se encuentren en una misma situación jurídica.

Se advirtió igualmente que con la decisión adoptada por el Tribunal Administrativo
del Tolima el 29 de agosto de 2008, se hizo más gravosa la situación del Consejo
Superior, pese a ser apelante único, dado que se sustituyó la medida de cautela
consistente en efectuar los nombramientos en provisionalidad respecto de quienes
hubieren acreditado la autoría de la obra jurídica a través del mecanismo alterno
tantas veces citado, por el de su suspensión provisional, transgrediendo el
principio de la no reformatio in pejus.
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La solicitud de aclaración, formulada el 2 de septiembre de 2008, no fue
respondida por el Tribunal Administrativo del Tolima.

El Consejo Superior, en atención a la forma como se venía adelantando la acción
popular, formuló demanda de tutela por vía de hecho contra el Juzgado Cuarto
Administrativo de Ibagué, acción que fue negada por el Tribunal Administrativo del
Tolima, en sentencia proferida el 24 de abril de 2008.

Ante la falta de claridad sobre el contenido y alcances de la medida cautelar
citada y la ausencia de un pronunciamiento sobre el particular por parte del
Tribunal Administrativo del Tolima, el Consejo Superior sometió a consideración
del Consejo Superior de la Judicatura, los interrogantes atrás expuestos, dentro
de la acción de tutela No. 2008-00881.

En esa oportunidad se planteó al juez de tutela si se debía reconformar la lista de
elegibles de Bogotá para excluir los cinco puntos de aquellos aspirantes que
acreditaron la autoría de la obra jurídica a través del mecanismo suspendido
provisionalmente, o si por el contrario, se debía dar aplicación a los listados de
elegibles, en el orden allí previsto y en el entendido que en la decisión adoptada
por el Tribunal Administrativo del Tolima, esa Corporación no se pronunció
expresamente sobre las listas de elegibles que, se recuerda, gozan de presunción
de legalidad.

Se manifestó también el interés que le asiste al Consejo Superior de ver finalizado
satisfactoriamente el concurso público y abierto para el nombramiento de notarios
en propiedad y el ingreso a la carrera notarial, para cuyo propósito ha adelantado
ingentes esfuerzos dirigidos a enfrentar los ataques judiciales tendientes a evitar la
modificación del sistema de elección y permanencia de los notarios.

La petición anterior fue negada en providencia del 5 de noviembre de 2008, sin
que se absolviera ninguno de los interrogantes planteados ante esa instancia
judicial.

Ante la demora en la adopción de una decisión de fondo sobre el tema de la
autoría de la obra jurídica por parte de la Juez Cuarta Administrativa de Ibagué y
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el Tribunal Administrativo del Tolima, la aparente existencia de una situación de
impedimento en la Juez para conocer de la aludida acción -dado que se presentó
al concurso y fue inadmitida por el Consejo Superior- y las múltiples
irregularidades presentadas en el trámite del proceso, se instauró una denuncia
ante el Consejo Superior de la Judicatura dirigida a la implementación de una
vigilancia especial sobre el proceso, la apertura de investigación disciplinaria y la
designación de un juez de descongestión.

Es así como mediante petición del 4 de abril de 2008, reiterada mediante oficios
del 20 de junio y del 24 de octubre de 2008, se exhortó al Consejo Superior de la
Judicatura -Salas Administrativa y Jurisdiccional- para que interviniera de manera
urgente las actuaciones adelantadas en la acción popular, por constituir una clara
violación al principio de legalidad, poniendo en grave peligro la continuación del
concurso notarial.

En respuesta a las solicitudes anteriores, el Consejo Superior de la Judicatura
comunicó, el 12 de noviembre de 2008, que se había iniciado indagación
preliminar contra dicha juez.

El Consejo Superior de Carrera Notarial también solicitó la intervención del señor
Procurador General de la Nación, con el fin presentar solicitud de prelación del
fallo, la cual fue formulada el 28 de noviembre de 2008.

En sesión del 22 de diciembre de 2008, el Consejo Superior, en consideración a la
demora en la emisión de una decisión de fondo respecto a la forma de
acreditación de la autoría de la obra jurídica, la existencia de aspirantes que
pasaron el concurso pero se encuentran afectados por la medida de cautela, y las
situaciones de hecho que se desprenden de ésta, fijó las siguientes directrices:

“1. Que se proceda al nombramiento en propiedad y al ingreso a la
carrera notarial de los aspirantes que superaron el concurso y que
frente a la decisión de la Juez Cuarto Administrativo de Ibagué, dentro
de la acción popular que cursa en ese despacho, no resulten afectados
con el reconocimiento de los cinco (5) puntos, relacionados con el
reconocimiento de la obra jurídica.

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2. Que se proceda al nombramiento en interinidad, en las notarías
cuyos titulares no se inscribieron al concurso, no superaron el mismo o
no están dentro de los aspirantes con derecho a ser elegidos, a
aquellos concursantes incluidos en la lista de elegibles y que su
alternativa de acreditación de la obra jurídica está suspendida
provisionalmente”.

Que en acatamiento a estas directrices, mediante oficios de fechas 3, 10 y 29 de
diciembre de 2008 y 6, 14 y 15 de enero de 2009, se remitieron a los nominadores
los proyectos de decreto de nombramiento y sus antecedentes, a fin de que se
efectuarán los nombramientos así dispuestos. Sin embargo, en consideración a
los posibles efectos que podrían derivarse de la implementación de la segunda
directriz, teniendo en cuenta que desde el 8 de octubre de 2008 estaba en trámite
una solicitud de concepto ante la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de
Estado (radicación No. 1940 de 2009), se consideró pertinente esperar los
resultados de esta consulta, y así adoptar la decisión correspondiente.

Ahora bien, con fundamento en diferentes sentencias de tutela dictadas en los
últimos días, la necesidad de ordenar la exclusión de los aspirantes inhabilitados y
de introducir la corrección de los errores aritméticos detectados, debe
reconsiderarse la segunda de las directrices emitidas el 22 de diciembre pasado,
en cuanto es necesario reconformar los listados de elegibles de los círculos
notariales de Bogotá y Chía.

2. DECISIONES JUDICIALES

Mediante fallos de tutela emitidos los días 16 y 26 de enero de 2009 por el
Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca -Sala Jurisdiccional
Disciplinaria- en los procesos Nos. 2008-07160-00, 2009-00007-00 y 2008-07123-
00 iniciados por los accionantes Willy Valek Mora, Gerardo Ermilson Amórtegui y
Martha Lucía Villamil contra el Consejo Superior, se ordenó reconfigurar los
listados de elegibles de los círculos notariales de Bogotá y Chía, aplicando las
consecuencias de la suspensión provisional ordenada por el Juez Cuarto
Administrativo. En dichas providencias se ordenó, respectivamente:

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“1. Tutelar el derecho al trabajo y de acceso a cargos públicos del
señor Willy Valek Mora y en consecuencia se requiere a la entidad
accionada, Consejo Superior de la Carrera Notarial, para que en el
término máximo de 48 horas, contadas a partir del recibo de la
presente comunicación, realicen las gestiones necesarias paras la
designación del ahora accionante como Notario del círculo de Bogotá,
previa verificación de los requisitos correspondientes, en el Despacho
que le corresponda de acuerdo al orden de preferencias que realizara
al participar del referido trámite concursal ( )”.

“3. Tutelar el derecho al debido proceso, igualad y acceso a cargos
públicos de la señora Martha Lucía Villamil Barrera y en consecuencia
ordenar al Consejo Superior de la Carrera Notarial para que en el
término máximo de 48 horas contadas a partir de la notificación de
esta decisión, reconfigure la lista de elegibles para el círculo notarial
de Chía (Cundinamarca) aplicando como es su deber, las
consecuencias de la suspensión provisional ordenada por el Juzgado
Cuarto Administrativo de Ibagué (Tolima) para que surtido lo anterior,
comunique a las autoridades competentes, previa verificación de los
requisitos a que haya lugar, el derecho que le asiste al aspirante que
resulte pertinente de ocupar la notaría segunda de esa localidad”.

“3. Tutelar el derecho al ciudadano Gerardo Ermilson Amórtegui
Calderón, los derechos y en con secuencia ordena:

“a. Al Consejo Superior de la Carrera Notarial para que, en el término
máximo de cuarenta y ocho horas, contadas a partir de la notificación
de esta decisión, reconfigure la lista de elegibles para el circulo
notarial de Bogotá, aplicando como es su deber, las consecuencias de
la suspensión provisional ordenada por el Juzgado Cuarto
Administrativo de Ibagué (Tolima).

“b. Cumplida la orden anterior el Consejo Superior de la Carrera
Notarial remitirá de manera inmediata la lista de elegibles ya
reformada a las autoridades competentes para que previa la
verificación de los requisitos pertinentes procedan en el término de 48
horas contados a partir del recibido del listado a hacer el
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nombramiento del señor Gerardo Ermilson Amortegui, como notario
del círculo de Bogotá, en la notaría que de conformidad al nuevo
listado le corresponda”.

Que las decisiones anteriores estuvieron precedidas de las siguientes
consideraciones:

“(…) la Sala observa que existe en la actualidad una medida cautelar
decretada dentro de la acción popular que cursa en el Juzgado Cuarto
Administrativo de Ibagué, despacho judicial competente para tal
efecto, por lo tanto y en consecuencia el Consejo Superior de la
Carrera Notarial debe cumplir la determinación ordenada en la
providencia del 17 de junio (sic) de 2008.

“En el caso del señor Gerardo Ermilson Amortegui Calderón, según el
material probatorio allegado a las diligencias se encuentra establecido
que éste participó en el concurso para el nombramiento de notarios en
propiedad y el ingreso a la carera notarial presentó todas las pruebas
superó todas la fases, obteniendo un puntaje de 79,66666, incluyendo
los cinco puntos que le fueron otorgados como autor de la obra
jurídica debidamente acreditada con el certificado de registro expedido
por la Dirección Nacional de Derechos de Autor y su correspondiente
ISBN, circunstancia que lo situó en el puesto 83 de la lista de
elegibles, es decir que de hacerse efectiva la referida medida cautelar,
los aspirantes a quienes se les quitaron los cinco puntos del caso,
quedarían por fuera de los 76 primeros puntajes, para los
nombramientos en las notarías en el círculo de Bogotá, razón por la
cual el señor Amórtegui Calderón podría entrar a hacer parte de los 76
citados puestos, lo cual le daría el derecho al nombramiento como
notario en propiedad.

“Sin embargo una vez analizadas las pruebas y las respuestas
emitidas por las accionadas se advierte que a la fecha el Consejo
Superior de la Carrera Notarial no ha cumplido la orden emitida por el
Juez Cuarto Administrativo de Ibagué, es decir la lista de elegibles
permanece incólume, situación que en sentir de la Sala perjudica al
petente, y conlleva a la vulneración de los derechos por él invocados”.
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3. ASPIRANTES INHABILITADOS:

De conformidad con el artículo 4 del Decreto 3454 de 2006, los aspirantes al
concurso público y abierto para el nombramiento de notarios en propiedad y el
ingreso a la carrera notarial, al diligenciar y enviar el formulario de inscripción,
afirmaron bajo la gravedad del juramento, no tener ningún impedimento para ser
designados como notarios, así mismo no haber sido sujetos de sanción penal,
disciplinaria o administrativa por conductas lesivas del patrimonio del Estado, ni
sancionados con pena de suspensión o destitución por faltas en el ejercicio del
cargo de notario, de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto Ley 960 de 1970, la
Ley 734 de 2002 y demás normas que regulan la materia.

Que existe un claro impedimento normativo de nombrar o posesionar al aspirante
elegido que se encuentra inhabilitado, so pena de incurrir en falta gravísima
susceptible de destitución en el cargo. (Artículos 133, 135, 136, 137, 141 y 153 del
Decreto Ley 960 de 1970, parágrafo del artículo 1 y artículo 4 del Decreto 3454 de
2006 y numeral 17 artículo 48 de la Ley 734 de 2002).

En efecto, el artículo 48 Numeral 17 del Código Único Disciplinario prevé como
falta gravísima susceptible de destitución del cargo:

“Actuar u omitir a pesar de la existencia de causales de
incompatibilidad, inhabilidad y conflicto de intereses, de acuerdo con
las previsiones constitucionales y legales.

“Nombrar, designar, elegir, postular o intervenir en la postulación de
una persona en quien concurra en una causal de inhabilidad,
incompatibilidad o conflicto de intereses”.

En consecuencia se incurre en violación a claras previsiones constitucionales y
legales, y al derecho colectivo a la moralidad, quien actúe u omita -no excluya del
concurso, nombre, reconfirme, posesione u ordene nombrar o posesionar a quien
se encuentra inhabilitado- a pesar de la existencia de causales de inhabilidad.

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El Consejo Superior mediante Acuerdo N° 79 de 2007, ordenó la apertura de un
procedimiento de verificación de circunstancias constitutivas de inhabilidad en
cabeza de algunos de los aspirantes al concurso.

Que culminado el trámite de verificación de circunstancias, con total respeto por el
derecho de defensa, el Consejo Superior estableció la existencia de causales de
inhabilidad en algunos de los concursantes, y por esta razón expidió las
Resoluciones Número 027, 028, 029, 030, 031, 032, 033, 034, 035 y 063 de 2008,
mediante las cuales dispuso excluir del concurso a los señores Jairo José Correa
Villa, Juan Manuel Botero Medina, Jaime Gómez Méndez, Nancy Niño Lozano,
Julio Humberto Meléndez Boada, Consuelo Olaya Melo, Carmenza Rojas Rojas,
Carlos Alberto Rivera Duarte, Benjamín Ramírez Montealegre y Julia Amparo Ruiz
Quiroga.

Que en el plazo estipulado para la interposición del recurso de reposición,
impugnaron los señores Benjamín Ramírez Montealegre, Julio Humberto
Meléndez Boada, Carmenza Rojas Rojas, Jaime Gómez Méndez, Juan Manuel
Botero Medina, Julio Cesar Arteaga Jácome y Julia Amparo Ruiz Quiroga, recurso
que fue resuelto mediante las resoluciones Nos. 037 a 041 y 049 del 24 de julio y
24 de septiembre de 2008, 070 de 2008, en las cuales se confirmaron las
decisiones inicialmente adoptadas.

Que el proceso de verificación de inhabilidades frente a los aspirantes Carlos
Alberto Puentes Núñez y Raúl Humberto Rojas Ramos, culminó con el archivo de
las diligencias mediante Resoluciones Nos. 033-1, 033-2 y 036 de 2008, al no
existir impedimento alguno para continuar en el proceso.

Que mediante Acuerdo No. 142 de 9 de junio de 2008 se conformaron las listas de
elegibles del Nodo Bogotá, correspondiente a los círculos notariales de los
Departamentos de Cundinamarca, Boyacá, Tolima, Casanare, Vichada, Meta,
Guaviare, Caquetá, Amazonas, Putumayo y San Andrés.

Que debido a que las listas de elegibles de los círculos notariales de Planadas
(Tolima), Bogotá (Cundinamarca), San Vicente del Caguán (Caquetá), La Palma
(Cundinamarca), Silvania (Cundinamarca), Tocancipá (Cundinamarca), Armero
(Tolima), Espinal (Tolima) y Villagarzón (Putumayo) están integradas por
aspirantes inhabilitados, se deberán modificar las referidas listas, a fin de que
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