Comisión Especial para Investigar las Irregularidades Ocurridas en el Banco Anglo Costarricense

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ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA
REPUBLICA DE COSTA RICA
Comisión Especial para Investigar las
Irregularidades Ocurridas en el Banco
Anglo Costarricense
Dictamen
Expediente 12.033
San José, 14 de junio de 1996
INDICE por TEMAS
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Observaciones preliminares
Antecedentes
Competencia de la Comisión Investigadora
La comisión tiene una función diferente a la juridiccional
El juicio moral
Particulares y funcionarios
Un ejemplo de la confusión entre
interéses públicos y privados
Etica y política
Hacia una nueva comisión investigadora
Radiografía de una Tragedia
Introducción
La Estructura Paralela
Atrasos e Irregularidades en las Actas
Gastos Superfluos
Compra del Grupo AVC
Sobregiros
Créditos
Inversiones en Títulos de Deuda Externa
Títulos de la Deuda de JASEC
Anglo American Bank
Financiamiento de Campañas
El cierre del BAC
¿Errores de Juicio o Confabulación?
El caso del BAC no conoce parangón
El caso del BAC sólo se explica como una confabulación
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El eje de la confusión entre lo público y lo privado:
El Bufete Robles-Laclé
El eje Contreras-Madriz
Una maquinaria con el banco a su servicio
Al Margen de la Etica
Introducción
Tráfico de influencias
Conflicto de interés
Negligencia e incumplimiento del deber
Abuso con los Recursos públicos
Corrupción Empresarial
Recomendaciones
Anexos
1- Lista de morosos de acuerdo con la magnitud de lo adeudado
2- Cronología
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Observaciones Preliminares

Antecedentes

La Asamblea Legislativa en su sesión nº 78 del 26 de setiembre de 1994
creó una Comisión Especial para que se "investigue las irregularidades
ocurridas en el Banco Anglo Costarricense". Se otorgó un plazo de seis meses
para rendir informe. Ese plazo fue prorrogado con posterioridad. La comisión
quedó integrada por los diputados Gerardo Trejos Salas del Partido Fuerza
Democrática, Francisco Antonio Pacheco Fernández, Ottón Solís Fallas y Luis
Gerardo Villanueva Monge, del Partido Liberación Nacional y Bernal Aragón
Barquero, Gonzalo Fajardo Salas y José Antonio Lobo Solera, del Partido
Unidad Social Cristiana.
Competencia de esta Comisión Investigadora
Evidentemente, su acción tiene límites impuestos por el acuerdo de
creación, por la lógica, y por el ordenamiento jurídico nacional que no puede
trascender. Pero además, esos límites mismos, y su objetivo, investigar las
irregularidades ocurridas en el Banco Anglo Costarricense, le crean una
ámbito de acción, dentro del cuál puede y debe realizar una misión de alto
interés para el país.
No puede por lo tanto, esta Comisión investigar cualquier tema, sino sólo
aquellos que estén relacionados con el objetivo para el cual fue creada , y en
función de éste. Así, por ejemplo, ha sido criterio de quienes suscriben este
dictamen que el asunto del cierre del Banco y de si fue una decisión acertada o
no, queda fuera de la competencia de la Comisión. Cuando se toma el acuerdo,
ninguno de los señores diputados estaba pensando en que se investigara este
tema. Aún si se considerara que el cierre fue una medida costosa o
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inconveniente, incluso si se cree -equivocadamente según nuestro criterio- que
fue un error, el tema no tendría cabida en este informe. Se trataría, en efecto, de
un acto políticamente criticable, pero no de una irregularidad en sentido estricto.
Comparar el cierre del Banco con el desastre del banco no sólo es un error
de percepción sino que denota un peligro sistema de enfocar los asuntos
públicos, pues busca equiparar actos delictivos, inmorales, dañinos para la
integridad misma de la vida social, con medidas que en el peor de los casos
podrían considerarse discutibles. La confusión entre lo inconveniente o
conveniente, no guarda proporción con la contraposición entre el saqueo y la
corrección en los asuntos públicos y privados, que es lo que cabe en este caso.
Más adelante mencionaremos la tendencia desmoralizante que busca en toda
acción ilegítima un empate, como si de ese empate pudiera derivarse la
redención de actos inmorales, ilegales, trágicos para el país.
No obstante lo dicho, hemos decidido referirnos también al asunto del
cierre, cuyos principales efectos son posteriores a la creación de la Comisión
cuyo dictamen de minoría presentamos. Lo hacemos porque algunos diputados,
particularmente lo de la Unidad Social Cristiana, invirtieron muchas horas en
referirse a este asunto y no queremos que las ideas que presenten al respecto
aparezcan como si fueran indiscutibles y mucho menos válidas, como no lo son.
En su oportunidad, haremos los comentarios del caso.
La Comisión tiene una función diferente de la
jurisdiccional

Según ha sido determinado por la Sala Constitucional, en el voto N°
441-91, de las dieciséis horas con quince minutos, del día veinte de febrero de
mil novecientos noventa y uno, las comisiones investigadoras legislativas
cumplen funciones específicas, diferentes de las que le corresponden a los
tribunales de justicia. No se trata en efecto, de realizar la función jurisdiccional y
por lo tanto de aplicar de manera estricta, al juzgar los actos de las personas, el
principio de que no hay delito sin una tipificación legal previa. En otros
términos, las comisiones legislativas no están sometidas a los principios
estrictos, procedimentales, a que están sometidos los jueces, ni su cometido
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consiste en determinar, si el acto indebido que alguien cometió, cabe o no de
manera estricta y precisa, en la definición de un código penal. La razón es muy
simple: su propósito no es declarar derechos, ni condenar en sentido estricto a
alguien para aplicarle una pena. Su función es establecer si se han cometido
actos inadmisibles, corruptos, que afecten la marcha del país y si el
comportamiento de quienes han participado en determinadas actividades resulta
perjudicial, incorrecto, dañino para los intereses públicos.
Esta Comisión, como cualquier otra que funcione al amparo del artículo
121 de la Constitución, en su inciso 23, puede incluso ocuparse de asuntos que
estén pendientes de conocimiento en los tribunales de justicia, sin violar la
correcta división de funciones entre los poderes del Estado. Quien lo niegue,
estará confundiendo dos tipos diferentes de actividad o función, según lo ha
dicho el referido voto. Por una parte, encontramos la función del Poder Judicial,
que "investiga con el propósito de castigar penalmente, y por otra, la función
de control de la Asamblea Legislativa, que investiga para denunciar ante la
sociedad o para generar legislación que mejore campos descuidados en la
materia objeto de la investigación, y por ese motivo tiene propósitos diferentes a
los que persigue el Poder Judicial".
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Lo que nos ha correspondido hacer y lo que hemos hecho, es formular
"valoraciones políticas", que en definitiva, la Asamblea Legislativa aceptará, o
no, bajo su riesgo como cuerpo eminentemente político que es. Nuestro límite,
según se señala en la resolución mencionada, es "el recto ejercicio de la función
y la sanción que encaramos, si no hemos cumplido bien la tarea, será una
desvalorización política para la misma Asamblea, o para un sector de ella".
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Es muy importante recalcar que al informe que salga de la Asamblea, "no
se le percibe como un acto que surta efectos jurídicos concretos e inmediatos,
per se, contra alguna persona, sino como recomendaciones que en el nivel
político, deberán tomar en cuenta partidos y gobernantes, pues precisamente el
propósito de las comisiones legislativas de este tipo, no vincula desde el punto
11Voto Nº 441-91 de la Sala Constitucional.
2Voto Nº 441-91 de la Sala Constitucional.
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de vista jurídico". Por lo tanto, estamos en una condición de superioridad con
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relación a un juez. Nuestra apreciación de la prueba puede darse más libremente,
lo que nos permite llegar adonde el juez querría llegar, de acuerdo con su
convicción moral, sin poder hacerlo, limitado como está, por el sistema penal
que nos rige. En realidad nuestra convicción, honestamente sostenida y apoyada
en indicios razonables, adquiere aquí un valor especial.
El juicio moral

De todo lo anterior, se deduce que el dictamen que se nos ha pedido, debe
tener, básicamente, un carácter moral. No somos jueces de derecho, aunque nos
interesen las implicaciones jurídicas de los actos que hemos analizado. Como
Comisión, eso es lo que nos diferencia de un tribunal judicial. Dentro de este
orden de ideas, es fundamental aclarar, sobre todo a un lector de este dictamen,
poco advertido, que cuando se mencionan valoraciones políticas, para definir
los juicios propios de esta y de todas la comisiones investigadoras legislativas,
ni el voto de la Sala Constitucional, ni nosotros, estamos subvalorando las
opiniones que se emiten. Más bien, nos estamos refiriendo al hecho de que la
actividad política para estos efectos, es la que se lleva a cabo -como bien los
señala Hermann Heller, en su Teoría del Estado - como ejercicio autónomo de
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las facultades que se tienen, pues no aparecen predeterminadas, mediante
precisas reglas jurídicas de carácter normativo. No se trata de la mera aplicación
de las reglas jurídicas existentes. Al contrario, se trata de una actividad que
engendra algo nuevo, que supone una dirección creadora de los asuntos
públicos.
Es evidente que estamos hablando del juicio libre, que analiza, que llega a
conclusiones para determinar el grado de corrección o de incorrección que hay
en determinada actividad de interés público, con base en convicciones sinceras.
El juicio que emitimos, si está bien dado, como esperamos, tiene que ayudar,
creativamente, a conformar nuestro país de mejor manera. Puede ser que el sólo
precedente de señalar errores, acciones presumiblemente delictivas, inmorales,
3Voto Nº 441-91 de la Sala Constitucional.
4(I-I,2)
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ayude a mejorar la limpieza en los asuntos públicos. El cierre mismo del Banco
así lo confirma.
En efecto, las consecuencias económicas del desastre del Anglo, de por sí
gravísimas, estuvieron a punto de continuar su curso expansivo. Sólo la
intervención oportuna del Gobierno de la República, pudo evitar que el mal se
propagara a todo el sistema financiero, lo que hubiera causado estragos mayores.
Pero también -y esto es lo que queremos subrayar-, sólo gracias a esa acción
decisiva, el mal moral disminuyó su capacidad de contagio. Fue una verdadera
campanada para directivos y funcionarios del sector público que según múltiples
evidencias, se muestran hoy más cautelosos en la aplicación de las normas
jurídicas y éticas. Esperamos que este dictamen obre en el mismo sentido.
En el asunto del Banco Anglo Costarricense están involucradas cuestiones
de muy diversa índole. Por una parte, resulta imprescindible plantearse el tema
de la organización del Estado y la manera como se cumple con sus funciones,
particularmente, la orientación de los beneficios sociales que se supone que
ofrece la actividad estatal. Surge también, -y así ocurrió desde el principio- la
inevitable materia de los controles a que deben estar sometidas las entidades
financieras, lo que no se puede desligar de la eficiencia. Pero a todo esto hay que
añadir obligadamente, el tema de la corrupción política y las relaciones entre
poder político y poder económico. Porque desde el punto de vista del interés
público, no hay tema que supere en importancia al tema de la moral en la
función pública que se extiende también a la moral de los empresarios y de los
particulares, en sus relaciones con las entidades del Estado. Este asunto, en
algún sentido, comprende a los demás, los sintetiza, les da un sentido que
trasciende las pautas pragmáticas de costo beneficio, a que parece reducirse el
mundo para muchos.
Costa Rica pasa por una aguda crisis moral, como ha sido dicho con
frecuencia. La sensación de impunidad que domina el ambiente, engendra más
corrupción. Por una parte, se tiene la impresión fundada de que los más graves
hechos que se cometen en el ámbito público, quedan impunes. Por otra parte,
esto invita a las personas poco escrupulosas a continuar su actividad ilícita y
hasta incrementarla. O el país sienta responsabilidades, morales, políticas en el
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mejor sentido del término, o la espiral de corrupción terminará por tragarse las
posibilidades de mantener un sistema civilizado de convivencia.
Si la corrupción en todas sus manifestaciones duele, y debe ser objeto de
nuestras preocupaciones, la corrupción en los asuntos públicos resulta mucho
más angustiante aún. Porque, al agravio que comporta todo acto destructivo,
inmoral, se añade, como en el caso del Banco Anglo Costarricense, una lesión a
la justicia social. Los dineros arrancados al pueblo de Costa Rica y que se han
estimado al menos en un 2% del Producto Interno Bruto, se le están sustrayendo
al pueblo, los estamos pagando todos, pero con mucho más dolor y perjuicio, los
más pobres. Baste pensar que con ese dinero, se hubieran podido construir miles
de viviendas para los más necesitados, o se pudo haber constituido un fondo
para el mejoramiento de la educación nacional de enorme impacto, en el futuro
del país, o se pudo evitar en buena medida, el aumento del impuesto de ventas.
La liviandad y hasta el desparpajo con que algunos procedieron, resulta
insultante para el país. Pero lo que más exacerbó la conciencia de la gente, fue la
circunstancia de que los autores se aprovecharan para cometer sus acciones
indebidas, de una institución pública, de un banco que se suponía que estaba -
como debía estarlo- al servicio del país. El principio de que Costa Rica es un
Estado social de derecho, fue claramente violado, por funcionarios que tenían un
compromiso con la corrección en el desempeño de sus funciones, como
cualquier empleado del ámbito privado, pero además un compromiso con los
ideales que animan el Estado costarricense.
Existe en el país una tendencia que afecta la vida pública y al sector
privado. Es un nuevo estilo de hacer negocios, de anteponer las utilidades a
cualquier cosa, aún en los bancos de desarrollo, en los de orientación social, es
decir, en los del Estado. Las ganancias han sustituido los principios ideológicos
de justicia social, han suplantado bajo la forma de ley de la oferta y la demanda,
los sistemas estatales que propician formas de distribución equitativa del
producto nacional, menos injustas. Dentro de estas orientaciones -merecerían
más bien el calificativo de desorientación- es que se han producido los hechos
del Banco Anglo Costarricense.
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Hay que acompañar las conclusiones a que llegue el país, de un esfuerzo
de educación intenso que le enseñe a la gente a jerarquizar, a apoyarse en
valores consagrados por una larga experiencia colectiva, que enseñan a
distinguir en el campo público, lo que son el bien y el mal, sin grandes
esfuerzos. Necesitamos muchos costarricenses que no estén dispuestos a
arriesgar el patrimonio del país, colectivamente entendido, con especulaciones,
con actos falsos que tienden a imitar a los ejecutivos de las series de televisión,
con despilfarro, que conducen a pérdidas para la sociedad y a ganancias para
unos cuantos. La trampa en que parece haber caído una parte de jóvenes
profesionales, es la tentación de disponer de sumas gigantescas de dinero, con el
sólo esfuerzo de la especulación, de la estafa, de la malversación. Pero esto no
hubiera ocurrido, si no estuviera distorsionada la imagen de lo que debe ser un
hombre de bien, que se distingue más por lo que es que por lo que tiene.
En ese sentido, nuestra responsabilidad como Comisión es enorme. Si
procedemos complacientemente, si ocultamos lo que a todas luces se hace
evidente, propagaremos los males del país, la disolución de la convivencia
civilizada, propiciaremos el desastre de la vida social. Si apoyamos las fuerzas
más sanas de la vida nacional -justamente indignadas por lo que ha ocurrido-,
enfrentando los hechos con el rigor necesario, como se hace en este dictamen,
contribuiremos a preservar lo mejor de nuestras tradiciones.
Particulares y funcionarios

Hay amplio consenso en el sentido de que la fiscalización política que se
realiza por medio de las comisiones investigadoras parlamentarias, se dirige a
"investigar negocios o conductas de los entes, órganos o funcionarios públicos".
Así lo reconoce, con toda razón, el voto N° 1618-91 de la Sala Constitucional,
de las catorce horas y dieciséis minutos, del veintiuno de agosto de 1991. Ese
mismo voto, le da un carácter restrictivo a esa función, puesto que considera que
no se puede exceder, investigando la conducta de particulares. Si bien es cierto
que los hechos aquí analizados, tienden a concentrar nuestra atención en actos de
funcionarios, no debemos dejar pasar la ocasión sin hacer un comentario, al
respecto.