16 ensayos sobre democracia, justicia y derechos humanos

454 Pages·2012·2.35 MB·Spanish

16 ENSAYOS SOBRE
DEMOCRACIA, JUSTICIA Y
DERECHOS HUMANOS
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José Manuel Bandrés Sánchez-Cruzat
Catedrático de Derecho Civil Emérito
de la Universidad de Zaragoza
El Justicia de Aragón
Zaragoza, 2012
Título: 16 ensayos sobre democracia, justicia y derechos humanos
Autor: José Manuel Bandrés Sánchez-Cruzat
Colección: El Justicia de Aragón
Edita: El Justicia de Aragón
D.L.: Z. 291-12
I.S.B.N.: 978-84-92606-20-7
Imprime: Cometa, S.A.
ÍNDICE
PRÓLOGO ........................................................................................ 7
PREfACIO INTRODUCTORIO .................................................. 15
PRIMERA PARTE: DEMOCRACIA ............................................ 23
Capítulo 1. Derechos humanos, democracia global y Comu-
nidad internacional ................................................................ 25
Capítulo 2. Constitución, derechos fundamentales y multicu-
turalidad ................................................................................... 37
SEGUNDA PARTE: JUSTICIA ..................................................... 63
Capítulo 3. Poder Judicial y Constitución .................................. 65
Capítulo 4. Constitución, Parlamento y Poder Judicial ........... 153
Capítulo 5. Las funciones y los poderes del juez en una so-
ciedad democrática ................................................................. 173
Capítulo 6. Los estándares de calidad de la Administración
de Justicia en la Jurisprudencia del Tribunal Europeo de
Derechos Humanos ................................................................ 181
Capítulo 7. Los paradigmas del buen gobierno de la Justicia .... 227
Capítulo 8. La idea de la Justicia en el Estado Constitucio-
nal .............................................................................................. 233
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íNDICE
TERCERA PARTE: DERECHOS HUMANOS ........................... 241
Capítulo 9. Derechos Humanos: Necesidades Emergentes y
nuevos compromisos.............................................................. 243
Capítulo 10. Derechos Humanos emergentes y globaliza-
ción ............................................................................................ 253
Capítulo 11. El fundamento democrático de los Derechos Hu-
manos ........................................................................................ 259
Capítulo 12. Derechos Humanos de proximidad y democracia
local. La Carta Europea de Salvaguarda de los Derechos
Humanos en la ciudad ........................................................... 273
Capítulo 13. Derechos Humanos: Las ciudades se comprome-
ten concretamente ................................................................... 287
Capítulo 14. Los derechos fundamentales en el ámbito
local ........................................................................................... 293
Capítulo 15. La Constitución y la protección de los Derechos
Humanos .................................................................................. 319
Capítulo 16. El futuro de los Derechos Humanos .................... 331
CUARTA PARTE: ANEXO DOCUMENTAL ............................. 343
Capítulo 17. Informe de la Misión de Investigación sobre la
situación de los derechos humanos en Chile .................... 345
Capítulo 18. Libro Blanco sobre la reforma institucional en
Paraguay ................................................................................... 373
Capítulo 19. Carta Europea de Salvaguarda de los Derechos
Humanos en la Ciudad .......................................................... 393
Capítulo 20. Declaración Universal de Derechos Humanos
Emergentes ............................................................................... 415
Capítulo 21. Declaración de Sos sobre el urgente desarrollo
del proceso constitucional de construcción europea ....... 445
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PRÓLOGO
José Manuel Bandrés Sánchez-Cruzat es aragonés de Jaca,
lo que le da arraigo en una tierra que, como decía Joaquín Costa,
ha hecho del Derecho una de sus señas de identidad más impor-
tantes. Cuando hace más de mil años los aragoneses no tenían
tierras fértiles que ofrecer a los que vivían al otro lado de los
puertos de los Pirineos, para que fueran a instalarse y les ayu-
daran a poblar ese viejo reino, ofrecían derechos, libertades y
garantías recogidos por primera vez en el fuero de Jaca.
José Manuel Bandrés, como en su día hizo el fuero, pasó
de Jaca a Zaragoza, donde estudió Derecho y luego se formó
durante largas estancias en La Haya, Estrasburgo y Urbino. Tras
pensarlo, lo conozco porque entonces yo era profesor de la Fa-
cultad de Derecho, preparó oposiciones a judicaturas. Empezó
su labor profesional en los Juzgados de Guernica, Vilanova, Ca-
lamocha y Calatayud, luego ha sido magistrado de lo Conten-
cioso Administrativo en la Sala del Tribunal Superior de Justicia
de Cataluña, donde se integró perfectamente, como han hecho
tantos y tantos aragoneses. En la actualidad, desde hace más
de ocho años, es magistrado de la Sala de lo Contencioso del
Tribunal Supremo.
Presentamos un libro del que hay que destacar que ha sido
hecho por un jurista que tiene sólidos conocimientos teóricos,
porque además de estudioso, ha sido profesor de Derecho cons-
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titucional durante más de diez años en la Universidad de Barce-
lona y es académico de la Academia Aragonesa de Legislación
y Jurisprudencia; pero también cuenta con amplia experiencia
práctica, por la proximidad que da a los problemas reales tener-
los que afrontar desde un tribunal que resuelve conflictos. No es
frecuente que los teóricos tengan experiencia práctica, aunque
no viene mal. A todo ello une la inquietud que, sabemos los que
le conocemos y somos sus amigos, tiene por todo lo relacionado
con la cosa pública.
Esta obra es un compendio de lo que ha sido su vocación
y pasión durante gran parte de su vida profesional: el estudio y
aplicación de los derechos humanos. No es un manual genera-
lista, trata una serie de problemas que el autor considera impor-
tantes y novedosos. No es tampoco una obra escrita de corrido,
ni una recopilación de lo que han hecho otros, es el trabajo de
quien ya ha entrado en la madurez profesional y manifiesta su
opinión y criterio. Lo hace en forma moderada y no es fácil dis-
crepar de él. Las cuestiones que plantea son sugestivas e invitan
a reflexionar.
La primera parte del libro está dedicada a la organización y
el funcionamiento de la Justicia. Tema de gran actualidad. J. M.
Bandrés dedica seis capítulos a estudiar el entramado constitu-
cional de la Justicia. No pretendo hacer ahora un resumen del
libro; pero destaco algunas ideas y frases que invitan a pensar.
Dice su autor: La democratización de la jurisprudencia nunca puede
ir más allá del respeto a la ley. La judicialización de la política erosiona
gravemente el sistema democrático. La confianza de los ciudadanos en
el sistema judicial constituye un presupuesto indispensable del funcio-
namiento del sistema democrático.
Se produce así de esta manera, por deseo de la Constitución, un
gobierno compartido del Poder Judicial entre Poder Legislativo compe-
tente para aprobar, dentro de la Constitución, el marco legal ordenante
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del estatuto de jueces y magistrados y definir las funciones del Consejo
General del Poder Judicial —y el propio Consejo General del Poder
Judicial, encargado de aplicar y ejecutar el marco estatutario de jueces
y magistrados—, que sólo alcanza residualmente al Poder Ejecutivo.
La imparcialidad del Ministerio Fiscal que se pretende salvaguar-
dar por la Constitución en la prohibición de pertenecer a partidos polí-
ticos o sindicatos en el artículo 127, entendida aquella como la ausencia
de perjuicios o parcialidades, quedaría sin contenido si pudiera sufrir
los embates del principio de oportunidad dirigidos desde la áreas gu-
bernamentales o jurisdiccionales, encubriendo intereses no coincidentes
con los intereses generales.
Especialmente interesante me parece el capítulo sexto de la
segunda parte, donde hace un completo estudio de la doctrina
del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en casos aplicables
a España.
Estoy convencido de que las épocas de crisis son también
épocas de cambio y de oportunidades. Creo que existe un senti-
miento generalizado de que en este país la Justicia, que es muy
importante, tiene que cambiar y no porque sean poco trabajado-
res o incompetentes los magistrados, los fiscales, los abogados
y todo el personal que les auxilia; son competentes y trabaja-
dores. El problema tampoco es de corrupción, que no la hay y
es importante, aunque hay que evitar que la politización pueda
llegar a los jueces o fiscales, por muchos y diferentes caminos.
La independencia de quien resuelve debe de estar fuera de toda
duda; aunque para ser un buen juez no basta con ser indepen-
diente, es fundamental acertar cuando se resuelve: ser justo. La
independencia depende de cada persona y no hay ley que la
pueda garantizar, pero sí que la puede dificultar.
No ha acertado la ley, que a día de hoy está en vigor, con
la forma de elección de determinados puestos. Los músicos de
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la orquesta de Berlín eligen a los aspirantes haciéndoles tocar
detrás de un telón. Los Abogados a sus representantes y los No-
tarios… Cabe preguntarse: ¿el que determinados puestos deban
de renovarse cada cinco años es compatible con la inmovilidad?.
Hay otros países que manejan otras alternativas. En Estados Uni-
dos o en Gran Bretaña los destinos en el Tribunal Supremo o Cá-
mara de los Lores son vitalicios, como lo fue el cargo de Justicia
de Aragón, desde que se pactaron los llamados Privilegios de la
Unión hasta Juan de Lanuza, como garantía frente al poder del
rey. Buena prueba de ello es que tan pronto como el Justicia fue
decapitado, Felipe II, en las Cortes de Tarazona, nombró a un
nuevo Justicia ya removible.
El problema de la Justicia no es sólo de gobernanza, también
es de forma de funcionar. En otros países hay doble instancia no
más. En el mundo anglosajón el Tribunal Supremo o la Cámara
de los Lores sólo los forman una docena de Magistrados o Lores
dedicados a administrar justicia y no ven muchos asuntos. Son
los Tribunales los que eligen los asuntos, no las partes. No hay
cuatro instancias como aquí, si tenemos en cuenta el Tribunal
Constitucional, desconocido en el mundo anglosajón. Hay que
ganar en celeridad. Justicia que tarda no es buena. Dar la instruc-
ción a los fiscales sería muy bien recibido por muchos, si hubiera
garantías de independencia del Ministerio Fiscal y sirviera para
que la instrucción tuviera que hacerse en un plazo de seis meses
o poco más, sólo prorrogable de forma excepcional. Si se ha po-
dido hacer en Estados Unidos con un importante financiero ¿por
qué no se puede hacer en España?
Hay que admitir que los tribunales se enfrentan a conflictos
que no pueden resolver. Pero tienen otra importante función:
crear un marco jurídico estable, predecible; porque donde hay
seguridad jurídica y libertad se crea riqueza y donde se crea
acaba llegando a todos, porque se puede repartir. Los tribunales
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pueden cambiar de criterio si lo motivan, pero puede estar mal
visto que cambien en aquellos casos que tengan especial tras-
cendencia o sean particularmente sensibles. Es preferible que un
tribunal mantenga un criterio discutible, no equivocado, a que
no tenga criterio.
Hay que buscar alternativas a la solución de los conflictos,
favoreciendo el arbitraje o la mediación. ¿Es lógico que con
la escasez de medios que tiene la Administración de Justicia
y lo saturada que está, cuando dos personas litigan porque
no se ponen de acuerdo a la hora de repartirse una herencia o
unos dividendos millonarios les resulte gratis? Es una paradoja
que tengan que pagar billete del bus o el tren, que también
son servicios públicos, con el que van al juicio y no los gastos
que éste origina. Defender esto no es restringir el acceso a la
Justicia.
Y hay muchas más alternativas al cumplimiento de las pe-
nas que las de nuestro sistema. Los juicios no sólo deben de
estar enfocados a castigar, sino también a saber las causas por
las que una persona comete un delito, para poderle someter a
tratamiento y evitar la reincidencia. No se olvide que el 70%
de los que están en nuestras cárceles son reincidentes y además
tienen una enfermedad mental no detectada o son drogadictos
o dependientes del alcohol. Y que una persona en prisión cuesta
24.000 euros al año. ¿No se podía con ese dinero intentar la reha-
bilitación? Probablemente es mas cómodo y tiene menos riesgos,
si el tema es socialmente sensible, meter a una persona en prisión
y olvidarse de ella, que mantenerla fuera, buscarle un trabajo e
intentar que desaparezca la causa por la que delinquió. Si se en-
vía a prisión a un hombre por haber maltratado a su mujer bajo
los efectos del alcohol y no se trata de deshabituarlo, el día que
sale es más peligroso que cuando entró, porque está sometido
a la misma dependencia y además su animadversión hacia la
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víctima ha aumentado, porque considera que es la causa de su
internamiento en prisión.
En otros países más avanzados se confía más en los jueces y
en los abogados. En el sistema anglosajón cualquier declaración
o prueba sometida a contradicción puede ser valorada o recha-
zada por un Tribunal. Son formales no formalistas. Los magis-
trados eligen a sus peritos y fijan en cada caso los plazos para
contestar a la demanda.
Hay una segunda parte de este libro, la más extensa, que
trata de los derechos humanos. Destaco algunas afirmaciones.
La afirmación de los derechos humanos sigue siendo el factor indispen-
sable para superar el vacío ético de determinadas políticas. El silencio,
la indefensión o el menosprecio de los derechos humanos constituye el
mayor riesgo para el sistema de derechos humanos. Debemos de con-
cretar nuestros esfuerzos no sólo para denunciar las violaciones, sino
para ejecutar acciones precautorias a nivel internacional, estatal o local.
Recomponer la democracia erosionada gravemente por la crisis eco-
nómica supone impulsar la democracia global con portabilidad de los
derechos humanos.
La Administración local ya no puede caracterizarse esquemática-
mente o de forma reduccionista como Administración «vacía», «neu-
tral» o «incompetente», en relación con su posición reaccional respecto
de los derechos fundamentales, que se sostendría en la tesis de que por
tratarse de una función que concierne al estatuto de ciudadanía su rea-
lización está reservada al Estado, sino como «Administración garante
de los derechos humanos», porque el reconocimiento de estos derechos
requiere del activo protagonismo administrativo de los Ayuntamientos,
como Administración más cercana a las aspiraciones e intereses exis-
tenciales de los ciudadanos.
El «desarrollo sostenible cívico de la ciudad» se vincula no ya tan
solo a las formas o modelos de urbanización, que pretenden armonizar
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