RELATORÍA JURÍDICA ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI 1 de Agosto de 2013 Publican ...

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RELATORÍA JURÍDICA
ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI

1 de Agosto de 2013

Publican sentencia que declaró constitucional renuencia del
servidor público de extender jurisprudencia

Después de 12 meses de haber expedido el comunicado de prensa, la
Corte Constitucional publicó el texto definitivo de la sentencia que
declaró exequibles varios apartes de los artículos 102, 269, 270 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo (Ley 1437 del 2011).

A juicio del alto tribunal, la atribución conferida a la administración
sobre apartarse de la interpretación del Consejo de Estado en las
sentencias de unificación no desconoce la Carta Política.

El apartamiento administrativo es excepcional, restringido y no es
definitivo, ya que se permite la intervención del máximo órgano de lo
contencioso administrativo para evaluar la postura de la
administración y ratificar su posición jurisprudencial, agregó (M. P.
Mauricio González Cuervo).
(Corte Constitucional, Sentencia C-588, 7/25/2012) - Noticia
generada en Jul. 31/13 (4:35 p.m.)
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Dueño de la obra no responde por indemnización moratoria ni
mala fe de sus contratistas

La Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia dejó en firme la
decisión de un juez que concluyó que el dueño de la obra no
responde por indemnización moratoria ni mala fe del contratista. El
ad quem consideró que si la empresa demandada solidariamente por
la obligación laboral de su contratista no obra con mala fe, debe ser
exonerada del pago de la indemnización moratoria.

No es acorde con la equidad arrastrar al beneficiario o dueño de la
obra por el proceder de mala fe del contratista, por la simple
solidaridad contenida en el artículo 34 del Código Sustantivo del
Trabajo, agregó (M. P. Elsy del Pilar Cuello Calderón). (Corte
Suprema de Justicia Sala Laboral, Sentencia 40080, 4/24/2013)

Noticia generada en Jul. 31/13 (2:12 p.m.)
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Contratación Estatal: Entidad pública que desee continuar
rigiéndose por el 734 puede hacerlo hasta diciembre de 2013
La Agencia Nacional para la Contratación Estatal “Colombia Compra
Eficiente”, publicó un formato de acto administrativo para que las
entidades públicas que se quieran acoger al régimen de transición
previsto en el decreto 1510 de 2013 puedan hacerlo mediante la
expedición de un acto administrativo general en tal sentido.

El plazo para la expedición del mencionado acto debe hacerse a más
tardar el 15 de agosto y su aplicación se extenderá hasta el 31 de
diciembre de 2013, fecha en la que termina la transición hacia las
nuevas disposiciones. Ver: FORMATO DE ACTO ADMINISTRATIVO
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Definen reglas para comprometer vigencias futuras en la
ejecución de proyectos en asociaciones público privadas

“El presente Decreto rige para los órganos que conforman el
Presupuesto General de la Nación y las entidades estatales del orden
nacional a las que se aplica la Ley 1508 de 2012, que requieran la
asunción de obligaciones con cargo a apropiaciones de vigencias
futuras del presupuesto de la Nación y presupuestos de otras
entidades de orden nacional, para la ejecución de los proyectos bajo
el esquema de asociación público privada.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley 1508 de
2012, cada año, al momento de aprobarse la meta de superávit
primario para el sector público no financiero consistente con el
programa macroeconómico, el Consejo Nacional de Política
Económica y Social -CONPES, previo concepto del Consejo Superior
de Política Fiscal -CONFIS, definirá la cuantía máxima anual por la
cual se podrán otorgar autorizaciones para comprometer vigencias
futuras para la ejecución de proyectos bajo el esquema de asociación
público privada”.

“Para el efecto deberá tenerse en cuenta los plazos autorizados a este
tipo de proyectos en el Artículo 6 de la Ley 1508 de 2012. Las
decisiones que se adopten deberán ser consistentes con las
disposiciones establecidas en la Ley 1473 de 2011 y demás normas
aplicables”. MinHacienda-Decreto-2013-N0001610 2013/07/30
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Se debe probar causalidad entre la pérdida de capacidad
laboral y el accidente de trabajo imputable al empleador, para
que deba indemnizar

Es necesario demostrar la relación de causalidad entre el accidente de
trabajo imputable al empleador y la disminución de la capacidad
laboral del trabajador, para que este deba indemnizarle los perjuicios
causados, recordó la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia. Al
respecto, indicó que la existencia de esa causalidad no se deduce de
la mera afirmación de que la persona ingresó sana a laborar o el
empleador no reportó el accidente a la ARL (M. P. Carlos Ernesto
Molina). (Corte Suprema de Justicia Sala Laboral, Sentencia 45799,
5/8/2013)

Noticia generada en Ago. 1/13 (8:36 a.m.)
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Tramitarán solicitud de investigación a juez que solemnizó
primera unión entre homosexuales

El Consejo Superior de la Judicatura le ordenó a su seccional de
Bogotá dar trámite a la solicitud de investigación disciplinaria
radicada contra la juez que solemnizó la primera unión civil entre
personas del mismo sexo.

El magistrado Wilson Ruiz, quien preside la Sala Disciplinaria de la
primera de estas corporaciones, precisó que es un deber tramitar
todas las quejas interpuestas contra abogados y operadores jurídicos.
(Consejo Superior de la Judicatura, Comunicado, 07/31/2013)

Noticia generada en Jul. 31/13 (12:25 p.m.)
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Comisión Interinstitucional cuestiona directiva que limita
cumplimiento de embargo a cuentas estatales

La Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial se opuso a una
directiva de la Superintendencia Financiera (Superfinanciera) que
condiciona el cumplimiento de órdenes de embargo sobre cuentas
estatales.

Según la Circular Externa 19 del 2012, el Banco de la República y
otras entidades del sector financiero deben abstenerse de efectuar
depósitos en el Banco Agrario, cuando provengan de medidas
cautelares a cuentas inembargables de la Nación.

De acuerdo con la comisión, si bien el operador jurídico no puede
excederse en sus facultades, para emitir órdenes sobre dineros
estatales, que están prohibidas constitucionalmente, hay mecanismos
para controlar estas actuaciones y sancionar a quienes incurran en
ellas.

A su juicio, esta determinación de la Superfinanciera desconoce el
artículo 228 de la Constitución, pues limita la independencia y la
autonomía de los jueces.
El organismo agregó que ningún superior jerárquico, en el orden
administrativo o jurisdiccional, puede establecer los criterios en los
que debe basarse determinado operador jurídico para fallar.
(Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial, comunicado, jul.
15/13)
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Ciudadanos pueden pedir exclusión de bases de datos en
cualquier momento: Superindustria

Los ciudadanos pueden ejercer su derecho de hábeas data en
cualquier momento, tal y como lo establece el Decreto 1377 del
2013, que reglamentó parcialmente la Ley 1581 del 2012 (Ley
Estatutaria de Hábeas Data), explicó la Superintendencia de Industria
y Comercio (Superindustria).

Esta normativa estableció que las empresas que deseen seguir
usando los datos personales que hayan recogido antes de la
expedición del decreto deben solicitar la autorización de los
ciudadanos mediante los canales que usan habitualmente para
comunicarse con ellos, como correos electrónicos, llamadas
telefónicas, correos certificados y mecanismos alternos de
comunicación masiva.

La Superindustria precisó que el hecho de que el usuario no conteste
las notificaciones dentro de los 30 días hábiles siguientes no implica
que pierda el control sobre su información, ya que esto solo supone
que las entidades y empresas pueden seguir utilizando los datos
mientras el ciudadano no manifieste lo contrario.

Pasado el tiempo al que se refiere la norma para que las entidades
pidan la autorización, el ciudadano puede ejercer su derecho de
hábeas data a actualizar, corregir o eliminar su información de una
base de datos, precisó.

La Superindustria verificará que se haya contactado directamente a
los titulares para solicitar la autorización de seguir utilizando sus
datos personales. Además, vigilará que no se restrinja de forma
indebida el ejercicio del derecho de hábeas data por parte de las
organizaciones y que la información no se use para fines diferentes a
aquellos para los cuales fue recogida.

Finalmente, precisó que a utilización de la información para una
finalidad distinta por parte de los responsables o encargados podrá
dar inicio a una investigación administrativa de la Delegatura para la
Protección de Datos Personales, que puede imponer multas hasta por
2.000 salarios mínimos mensuales.
Esta sanción también se aplicará cuando una empresa o entidad no le
permita a un ciudadano actualizar, corregir o eliminar su información
personal incorporada en una base de datos en cualquier momento.

En junio pasado, el Ministerio de Comercio reglamentó aspectos
relacionados con la autorización del titular de la información para el
tratamiento de sus datos personales, las políticas de tratamiento de
los responsables y encargados, el ejercicio de los derechos de los
titulares de la información, las transferencias de datos personales y la
responsabilidad demostrada frente a su tratamiento.

(Superintendencia de Industria y Comercio, Comunicado, jul. 29/13)
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Consejo de Estado pide a Corte que no desconozca sus
atribuciones de juez constitucional

La Sala Plena del Consejo de Estado indicó que, contrario a lo
expresado por la Corte Constitucional, el control de constitucionalidad
que efectúa ese alto tribunal sobre ciertos tipos de actos
administrativos mediante la acción de nulidad constituye cosa
juzgada. Ello, dice, porque decisiones de esa naturaleza equivalen a
fallos constitucionales, como lo establece el artículo 237-2 de la Carta
Política de 1991.

Para el plenario, una conclusión distinta y, por tanto, contraria al
texto superior, fue la establecida por la máxima instancia
constitucional en la sentencia C-400 del 2013, mediante la cual dio
cuenta de las limitaciones en la función de juez constitucional de la
que goza el Consejo de Estado, según su criterio.

Entre los tipos de actos ajenos a su facultad, dijo entonces la Corte,
se cuenta el decreto que declara un estado de excepción y los
decretos que corrigen yerros de una ley; los que compilan leyes, los
expedidos por el Gobierno en desarrollo de facultades transitorias
otorgadas por el constituyente; el decreto de ejecución de la
convocatoria a un referendo constitucional, entre otros.

El tribunal contencioso consideró, por su parte, que con esta decisión
se “borró de un plumazo” la norma constitucional y se produjo una
“confusión inaceptable” entre la acción de nulidad por
inconstitucionalidad (artículo 237-2 superior) y la aplicación de la
excepción de inconstitucionalidad (artículo 4 superior). El llamado de
atención incluye el reproche por el hecho de que la Corte dé a
conocer decisiones de tal impacto a través de comunicados de prensa
y no por medio de la sentencia.
La Sala Plena ratificó así la cosa juzgada respecto al examen
constitucional del régimen para ser concejal de Bogotá, frente al
requisito de una edad mínima de 25 años a la fecha de la elección
(artículo 27 del Decreto – Ley 1421 de 1993).

Resolvió estarse a lo resuelto en el expediente AI26454 del 2001, en
el cual se dio el visto bueno a la disposición (C. P: Marco Antonio
Velilla). (Consejo de Estado Sala Plena, Sentencia
11001032400020050017001, 7/30/2013)- Noticia generada en Ago.
1/13 (9:10 a.m.)
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Consejo de Estado exige medidas para descongestionar la
jurisdicción

El Consejo de Estado les hizo un llamado al Gobierno y a la Sala
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura para que se
tomen medidas presupuestales y se ejecuten políticas y estrategias
realmente efectivas para enfrentar los problemas de congestión que
padece la jurisdicción contencioso administrativa.

Según el alto tribunal, es evidente el insuficiente número de juzgados
y de despachos que integran esa jurisdicción, y notable la
improvisación de las medidas de descongestión, “al punto de que en
el día de hoy, a menos de 24 horas del vencimiento de su vigencia,
no ha sido posible conocer cuál será su suerte en el inmediato
futuro”.

Las soluciones, afirma la corporación, deben consultar la realidad
nacional, dando aplicación respetuosa a la independencia y la
autonomía del poder jurisdiccional.

Vale la pena recordar que a través del Acuerdo 9959 del 2013, la Sala
Administrativa compiló y ajustó las políticas generales en materia de
descongestión.

La Sala señaló que se identificarán las jurisdicciones prioritarias y los
despachos judiciales con mejores rendimientos, se mantendrá la
especialización adoptada para las salas mixtas y se fortalecerá la
creación de jueces y magistrados itinerantes, pilotos y de ejecución
de sentencias civiles.

(Consejo de Estado, noticias, comunicado, jul. 30/13)
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Certificados de disponibilidad de servicios públicos en trámites
de licencias de construcción deben cumplirse
Cuando un prestador de servicios públicos expide una certificación de
disponibilidad para viabilizar un proyecto de urbanización, en
términos del Decreto 1469 del 2010, por el cual se expide el régimen
de licencias urbanísticas y curadurías urbanas, asume el compromiso
de atender la prestación del servicio a los usuarios.

Por lo tanto, no puede negarse a la conexión y a la suscripción del
contrato de condiciones uniformes, con el argumento de razones
técnicas que debió evaluar con antelación, precisó la
Superintendencia de Servicios Públicos.

En este caso, si el prestador certifica y, por razones de cualquier
naturaleza, no puede atender el servicio, debe asumir las
consecuencias de la imposibilidad. (Superservicios, Concepto 242,
5/21/2013) Noticia generada en Jul. 31/13 (2:28 p.m.)
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El 22 % de los municipios disponen en forma inadecuada sus
residuos sólidos

Así lo reveló un diagnóstico de la Superintendencia de Servicios
Públicos Domiciliarios para los años 2011 y 2012, en el cual resalta
que el país presenta un rezago frente a las exigencias normativas
expedidas por el Gobierno para la disposición final de residuos
sólidos.

La entidad precisó que de los 246 municipios que registran formas no
adecuadas para el manejo de residuos y que no cuentan con
permisos por parte de la autoridad ambiental, 189 depositan las
basuras a cielo abierto, 51 en celdas transitorias, cuatro utilizan
cuerpos de agua y en dos se hace quema y enterramiento de
residuos.

Frente a esta situación, la entidad adelanta acciones de seguimiento y
control con el fin de regularizar su operación. Por su parte, 856
municipios utilizan celdas de contingencia, tratamiento en plantas de
aprovechamiento y rellenos sanitarios para una adecuada disposición
final.

En estas poblaciones se hizo disposición correcta de 22.911 toneladas
diarias de basuras, que equivalen al 93 % del total generado en el
país durante el 2012. (Superservicios, Comunicado, 7/31/2013) -
Noticia generada en Ago. 1/13 (8:56 a.m.)
Viernes 02 de Agosto de 2013

A partir del 2014, incrementa la edad para pensión de vejez:
Mintrabajo

En un concepto reciente relacionado con las modalidades y requisitos
para acceder a los beneficios económicos periódicos (BEP), de
conformidad con el Decreto 604 del 2013, el Ministerio del Trabajo
(Mintrabajo) recordó que para obtener la pensión de vejez se
requiere haber cotizado 1.250 semanas y tener 55 años de edad, en
el caso de las mujeres, y 60 años de edad, en el de los hombres.

La cartera advirtió que a partir del 1º de enero del 2014, la edad se
incrementará a 57 años, para las mujeres, y 62 años, para los
hombres.

Por otro parte, recordó que el Acto Legislativo 01 del 2005 dispuso
que la ley podrá determinar los casos en que se pueden conceder BEP
inferiores al salario mínimo a personas de escasos recursos que no
cumplan con las condiciones requeridas para tener derecho a una
pensión.

La entidad aclaró que los BEP son un mecanismo individual,
independiente, autónomo y voluntario de protección para la vejez,
que se ofrecen como parte de los servicios sociales complementarios
y se integran al Sistema de Protección a la Vejez.

La población objetivo de este mecanismo son las personas que al final
de su etapa productiva no alcanzan a obtener una pensión del
Sistema General de Pensiones y pertenecen a los niveles de Sisbén 1,
2 y 3.

La suma que recibirán los beneficiarios dependerá del ahorro
acumulado e incluirá un subsidio del 20 % por parte del Estado, como
premio al esfuerzo del trabajador. De esta manera, por cada 100
pesos que una persona aporte en el respectivo año, le
corresponderán 20 pesos adicionales, considerados como subsidio
periódico. (Ministerio del Trabajo, Concepto 117552, jun. 17/13)
Noticia generada en Ago. 1/13 (4:30 p.m.)
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Culpa de la víctima rompe el nexo causal como elemento de
responsabilidad de la administración

La Sección Tercera confirmó una sentencia que negó la
responsabilidad del Distrito Capital por la muerte de un ciclista, a
causa de las graves lesiones físicas que sufrió en un accidente de
tránsito al ser arrollado por un automóvil particular.

A juicio del alto tribunal, no hay elementos de convicción que
demuestren que el distrito actuó de manera negligente por no podar
los árboles que impedían la visibilidad de los transeúntes, porque no
existían señales de precaución o por la ausencia de iluminación de la
vía.

En su lugar, el a quo encontró probado que el día de los hechos la
víctima se desplazaba sin ningún tipo de señalización luminosa o
casco protector, iba embriagada e infringió normas del Código
Nacional de Tránsito Terrestre al conducir por el carril del centro,
cuando la norma establece que los ciclistas deben transitar por la
derecha de las vías, procurando no utilizar las de circulación de buses
y busetas.

Según la sentencia, el hecho imputable como culpa de la víctima
rompe totalmente el nexo causal como elemento de responsabilidad
de la administración (C. P. Mauricio Fajardo Gómez). Noticia
generada en Jul. 24/13 (4:28 p.m.) (Consejo de Estado Sección
Tercera, Sentencia 25000232600020020196501 (27552), 6/27/2013)
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Cláusula de indemnidad en contratación de obras públicas no
exonera responsabilidad estatal

La Sección Tercera del Consejo de Estado declaró administrativa y
solidariamente responsables al Invías y al consorcio titular de un
contrato de concesión para construcción y mantenimiento vial, por la
muerte de una persona en un accidente de tránsito.

Según la sentencia, la falla del servicio imputada a la administración
se debe a la defectuosa e ineficiente señalización en el lugar del
accidente, que fue la causa eficiente y adecuada del daño. Aunque el
Invías alegó que no debía responder por ningún daño generado con la
ejecución del contrato, debido a la cláusula de indemnidad pactada, el
Consejo aclaró que dicho pacto solo surte efectos entre las partes del
convenio y, por lo tanto, es inoponible a terceros.

La corporación recordó que cuando la administración contrata la
ejecución de una obra pública es como si la ejecutara directamente,
porque es dueña de la obra, su pago afecta el patrimonio estatal y su
realización obedece a razones de servicio e interés general.

El carácter de público de la actividad no se pierde porque la
administración deba acudir a la colaboración de los particulares para
su ejecución. Además, el contratista no se vuelve agente de la
administración ni funcionario suyo; es el Estado mismo el que actúa,
precisó.

De acuerdo con el fallo, el hecho de que se pacte que el contratista
responderá por los daños a terceros no quiere decir que la
administración no responda. La cláusula de indemnidad no puede
interpretarse como exonerante de responsabilidad administrativa,
pues, si así lo fuera, sería absolutamente nula, advirtió el alto
tribunal.

Con estos argumentos, concluyó que cuando se trata de la
construcción de obras públicas, el Estado debe responder, si se
prueba que no adoptó las medidas reglamentarias, necesarias y
eficaces para prevenir accidentes.

(Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia
73001233100020000101201 (27530), mayo 2/13, C. P. Carlos
Alberto Zambrano Barrera)
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No es posible que una ESE pueda participar accionariamente
en cualquier otra empresa cuyo objeto difiera de la prestación
de servicios de salud

Teniendo en cuenta que constitucionalmente la Seguridad Social se
encuentra bajo la coordinación y control del Estado y que éste puede
intervenir en la prestación del servicio de salud, con el fin de
garantizar la satisfacción de los fines señalados en el Artículo 154 de
la Ley 100 de 1993, esta Oficina considera que la participación
accionaria de una ESE en cualquier otra empresa o en el desarrollo de
cualquier actividad diferente a la prestación de servicios de salud, en
virtud de lo establecido en la Constitución Política, las Leyes 10 de
1990, 100 de 1993, están prohibidas y las entidades que ejercen la
inspección, vigilancia y control les correspondería proceder a efectuar
las restricciones y adoptar las medidas pertinentes, a pesar de que
las instituciones reúnan los requisitos mínimos esenciales; lo anterior,
teniendo en cuenta que no se estaría cumpliendo con los principios de
eficiencia y solidaridad, señalados en el Artículo 48 de la Constitución
Política y 2 de la Ley 100 de 1993.

Por lo anterior, no es posible que una ESE pueda participar
accionariamente en cualquier otra empresa cuyo objeto difiera de la
prestación de servicios de salud.
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD - Marzo 05 de 2013 -
Concepto Jurídico No. 018654
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