LA CONTRATACION ADMINISTRATIVA EN HONDURAS. Edmundo Orellana

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LA CONTRATACION ADMINISTRATIVA

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EDMUNDO ORELLANA

LA

CONTRATACION
ADMINISTRATIVA
EN
HONDURAS

TEGUCIGALPA, HONDURAS
2013

EDMUNDO ORELLANA
LA CONTRATACION ADMINISTRATIVA
1
EDMUNDO ORELLANA
CATEDRATICO TITULAR
DE DERECHO ADMINISTRATIVO
FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS, UNAH

LA
CONTRATACION
ADMINISTRATIVA
EN
HONDURAS

EDMUNDO ORELLANA
LA CONTRATACION ADMINISTRATIVA
2
TEGUCIGALPA, HONDURAS
2013

PRESENTACION

Esta edición electrónica está precedida de una edición
impresa de fecha 2003.

Los cambios en el texto obedecen a las reformas a la Ley
de Contratación del Estado desde aquella edición.

El interés del autor es que siga auxiliando a los
estudiantes en la asignatura a la que corresponda la
.
enseñanza de la contratación administrativa

EL AUTOR
2013

EDMUNDO ORELLANA
LA CONTRATACION ADMINISTRATIVA
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PRIMERA PARTE
PROCEDIMIENTOS DE SELECCION

EDMUNDO ORELLANA
LA CONTRATACION ADMINISTRATIVA
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TITULO I
PROCEDIMIENTOS DE SELECCION

BIBLIOGRAFIA:

Boquera Oliver, José María, Los procedimientos de Selección de
Contratistas, Instituto de Estudios Políticos, Madrid, 1963.
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LA CONTRATACION ADMINISTRATIVA
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CAPITULO I
NOCIONES GENERALES
SUMARIO:
1. INTRODUCCION; 2. CONCEPTO; 3. CLASES; 4. LEGISLACION APLICABLE; 5. EJECUCION DE PROYECTOS

1. INTRODUCCION

Los órganos estatales tienen atribuidas potestades y funciones que
solamente pueden ejercer por medio de procedimientos establecidos en
el ordenamiento jurídico. Por ello, cuando el Estado o sus entidades
deciden comprar o vender, deben someterse a un procedimiento para
seleccionar el contratista, contrario a lo que sucede con los particulares
que lo escogen libremente.

La doctrina sostiene que la justificación de los procedimientos para
seleccionar contratistas se encuentra en lo siguiente: en el interés público
y en el interés mismo de los particulares. En el primero, porque el
procedimiento debe servir para proteger los intereses económicos que la
Administración Pública tiene a su cargo, en otras palabras, asegurar una
ejecución cuidadosa del objeto del contrato y obtener su realización con
el menor sacrificio económico; en el segundo, porque el procedimiento
deber ser el instrumento que garantice a los particulares un trato igual,
sin discriminaciones, del Estado y de sus entidades1.

La Constitución de la República, consecuente con lo anterior, establece,
en su artículo 360, que los contratos que el Estado celebre en materia de
obras públicas, adquisición de suministros y servicios, compraventa y
arrendamiento de bienes, previo a su ejecución deberán someterse al
procedimiento establecido legalmente.

2. CONCEPTO

Los procedimientos de selección de los contratistas han sido definidos
como “conjunto de actos que permiten a la Administración,
salvaguardando sus intereses económicos y el principio de la igualdad de
los administrados, ante los beneficios y las cargas públicas, elegir, de
entre las personas que voluntariamente se ofrecen para ello, al sujeto
más apto para contratar”2

1 Boquera Oliver, ob. cit., pag. 16
2 Ibidem, pag. 12.
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3. CLASES

Los procedimientos de selección de contratistas reconocidos en nuestra
Constitución son los siguientes: licitación, concurso, subasta y
contratación directa3.

La Ley de Contratación del Estado, como veremos, solamente regula los
procedimientos de licitación, concurso y contratación directa.

4. LEGISLACION APLICABLE

Los procedimientos de selección de contratistas que estudiaremos serán
los que regula la Ley de Contratación del Estado4 y su Reglamento5. Pero
esto no significa que la única regulación sea la de esta Ley.

Los procedimientos de selección son procedimientos administrativos y
por ello quedan comprendidos dentro del ámbito de aplicación de la Ley
de Procedimiento Administrativo6.

También encontramos algunas normas, muy escasas, en las leyes
administrativas.

No obstante, de conformidad con nuestra legislación toda la normativa
vigente en esta materia tendrá aplicación supletoria frente a los tratados o
convenios internacionales ratificados por Honduras para financiar
programas o proyectos, cuando éstos establezcan regulaciones
diferentes a las contenidas en nuestras leyes. Esto significa que la LCE y
las demás leyes no podrán aplicarse directamente; su aplicación será
supletoria a la de esos tratados o convenios, es decir, en aquellos
aspectos que no exista contradicción7.

5. EJECUCION DE PROYECTOS

A) Modalidades

La Administración Pública ejecuta sus proyectos de inversión o de obras
públicas, bajo dos modalidades, a saber: por administración y por
contrato.

3 Art. 360.
4 En adelante la identificaremos como LCE.
5 En adelante lo identificaremos simplemente como el Reglamento.
6 En adelante la identificaremos como LPA.
7 Constitución de la República artículo 18 y LCE artículo 1, párrafo 3.
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Cuando los ejecuta por sí misma, es decir, utilizando sus propios
recursos económicos, materiales, humanos, etc., el proyecto se hace por
administración. Para actuar bajo esta modalidad, la Administración debe
disponer de suficientes recursos propios (financieros, materiales,
humanos, etc.) para llevarla a cabo y, desde luego, siempre que con ello
se logre ahorrar.

Sin embargo, cuando la Administración no puede ejecutar sus proyectos
por administración, debe acudir a la colaboración de los particulares para
la ejecución de los mismos. Esta colaboración no es forzosa y, por ello,
no constituye una carga pública ni una prestación personal obligatoria8;
es, en efecto, esencialmente, voluntaria. Esta modalidad opera, entonces,
mediante el intercambio de consentimientos, manifestado en actos
bilaterales que recogen los acuerdos a que ambas partes han llegado; es
decir, se trata de la modalidad del contrato.

Cuando actúa bajo la modalidad del contrato, la Administración debe
someterse a los procedimientos de selección, licitación o contratación
directa.

B) Nuestra legislación

En nuestro país se puede utilizar cualquiera de estas dos modalidades.
Sin embargo, la de proceder por administración, tiene algunas
restricciones.

En las Disposiciones Generales del Presupuesto se contiene, todos los
años, una norma que prohibe llevar a cabo por administración los
proyectos contemplados en las asignaciones de inversión cuando el valor
exceda de la cantidad que en la misma se determina, sin perjuicio de la
potestad del Presidente de la República para autorizar, en cada caso, la
ejecución por cantidades superiores bajo este sistema.

A contrario sensu, cuando el costo de un proyecto de inversión no exceda
de la cantidad que en esa norma se fija, la Administración tiene la
alternativa siguiente: contratar la obra o ejecutarla por sí misma.

8 Esta técnica de colaboración opera bajo de la denominada Actividad Administrativa de
Coacción. En nuestra Constitución se consagra el principio siguiente: solo en virtud de ley o de
sentencia fundada en ley, podrá el Estado requerir de los particulares prestaciones personales,
obligatorias y gratuitas (Art. 70, tercer párrafo)
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Cuando se decida por la contratación tiene que someterse al
procedimiento de licitación, salvo que sea de aquellos casos que se
admite la contratación directa.

Cuando decida ejecutar el proyecto “por administración”, es decir, por sí
misma, debe utilizar sus propios recursos financieros, materiales,
humanos, etc., para realizar la obra.

Es importante destacar que esa prohibición solo comprende a los
órganos de la Administración Pública Central, ya que en las
Disposiciones Generales del Presupuesto no son aplicables a las
entidades que se integran en la Administración Pública descentralizada.
Sin embargo, ello no excluye que éstas puedan adoptar normas similares.

Lo que es imprescindible para ejecutar obras por administración es, como
ya se dijo, que el órgano o la entidad disponga de suficientes recursos
propios (financieros, materiales, humanos, etc.), para llevarla a cabo y,
desde luego, que se pretenda ahorrar.

La ejecución por administración, entonces, debe autorizarse siempre que
se garantice lo dicho en el párrafo anterior, puesto que si el órgano o la
entidad desconcentrada o descentralizada procede a ella sin contar con
equipo y maquinaria, por ejemplo, y acude a los particulares arrendando
ese equipo y maquinaria, podría estar ocultando un verdadero contrato de
obra pública mediante una encubierta contratación directa.

Por otro lado, si el órgano o entidad dispone de los recursos necesarios
para ejecutar por administración un proyecto de obra pública, debe
llevarlo a cabo por este sistema, ya que resulta mucho más económico
que hacerlo mediante un contratista. En efecto, cuando lo ejecuta por sí
misma, la Administración Pública utiliza, repetimos, su propio equipo, su
maquinaria, su personal profesional y técnico, etc.; en cambio, cuando lo
lleva a cabo mediante un contrato, habrá que pagarle al contratista una
cantidad que incluye, entre otras cosas, utilización y compra de equipo,
salarios del personal, profesional y técnico, y, sobre todo, la utilidad
empresarial.

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CAPITULO II
PRINCIPIOS QUE RIGEN ESTOS PROCEDIMIENTOS
SUMARIO:
6. PRINCIPIOS: 7. PRINCIPIO DE LEGALIDAD; 8. PRINCIPIO DE SANA Y BUENA ADMINISTRACIÓN; 9.
PRINCIPIO DE LIBERTAD DE PACTOS; 10. PRINCIPIO DE EFICIENCIA; 11. PRINCIPIOS DE PUBLICIDAD Y
TRANSPARENCIA; 12. PRINCIPIOS DE IGUALDAD Y LIBRE COMPETENCIA.

6. PRINCIPIOS

Nuestra legislación reconoce los siguientes principios: legalidad, sana y
buena administración, libertad de pactos, eficiencia, publicidad,
transparencia, igualdad y libre competencia.

7. PRINCIPIO DE LEGALIDAD

Este principio se expresa mediante las fórmulas constitucionales
siguientes: “los funcionarios son depositarios de la autoridad,
responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la Ley y jamás
superiores a ella”9; “los servidores del Estado no tienen más facultades
que las que expresamente les confiere la Ley”10.

8. PRINCIPIO DE SANA Y BUENA ADMINISTRACIÓN

Sana y Buena Administración es un principio que reclama una actividad
administrativa eficiente y eficaz, y se expresa a través de reglas
derivadas de la experiencia, no jurídicas. Entre las más importantes
tenemos la simplicidad, celeridad, economía, rendimiento y prontitud11.

9. PRINCIPIO DE LIBERTAD DE PACTOS

Este principio postula que “la Administración podrá concertar los
contratos, pactos o condiciones que tenga por conveniente”.

Sin embargo, esta libertad de pactos no debe ser confundida con la
libertad de contratación que reconoce el Derecho Privado, aún cuando el
legislador copió, en la parte citada, el artículo 1547 del Código Civil.

El consentimiento es el pilar fundamental sobre el cual está construida la
teoría general del contrato. Nuestro Código Civil dispone que el
“consentimiento se manifiesta por el concurso de la oferta y de la

9 Art. 323, constitucional.
10 Para ampliar consultar Curso de Derecho Administrativo, Tomos I y II, Volumen I, del autor de
este trabajo.
11 Ampliar en el trabajo citado en la nota anterior, Tomo II, Vol. I.
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