Evolución territorial del conflicto armado y construcción del Estado en Colombia

39 Pages·2003·0.25 MB·Spanish

by  Elisabeth Wood

1
Evolución territorial del conflicto armado y construcción del Estado en
Colombia
Por Fernán E. González1

Abstract:
La reflexión sobre los patrones regionales de violencia tiende a mostrarnos que el conflicto
armado en Colombia es un fenómeno diferenciado tanto temporal como geográficamente,
cuyas variaciones dependen de los procesos de poblamiento, cohesión social interna y
articulación con el estado y la economía nacionales. Las modalidades diferenciadas de
violencia corresponderían a un proceso gradual de construcción del Estado que va
integrando paulatina y selectivamente diferentes territorios y grupos sociales en diferentes
momentos. Este proceso de integración había venido siendo mediado por los partidos
tradicionales durante el siglo XIX y la primera mitad del XX. En la segunda mitad del siglo
XX este sistema de mediación política empieza a hacer crisis cuando los partidos políticos
se muestran crecientemente incapaces de hacer frente a los rápidos cambios de la sociedad
colombiana. Más recientemente, la crisis de representación política de lo social se hace más
profunda, a la cual se une la penetración del narcotráfico en la sociedad y la política
colombianas para producir una profunda crisis de legitimidad del régimen político. Por otra
parte, la transformación de la lógica de los movimientos guerrilleros cuando salen de sus
zonas de origen para proyectarse a zonas más ricas e integradas al conjunto de la sociedad
junto con el recurso a la extorsión, el secuestro y los dineros provenientes de cultivos de
uso ilícito para su financiación han hecho predominar su dimensión militar sobre la política
y desdibujar su legitimación ideológica. Finalmente, la recuperación de la iniciativa militar
por parte del ejército nacional ha producido su repliegue hacia zonas más periféricas del
territorio y el recurso más frecuente a acciones terroristas en las grandes ciudades.

1 Historiador y politólogo, investigador del CINEP (Centro de Investigación y Educación Popular).
2
Introducción

La presente ponencia recoge los resultados de las investigaciones realizadas en el CINEP
sobre la evolución reciente del conflicto armado colombiano, analizado en relación con una
mirada de mediano y largo plazo de los procesos de formación del Estado en Colombia2.
Esos resultados han sido publicados, en una versión más amplia, en el libro Violencia
política en Colombia. De la nación fragmentada a la construcción del Estado, de reciente
aparición. Para esa mirada comparada, la ponencia parte del análisis de los escenarios
actuales del conflicto, que confronta con una mirada de mediano plazo sobre la lógica de la
expansión territorial de los actores armados. Esta contraposición nos lleva a proponer una
mirada diferenciada de la presencia de los aparatos del Estado y del accionar de los actores
según el grado y momento de articulación social y política de las regiones y sus pobladores
con relación al conjunto de la vida nacional. Y, finalmente, esta mirada diferenciada es
enmarcada en una mirada de larga, mediana y corta duración del desarrollo político de
Colombia.

Aunque algunos dudan de caracterizar el caso colombiano como una guerra civil típica, es
evidente que Colombia ha venido sufriendo uno de los conflictos internos más largos del
mundo actual, con una tasa creciente de homicidios a partir de los años ochenta, muy por
encima de los estándares internacionales y equivalente a los que se producen en guerras
civiles declaradas3. Esta violencia creciente ha sido comúnmente analizada en continuidad
con el período caracterizado como “La Violencia” de mediados del siglo XX, lo que
remontaría remontan los orígenes del enfrentamiento colombiano hasta 1946, cuando
comienza el período denominado como “La Violencia”. Otros4, en cambio, señalan
profundas discontinuidades entre ese conflicto y el actual, cuyos comienzos prefieren
precisar en los años sesenta, con el surgimiento de las guerrillas influenciadas por la
izquierda radical. Además, no faltan otros autores5 que señalan otra discontinuidad al
subrayar los cambios profundos que se producen en el movimiento insurgente por la
presencia de los dineros procedentes de los cultivos de uso ilícito, como la cocaína y
heroína, que modifican enormemente la lógica y el accionar de los grupos insurgentes. Y es
también importante destacar los cambios que se producen en la lógica y el accionar de los
grupos guerrilleros cuando se expanden y salen de las regiones periféricas donde nacieron
para afectar a otras regiones más integradas al conjunto de la vida nacional. Por otra parte,
en esos mismos años aparecen, como respuesta al accionar extorsivo de los grupos
insurgentes en ese cambio de escenario, grupos paramilitares de derecha, que disputan a las
guerrillas el control de ciertos territorios y recursos.

2 Esta investigación fue realizada, en su mayor parte, por Ingrid J. Bolívar, Teófilo Vásquez y Fernán E.
González, que tuvo a su cargo la coordinación del equipo. En las etapas iniciales del proyecto participaron
también Mauricio Romero, José Jairo González y Helena Useche. Como asistentes de investigación
participaron Franz Hensel y Raquel Victorino. La investigación fue apoyada parcialmente por
COLCIENCIAS y MSD, de US AID. .
3 Mauricio Rubio, (1999), Crim0en e Impunidad. Precisiones sobre la violencia. Tercer Mundo y CEDE,
UNIANDES, Bogotá.
4 Comisión de estudios sobre la violencia, 1987, Colombia: Violencia y Democracia, Universidad Nacional de
Colombia, Bogotá, pp. 33-35, 44-46.
5 Daniel Pecaut, (2003): “Lo real y el imaginario de la “Violencia” en la historia colombiana”, en Pecaut,
Daniel (2003), Midiendo fuerzas. Balance del primer año del gobierno de Alvaro Uribe Vélez, Editorial
Planeta Colombiana, Bogotá, pp.17-24.
3

Estos cambios y discontinuidades en el espacio y en el tiempo hacen evidente que el
conflicto armado colombiano no cubre homogéneamente al conjunto del territorio
colombiano ni tiene igual intensidad a lo largo del tiempo. Pero en los últimos años se
viene produciendo una expansión creciente de los municipios afectados por hechos
violentos: entre 1990 y 2002, se pasa de 227 municipios afectados por acciones bélicas se
pasa a 498, mientras que las acciones contra la población civil aumentan de 172 a 436.
Obviamente, esta expansión se refleja en el creciente número de víctimas: según los
cálculos del Sistema Georreferenciado del CINEP6, entre los años 1990 y 2000, los
asesinatos de personas civiles relacionados con el conflicto armado llegaron a 26.985
mientras que los muertos en acciones bélicas propiamente tales fueron sólo 12.887. Esto
ilustra una característica del conflicto colombiano: afecta más a la población civil que a los
combatientes propiamente tales, aunque en los últimos años las víctimas entre combatientes
están aumentando significativamente.

Según datos elaborados por la Fundación Social7, a partir de la información tanto del Banco
de datos del CINEP y la comisión Justicia y Paz como de la presidencia de la República, la
contienda armada se intensificó entre los años 2001 y 2002 pero se hizo menos “sucia”: por
una parte, aumentaron los combates, que se hicieron más cruentos, en un 44% en 2000,
33% en 2001 y en 15% en los primeros ocho meses de 2002. Además, aumentaron los
hostigamientos (14% en 2001 y 39% en los primeros ocho meses del 2002) mientras que
las emboscadas subieron en 16% en 2001, pero se mantuvieron constantes en el 2002. Los
asaltos a puestos de policía o guarniciones militares también disminuyeron: una tercera
parte en 2000 y en 41% en 2001 pero volvieron a aumentar en 17% en el 2002. En cambio,
las muertes en combate aumentaron, según una fuente, en 12% en el 2000 y 22% en el
2001, mientras que, según otra, crecieron en 25% en 2001 y 17% en 2000. Y en los
primeros ocho meses del 2002, persistió la misma tendencia: según una fuente, los muertos
en combate aumentaron en 52% y, según la otra, en 39%. Estos cambios expresan, por una
parte, la recuperación de la iniciativa militar por parte del ejército, y por otra, el
consiguiente repliegue de los grupos insurgentes hacia sus zonas tradicionales de
retaguardia, que tratan de compensar con un aumento de acciones terroristas en el mundo
urbano, particularmente en Bogotá.

Por otra parte, se desaceleró el aumento de los homicidios políticos fuera de combate y de
los homicidios de personas protegidas en el 2001, que fue solo del 6% cuando en el 2000
había llegado al 107%; el número de masacres, que había crecido en un 40% en 2000, se
redujo en un 21% en 2001 y 40% en 2002. La misma tendencia se muestra en los secuestros
y desapariciones forzadas: los secuestros habían crecido en 26% y disminuyeron en 18% en
2001, mientras las desapariciones forzadas aumentaron en 107% en 2001 para disminuir en
8.8% en 2001. Pero parece preocupante el aumento de las denuncias de participación de la
fuerza pública en los homicidios de personas protegidas por el DIH: había descendido al
1.2 % en el 2000, después de haber registrado un 3.3% en 1997,un 2.1% en 1998 y 1999,
pero asciende en 4.5% en 2001 y 5.7% en los primeros ocho meses de 2002.

6 Cfr gráfica # 1 del SIG, Servicio de Información georreferenciado del CINEP, 2003.
7 Vigía del Fuerte, boletín semestral sobre la situación humanitaria, # 3, julio de 2003.
4
Además, hay que señalar que el número general de homicidios es mucho más alto que la de
los muertos causados por el conflicto armado, aunque la participación de homicidios
políticos en el total viene aumentando significativamente: 14.7% en 1997, 15.7% en 1998,
16.4% en 1999, 26.3% en 2000 y 26.3% en el 2001. El número total de homicidios anuales
pasa de 9.087 a 28.284, y esta tendencia se mantiene más o menos estable en 1992, con
28,224, para descender ligeramente los años siguientes (26.628 en 1993, 25.398 en 1995,
26.642 en 1996, 25.379 en 1997, 23.096 en 1998). A partir de 1999 empieza a aumentar de
nuevo a 24.358, a 26.540 en 2000, 27.841 en el 2001 y 28.780 en 2002, que se acerca al
año tope de 1991. Esto hace que las tasas de homicidio por cada 100.000 habitantes sean las
más altas del mundo, muy superiores a la de países particularmente violentos como Brasil,
Jamaica y Rusia, y mucho a las de los Estados Unidos y Europa. Así, esta tasa alcanza a ser
del 79 en 1991, 76 en 1992, 66 en 1995, .67 en 1996, 63 en 1997, 56 en 1998, 59 en 1999,
63 en 2000, 65 en el 2001 y 66 en 20028. Hay autores como Saúl Franco9 que calcula tasas
aún más elevadas: según él, entre 1974 y 1995 la tasa de homicidios por cada 100.000
habitantes pasó de 15 a 92, con un promedio anual de 78,4,

Estos cálculos varían: según el periódico El Nuevo Siglo, un estudio elaborado sobre
muertes violentas por la revista francesa Population &Societés del Instituto Nacional de
Estudios Demográficos, INED, coloca a Colombia en “el deshonroso primer lugar” en la
tasa de homicidios. Pero la tasa calculada es sensiblemente menor que la citada
anteriormente: 61 casos por cada cien mil habitantes, seguido por El Salvador (55.6, Brasil
(23), Rusia (21.6, Albania (21), Puerto Rico (20.6), Kazajstán (17.1), Venezuela (16),
México (15.9) y Ecuador (15.3%). Según el mismo informe, el promedio mundial es de 8.7
casos, el de Francia es del 0.6, el de Alemania del 0.8 y el de Japón, del 0,410.

El resultado de esta situación conflictiva es el enorme volumen de población civil
desplazada, que algunos calculan entre un millón y medio y dos millones de personas en los
últimos dieciocho años (entre 1985 y 2003), compuestos en su mayoría por madres cabeza
de hogar, niños y ancianos.11 El mayor control militar de los corredores estratégicos por
parte del ejército, el repliegue de los grupos guerrilleros hacia sus zonas de retaguardia en
las zonas campesinas más periféricas y los procesos de negociación con diversos sectores
de grupos paramilitares parecen estar incidiendo en una disminución del desplazamiento
forzado en los meses recientes.

Esta expansión trae consigo un cambio de percepción de la población colombiana sobre el
conflicto armado, que inicialmente se consideraba algo lejano a la cotidianidad de la
mayoría de los colombianos y que ahora incide cada vez más en sus vidas. El
endurecimiento de la opinión pública frente a la solución negociada del conflicto fue
debido principalmente al fracaso de las negociaciones del anterior gobierno, especialmente

8 Fundación Social, Vigía del Fuerte, Boletín semestral sobre la situación humanitaria, # 3, Bogotá, julio del
2003
9 Saúl Franco, (1999), El Quinto: no matar, Tercer Mundo e IEPRI, Universidad Nacional de Colombia,
Bogotá, pp.81-84.
10 El Nuevo Siglo, Bogotá, jueves 13 de noviembre de 2003.
11 Cálculos basados en la información recogida por CODHES (Consultoría para el Desplazamiento Forzado y
los Derechos Humanos), Bogotá. Cfr, (1998) Un país que huye. Desplazamiento y violencia en una nación
fragmentada, CODHES y UNICEF, Bogotá. , y los boletines informativos. .
5
por los abusos de la guerrilla en la zona desmilitarizada que se le había concedido para
facilitar el diálogo y por el hecho de negociarse sin previo cese al fuego, que hacía posible
que el conflicto se continuara escalando mientras se negociaba.

Además, otro punto que hacía difícil la negociación es el hecho de que las violencias
colombianas no giran en torno a una sola polarización entre amigos y enemigos, claramente
definidos, ni en torno a un eje específico de conflictos (económico, étnico, religioso,
nacional, etc.). Sus contradicciones se producen en torno a varias dinámicas de distinto
orden y a procesos históricos diferentes, que se reflejan en identidades más cambiantes y en
cambios en el control de los territorios. Esa diversidad se expresa incluso en las
explicaciones de la violencia, que oscilan entre aquellas que privilegian los aspectos
objetivos, de tipo estructural, como la relación con la pobreza, la exclusión política y la
desigualdad socioeconómica y las que se centran en las motivaciones y opciones
voluntarias de actores particulares, por ejemplo, las de guerrilleros y paramilitares.

Por lo general, ninguno de estos enfoques tiene suficientemente en cuenta la complejidad
de las causas del conflicto al no considerar adecuadamente la interacción entre las opciones
voluntarias de los actores armados y las condiciones estructurales y problemas coyunturales
que constituyen el marco de ”las estructuras de oportunidades” donde se insertan esas
opciones. Para responder a estos problemas, este artículo intenta explicar las causas del
conflicto relacionando la evolución reciente del conflicto armado y de la lógica de sus
actores a la luz de una mirada de larga y mediana duración, teniendo en cuenta tanto
factores estructurales como el problema agrario y el proceso de construcción del Estado
como condiciones subjetivas de los actores armados, como la percepción sentida de falta de
oportunidades de los jóvenes campesinos de las zonas de colonización.

La geografía de la violencia

La necesidad de la consideración del problema agrario, del proceso gradual de construcción
gradual del Estado y de la percepción de los jóvenes campesinos, nos obliga a situar el
problema de la violencia en su dimensión geográfica. La geografía de la violencia no cubre
homogéneamente ni con igual intensidad el territorio de Colombia en su conjunto, sino que
la presencia de la confrontación varía con la dinámica interna de las regiones, en términos
de su poblamiento, formas de cohesión social, organización económica (incluida su
vinculación a la economía nacional y global) y su relación con el Estado y el régimen
político). Esta variación de la presencia del conflicto es parcialmente producto de
condiciones geográficas y demográficas previamente dadas: la cercanía de selvas y
montañas, el territorio dividido por tres ramales de la cordillera de los Andes, cuyas
vertientes y valles interandinos están cubiertos por bosques de niebla casi permanentes, la
cercanía de zonas de economía campesina de subsistencia, son parte del escenario natural
para el funcionamiento de la guerrilla.

Pero esas condiciones no determinan necesariamente una opción de los actores sociales por
la violencia, sino que ésta es el producto de la elección voluntaria de grupos que deciden,
en una circunstancia histórica determinada, que la acción armada es la única salida posible
para los problemas de la sociedad. Sin embargo, esta opción se manifiesta de manera
diferente en los diversos momentos y espacios del territorio del país. Esta desigual
6
cobertura de la violencia en el territorio nacional hace que hoy sea posible diferenciar
varias dinámicas geográficas del conflicto armado12, aunque a menudo ellas puedan
entremezclarse y reforzarse mutuamente.

En primer lugar se presenta una dinámica de nivel nacional, que expresa una lucha por
corredores geográficos13, que permiten el acceso a recursos económicos o armamento, lo
mismo que el fácil desplazamiento desde las zonas de refugio a las zonas en conflicto. Así,
pueden distinguirse los conflictos por zonas:

En el norte del país, las Autodefensas han logrado cierto control sobre el eje Córdoba-
Urabá antioqueño y chocoano- nudo del Paramillo- nordeste antioqueño, bajo Cauca
antioqueño y Magdalena medio, aunque las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de
Colombia), hacen esfuerzos por recuperar el control de algunas de estas áreas,
anteriormente uno de sus bastiones tradicionales, y el ELN (Ejército de Liberación
Nacional) trata de defender su presencia en el sur de Bolívar.

En cambio, en el sur oriente, las FARC ha poseído tradicionalmente gran capacidad bélica:
por esta razón, esta zona fue escogida para la creación de la zona desmilitarizada (“zona de
despeje”) para facilitar los diálogos entre esta guerrilla y el pasado gobierno de Pastrana.
Pero esta hegemonía se ha venido modificando en los últimos tiempos: desde los años
ochenta, los paramilitares han venido consolidando un bastión militar en el Meta y, desde -
1996 (especialmente en 1998 y 1999), también en el Putumayo, sur del Caquetá y la zona
contigua al área desmilitarizada durante las conversaciones de paz con el anterior gobierno.
Y, a partir de 1999 y el 2000, el ejército colombiano ha recuperado cierta capacidad
ofensiva en áreas estratégicas como la zona del Sumapaz, bastión tradicional de las FARC,
que podían desplazarse, a través de ella entre el Meta, Cundinamarca, Tolima, Huila y el
Sur (Caquetá, Putumayo, Guaviare). La creación de batallones de alta montaña para
controlar los pasos montañosos cercanos al Sumapaz, los farallones de Cali, el mayor
control de carreteras principales como la autopista Medellín-Bogotá y los avances en las
vertientes de las cordilleras oriental y central en el departamento de Cundinamarca, en las
cercanías de Bogotá, muestran una evidente recuperación de la iniciativa militar por parte
del ejército.

Por otra parte, el fin de la zona desmilitarizada a finales del anterior gobierno hizo que las
guerrillas de las FARC se fueran replegando a áreas más periféricas en sus zonas de
influencia y reduciendo sus ataques a las poblaciones, mientras trataban de incrementar sus
actos terroristas en las grandes ciudades. Además, habían aprovechado la existencia de la
zona de despeje para intentar consolidar en el sur occidente un nuevo corredor geográfico,
que corresponde a un eje que parte de esa antigua zona desmilitarizada y se proyecta hacia
el sur del Huila, norte del Tolima, los límites entre Tolima y Valle y los límites entre el sur
del Valle y el norte del Cauca, buscando la salida al Pacífico y aprovechando la
colonización campesina de las regiones del cañón del río Naya y la Costa Pacífica. Por otra

12 Fernán E. González, Ingrid J. Bolívar y Teófilo Vásquez, 2003, Violencia política en Colombia. De la
nación fragmentada a la construcción del Estado, CINEP, Bogotá, especialmente pp. 115-119.
13 Cfr. Mapa # 2, SIG, CINEP, Bogotá, 2001. Mapa de dinámicas macro y mesorregional del conflicto,
Corredores y regiones conflictivas..
7
parte, la presión de los EE. UU por la erradicación de cultivos ilícitos introduce algunas
variaciones en los conflictos regionales. Así, hacia el sur, en la frontera con Ecuador, se
presenta una lucha entre guerrilleros de las FARC y grupos paramilitares por el control del
departamento del Putumayo, donde se concentra buena parte de los cultivos de coca en el
bajo Putumayo, que se convirtió así en un área especial de enfoque de la estrategia militar
del Plan Colombia.

En segundo lugar, se presenta una dinámica regional: la lucha por el control dentro de
regiones que refleja la confrontación entre áreas más ricas e integradas, o en rápida
expansión económica y zonas en la periferia donde hay colonización campesina al margen
de los beneficios de las zonas en expansión. En términos políticos, estas zonas se
caracterizan por el predominio de poderes políticos de corte tradicional, la poca presencia
directa de las instituciones y la burocracia del Estado central, que deja bastante autonomía a
los poderes locales o regionales. Allí el control de estos poderes se siente amenazado, por
una parte, por el avance militar de la guerrilla, que encuentra bases sociales de apoyo en las
tensiones internas del mundo campesino periférico y recurre a la lógica extorsiva sobre
particulares y administraciones locales “tuteladas”por ella. Y, por otra, por las políticas
modernizantes y reformistas del Estado central, que tiende a socavar las bases tradicionales
de su poder.

Los enfrentamientos en el Catatumbo, Arauca y Casanare, en la frontera con Venezuela,
pueden leerse en esta perspectiva: la lucha por el control de los recursos provenientes de las
regalías petroleras o de los sembradíos de coca, la “tutela”armada sobre las respectivas
administraciones locales y el manejo “clientelista” de sus dineros enmarca bastante los
conflictos en esas áreas.14 Allí, las FARC estaban buscando desplazar al ELN de su acceso
al control indirecto de las regalías, mientras que el gobierno nacional viene tratando de
recuperar el control de la región mediante las llamadas zonas de rehabilitación, bajo el
control directo de las fuerzas armadas. En esas zonas, como el Arauca, se percibe un
esfuerzo por golpear a las bases de apoyo de la guerrilla en la clase política local para ir
aislando a los insurgentes de los recursos prevenientes de las regalías petroleras. En la
misma dirección se mueven los operativos militares en las regiones cercanas a los Montes
de María, en Bolívar y Sucre, y en las zonas vecinas a la antigua zona desmilitarizada en
Huila y Tolima.

En tercer lugar, se da también una dinámica local, que refleja la lucha dentro de las
subrregiones, localidades y sublocalidades (“veredas campesinas”), que muestra las pugnas
entre la cabecera urbana (más fácilmente controlable por los paramilitares o el ejército) y la
periferia rural de las veredas campesinas, donde la guerrilla puede actuar con mayor
libertad. El caso de las masacres ejecutadas, a mediados del 2001, por las FARC en
Tierralta, Córdoba, refleja esta dinámica, donde los paramilitares controlan la cabecera
municipal pero tienen grandes dificultades para imponerse plenamente en la periferia de las
veredas. Incluso, ni siquiera fue posible establecer con claridad el número de víctimas (ni

14 Andrés Peñate, (1997): “El sendero estratégico del ELN: del idealismo guevarista al clientelismo armado”,
en María Victoria Llorente y Malcolm Deas, (compiladores), (1997): Reconocer la Guerra para construir la
Paz, CEREC, UNIANDES, Editorial Norma, Bogotá. Y (1991): Arauca: Politics and Oil in a Colombian
province, St. Anthony, Oxford University.
8
recoger los cadáveres, una semana después de los hechos) porque ni las autoridades ni los
organismos humanitarios habían podido llegar a las veredas de Zancón, Alto del Socorro,
La Palestina y La Gloria (corregimientos de Tierralta), por los combates entre guerrilla y
paramilitares por el territorio cocalero del Nudo del Paramillo. Al parecer, los campesinos
fueron acusados de sembrar y cuidar los cultivos de coca de los paramilitares en ese
territorio, que las FARC están intentando recuperar.

También se desarrollan enfrentamientos entre veredas de distinta ideología, diferente origen
poblacional, diversa dinámica económica, e intereses económicos contrapuestos. A veces se
presentan problemas internos en algunas áreas de ciudades como Barrancabermeja y
Medellín, donde se presentan enfrentamientos entre milicianos de la guerrilla y grupos
paramilitares por el control territorial de barrios y comunas: el caso de la recuperación del
control de la Comuna 13 de Medellín por parte del ejército puede ilustrar este caso.

Lógica territorial y modelos implícitos de desarrollo de los actores armados

Estos escenarios del conflicto son el resultado de un desarrollo histórico, que muestra una
diferente lógica de la expansión territorial de los actores armados. Las guerrillas y los
grupos paramilitares tienden a mostrar cierta confrontación entre dos modelos
contradictorios de desarrollo rural, que parecen desarrollarse en contravía, como muestran
Fernando Cubides15 y Teófilo Vásquez 16 :

La guerrilla de las FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, nace en las
áreas periféricas del país que los campesinos han colonizado recientemente, donde se han
consolidado aprovechando la poca o ninguna presencia de las instituciones estatales, a las
cuales suplen de alguna manera al proveer de seguridad a la posesión de la tierra de los
colonos y regular de algún modo la convivencia social. Su origen está ligado a los grupos
de autodefensa campesina de las zonas donde el partido comunista colombiano había hecho
trabajo político, que se organizan para resistir frente a la violencia conservadora de
mediados del siglo XX. Por su parte, el Ejército de Liberación Nacional, ELN y el Ejército
Popular de Liberación, EPL, también se originan en zonas de frontera interna como el
Magdalena Medio y Urabá, donde han buscado insertarse jóvenes radicalizados,
provenientes de sectores urbanos educados, que rompen tanto con el inmovilismo de los
partidos tradicionales que con el reformismo del partido comunista y buscan apoyarse en
reductos de antiguos guerrilleros liberales no integrados plenamente al partido liberal. .

15 Fernando Cubides, (1998): “De lo privado y de lo público en la violencia colombiana: los paramilitares”,
en Jaime Arocha, Fernando Cubides y Myriam Jimeno, (1998): Las Violencias: una inclusión creciente, CES,
Universidad Nacional de Colombia, Bogotá. Y (1998): “Los paramilitares como agentes organizados de
violencia: su dimensión territorial” en Fernando Cubides, Ana Cecilia Olaya y Carlos Miguel Ortiz, (1998):
La Violencia y el municipio colombiano 1980-1997, CES, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá.
16Teófilo Vásquez, (2001): “Análisis cuantitativo y cualitativo de la violencia de los actores armados en
Colombia en la década de los noventa”, en Fernán González, Ingrid Bolívar y Teófilo Vásquez, Evolución
reciente de los actores de la guerra en Colombia, cambios en la naturaleza del conflicto armado y sus
implicaciones para el Estado, Informe final de investigación, CINEP, Bogotá, marzo de 2001. Recogido de
alguna manera en Fernán González y otros, Violencia política en Colombia. De la fragmentación de la nación
a la construcción del Estado, CINEP, Bogotá, 2003, pp.67-68..
9
En un segundo momento, las FARC empiezan a salir de su nicho original, para expandirse
hacia zonas más ricas y económicamente más integradas al mercado nacional o mundial,
que coexisten con bolsones de colonos campesinos marginales y que están regulados por
poderes locales y regionales, semiautónomos frente a las instituciones y aparatos del Estado
central. O, a zonas en rápida expansión económica y poca presencia institucional del
Estado, que igualmente coexisten con grupos de colonos campesinos, que no tienen acceso
a la nueva riqueza del área, ni a la regulación estatal de los conflictos sociales, que es
suplida por las jerarquías sociales que se están construyendo en esas áreas. Y también hacia
zonas campesinas anteriormente prósperas e integradas, con cierta presencia institucional y
bastante regulación social por parte de poderes locales y regionales, pero que empiezan a
descubrir que su situación económica está decayendo, su cohesión y regulación social se
está resquebrajando y la presencia institucional del Estado está disminuyendo. El caso del
eje cafetero, caracterizado antes por un campesinado próspero, de pequeña y mediana
propiedad, con buena cobertura de servicios públicos, gracias a la presencia de la antes
poderosa Federación de Cafeteros, puede ejemplificar esta tendencia. Allí la crisis
internacional de precios ha golpeado severamente a la Federación y al pequeño y mediano
campesino, lo que viene creando un escenario favorable para la expansión guerrillera y el
aumento de la delincuencia común. Algo parecido ocurre en el minifundio andino
deprimido en zonas cercanas a las grandes ciudades, donde se experimenta el contraste de
zonas ricas con bolsones de población campesina sin posibilidad de acceso a la nueva
riqueza creada.

Los paramilitares, por el contrario, nacen en zonas que son relativamente más prósperas e
integradas al conjunto de la economía nacional o mundial, donde existen poderes locales y
regionales de carácter semiautónomo y consolidados hasta cierto punto. Este predominio
político de estas redes locales y regionales de poder y su control económico de las zonas en
expansión se sienten amenazados, por una parte, por el avance militar de la guerrilla, que
encuentra bases sociales de apoyo en las tensiones internas del mundo campesino periférico
y recurre a la lógica extorsiva sobre particulares y administraciones locales “tuteladas”por
ella. Y, por otra, por las políticas modernizantes y reformistas del Estado central, que
significan una tendencia hacia la expansión del dominio directo del Estado, que socava las
bases tradicionales de su poder. En ese sentido, las negociaciones de paz adelantadas por el
gobierno central son normalmente miradas con cierta suspicacia por los grupos regionales y
locales de poder, que se sienten más o menos abandonados por los aparatos e instituciones
del Estado central, cuyas políticas modernizantes y reformistas amenazan socavar las bases
de su poder tradicional y cuyas negociaciones de paz son interpretadas como traición frente
al enemigo común que deberían confrontar conjuntamente con ellas, como ilustra Mauricio
Romero para el caso de Córdoba.17. De esas zonas se proyectan hacia las zonas más
periféricas, con el apoyo de los poderes locales que se están consolidando en ellas, tanto en
lo económico como en lo político. En cambio, las guerrillas nacen en regiones periféricas,
de colonización campesina, no articuladas todavía por el bipartidismo, aunque se proyectan
luego hacia zonas más ricas e integradas, con una lógica extorsiva y militar. En esas zonas.

17 Mauricio Romero, (1988): “Identidades políticas, intervención estatal y paramilitares. El caso del
departamento de Córdoba”, en Controversia ·# 173, CINEP, Bogotá, diciembre de 1998 y (2003):
Paramilitares y autodefensas 1982-2003, Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales, IEPRI,
Universidad Nacional de Colombia y Editorial Planeta Colombiano, Bogotá..
10
donde no existen poderes locales consolidados y la presencia de los aparatos del estado es
precaria, la guerrilla ejerce funciones de control policivo y de cohesión social, que le dan
cierta soberanía de facto, que es ahora desafiada por el avance paramilitar y contrarrestada
de alguna manera por los esfuerzos del ejército por recuperar la iniciativa militar en esas
áreas.

Esta doble evolución produce un desdibujamiento de la territorialización inicial del control
de los actores armados, que se reflejaba en la delimitación de la presencia y actividad de
unos y otros en zonas de influencia, donde ejercían alguna autoridad y regulación de la
convivencia de los pobladores. Ahora, la posibilidad de que los actores armados desafíen
los espacios tradicionalmente controlados por otros para desarrollar actividades,
permanentes o esporádicas en ellos o busquen desplazarlos de ese control deja a la
población civil despojada de todo sistema fijo de referencias.

Esta diferente lógica de expansión territorial indicaría, en última instancia, a la
confrontación entre dos estilos contradictorios de desarrollo de la economía rural, que
buscan imponerse en las zonas de frontera, interna o abierta. En el sur y oriente del país,
zona de frontera abierta, la coincidencia entre las zonas controladas por las FARC y las
zonas de cultivos ilícitos desarrollados por campesinos cocaleros llevó a una alianza
funcional entre éstos y esa guerrilla. Esto llevó a los paramilitares a considerar al sur del
país como escenario central de su lucha contrainsurgente y a la estrategia militar del Plan
Colombia a concentrar en el sur (particularmente en el Putumayo) sus esfuerzos. En las
zonas de frontera interna, en el norte y centro del país, el modelo de desarrollo basado en el
latifundio ganadero (por ejemplo, en la Costa Caribe) y la agricultura comercial compite
con la economía campesina de los colonos.

Además, esta expansión diferenciada de los actores armados obedece también a una
diferente relación de las regiones en conflicto con los aparatos del Estado central, regional
y local. En general, las zonas donde surgen los grupos paramilitares se caracterizan, en
términos políticos, por el predominio de poderes políticos de corte tradicional, la poca
presencia directa de las instituciones y la burocracia del Estado central, que deja bastante
autonomía a los poderes locales o regionales, consolidados o en proceso de consolidarse,
que sirven de base al denominado dominio indirecto del Estado18, en una situación
semejante a los desarrollos históricos de países donde los aparatos del Estado central deben
negociar el monopolio de la fuerza con los poderes de hecho existentes en las regiones y
localidades.
Antecedentes históricos del conflicto actual.
Esta diferenciación geográfica del conflicto tiene que ver con dos fenómenos históricos:
primero, el fenómeno de la colonización campesina de zonas periféricas, que ha constituido

18 Los conceptos de “dominio directo” e “indirecto” del Estado están inspirados en la obra de Charles Tilly,
que contrapone el control directo del Estado sobre la población de un territorio por medio de una burocracia
moderna, una justicia de tipo impersonal y un ejército nacional con el pleno monopolio de la fuerza, frente al
control que un Estado puede ejercer por medio de la negociación con poderes locales y regionales existentes
de hecho, con los cuales comparte y negocia informalmente el monopolio de la fuerza y dela administración
de la justicia. Cfr Charles Tilly, (1992): Coerción, capital y los Estados europeos, Alianza editorial, Madrid,
y (1993): “Cambio social y revolución en Europa, 1492-1992”, en Revista Historia Social, # 15, Invierno,
Madrid,